El gobierno de Chile lanzó un plan para facilitarles a cientos o miles de familias encontrar a integrantes que fueron dados en adopción de manera forzada durante la dictadura. “Estamos avanzando en colaborar con aquellas personas cuyos hijos fueron adoptados en forma irregular o fueron inscritos de manera falsa, quitándoselos a sus madres y a sus padres, haciendo actos verdaderamente vejatorios de la dignidad humana”, dijo el ministro de Justicia de Chile, Hernán Larraín, al presentar el plan.
Esta medida responde a una serie de denuncias, que comenzaron a conocerse en 2014 y que llevaron a la apertura de una investigación judicial en 2018, sobre una red de adopciones ilegales de niños cuyas madres estaban en una situación vulnerable y que en muchos casos fueron enviados al exterior.
En febrero de 2018, el juez Mario Carroza, que estuvo a cargo del caso, ordenó que se investigaran 579 adopciones ilegales de niños chilenos por parte de matrimonios extranjeros entre 1973 y 1990. El magistrado dijo que si bien se indagan unos 700 casos, podría haber cerca de 20.000.
La iniciativa del gobierno, que se pondrá a prueba durante un año, consiste en acompañar a las familias para facilitarles los trámites necesarios, incluido el acceso a pruebas de ADN, informaron la agencia Efe y el diario La Tercera. Una de las instituciones involucradas será el Servicio Médico Legal, que se encargará de establecer “un banco de huellas genéticas de personas adoptadas en forma irregular que permita el proceso de filiación”, según dijo su director, Gabriel Zamora.
Larraín afirmó que este plan surge después del trabajo de una comisión legislativa dedicada a estos casos, en la que participaron él mismo y Zamora. “Nos costó mucho dar con la fórmula, tuvimos que hacer consultas a la Contraloría para ver cuál era el camino de avance en esta materia. Hemos logrado finalmente este camino, que es un paso pequeño, pero creemos que si resulta podemos abrir una gran investigación, porque si algunos familiares de las mamás o de los hijos aparecen en este Banco de Huellas Genéticas, tirando el hilo se puede llegar a encontrar a la mamá y el hijo o hija correspondiente”, dijo. “Lo que nos interesa es que las mamás encuentren a sus hijos que le fueron arrebatados. Eso es muy doloroso y en eso el Estado tiene una deuda inmensa”, reconoció el ministro.
Según informaron Efe y la Deutsche Welle, la organización Hijos y Madres del Silencio consideró que el plan es insuficiente y pidieron que se otorgue “mayores recursos al Poder Judicial para el avance de las causas” y que se cree una comisión para establecer cuántas son las víctimas de las adopciones ilegales.
Otra investigación sobre este caso fue abierta en Suecia, debido a que varias personas adoptadas en ese país lograron encontrar a sus padres chilenos y denunciaron su situación. Un artículo del diario sueco Dagens Nyheter informó que unos 2.000 niños chilenos fueron adoptados en Suecia entre 1974 y 1990, y que estuvieron involucrados el Centro de Adopciones Sueco y grupos de extrema derecha de ese país vinculados con el pinochetismo.
El artículo se basó en una investigación titulada “Niños chilenos adoptados por familias suecas. Proximidad diplomática en tiempos de Guerra Fría (1973-1990)”. Una de sus autoras, la historiadora chilena Karen Alfaro Monsalve, dijo en una entrevista con Radio Francia Internacional, en noviembre, que algunas de las adopciones fueron tramitadas ante autoridades: “Hay documentación de jueces, hay firmas legales, pero son adopciones forzadas, porque no fueron consentidas por parte de las familias biológicas. Fueron adopciones forzadas, principalmente de niños pobres, con motivos políticos, diplomáticos, y fueron una forma de control y regulación de la población pobre durante la dictadura militar”.
Agregó que quienes participaron en esta red “operaban principalmente inhabilitando a familias pobres, fundamentalmente madres jóvenes, entre 14 y 18 años, la mayoría madres solteras. Les sustraían a sus hijos durante el parto o una vez que ellos estaban en una guardería infantil, o cuando las ingresaban por un problema médico a algún hospital público. Y entonces había un entramado de funcionarios públicos, asistentes sociales, médicos, jueces, abogados que facilitaban la adopción”.
Según Alfaro Monsalve, durante la dictadura, “los pobres fueron, además de contados, criminalizados, y había un número importante de niños que ellos [las autoridades de entonces] consideraban una especie de excedente y de problemática para el desarrollo del país”. Entonces, la apropiación de esos niños “es una forma de reubicar a niños pobres en familias extranjeras porque el Estado hubiera tenido que hacerse responsable de ellos, y el Estado no estaba dispuesto a invertir en la infancia pobre”.