El gobierno de El Salvador presidido por Nayib Bukele ordenó la destrucción de las lápidas de miembros de pandillas como la Mara Salvatrucha-13, para evitar que se conviertan en lugares de culto, y pidió a la ciudadanía que den información exacta sobre los lugares en que se encuentren estas placas funerarias dentro de los cementerios del país.
“En El Salvador no hay espacio para los terroristas”, escribió este jueves en su cuenta de Twitter el viceministro de Justicia, Osiris Luna, quien explicó que se tomó esta decisión para evitar que miembros de pandillas pudieran “honrar” a sus compañeros fallecidos. De acuerdo a lo que informó AFP, durante el martes y el miércoles, cuando se conmemoró el Día de los Fieles Difuntos, presos que están en lo que se denomina “fase de confianza” fueron trasladados al cementerio municipal de la ciudad de Santa Tecla, ubicada en el departamento de La Libertad, a aproximadamente diez kilómetros de la capital del país, San Salvador, y munidos de mazas y otros objetos procedieron a destruir decenas de lápidas.
Luna explicó en su mensaje que los pandilleros “honraban y colocaban flores” en las tumbas de sus integrantes, pero que ningún “terrorista merece ningún reconocimiento”. Las placas destruidas tenían identificado el nombre de la persona fallecida, su alias en la pandilla y la fecha de su fallecimiento.
En 2015, la Sala de lo Constitucional en El Salvador declaró a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 como grupos terroristas responsables de atentados contra la vida, la seguridad y la integridad de la población salvadoreña.
El jerarca acompañó su mensaje en las redes sociales con varias fotos en las que se veía cómo eran destruidas lápidas que tenían la inscripción MS-13, siglas de la mara Salvatrucha. En su tuit, Luna pidió además a la ciudadanía salvadoreña que envíen su “denuncia” sobre la ubicación de tumbas con símbolos de pandillas para proceder a su destrucción.
“Haz tu denuncia. Envíanos una foto y la ubicación de cualquier vestigio terrorista en los cementerios”, señaló Luna. “El tiempo de los terroristas llegó a su fin, y por ello fueron destruidas. No más pandillas en El Salvador”, remarcó Luna.
En el octavo mes de la guerra contra las pandillas declarada por el gobierno que encabeza Bukele, las autoridades reportaron la detención de aproximadamente 56.000 personas que integran o tienen algún tipo de vínculo con las maras, las organizaciones delictivas más activas en el país centroamericano.
Esta campaña lanzada por el gobierno con la aprobación del Poder Legislativo, donde los sectores afines al presidente tienen una rotunda mayoría, generó críticas porque su implementación implicó la restricción de algunos derechos constitucionales, que quedaron sin efecto por el régimen de excepción que fue renovado sucesivamente por el Parlamento.
Pero las autoridades defienden la efectividad de su política y remarcaron, de acuerdo a lo que informó la revista colombiana Semana, que hasta el 28 de octubre habían pasado 227 días sin que se registrara ningún homicidio en el país. En este sentido y reafirmando la política del gobierno, el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, dijo: “No permitiremos que estos terroristas sigan cometiendo crímenes en contra de nuestra población honrada. La guerra contra las pandillas continúa hasta llevar a prisión al último pandillero”.