Abelardo de la Espriella, que llegó a la presidencia de Colombia el 7 de agosto, intentó por varios medios desestimular la primera protesta masiva en su contra, que se replicó en varias ciudades este miércoles.
La presidencia emitió una circular en la que ordenó a los funcionarios “asistir normalmente a sus lugares de trabajo” y les advirtió que de lo contrario podrían sufrir “consecuencias”, informó el diario bogotano El Espectador.
Un día antes, De la Espriella firmó el Decreto 1.525, según el cual las autoridades deben intentar dialogar con los manifestantes, pero sin que esto se convierta en “un requisito previo que condicione, suspenda o posponga las actuaciones de intervención dirigidas individualmente contra quienes ejecuten actos de violencia”.
El presidente ultraderechista se jactó en sus redes sociales de que el Escuadrón Móvil Antidisturbios, conocido como Esmad y que tiene un largo historial de actividad represiva, había desarticulado un corte de ruta. “¡Cumplí mi palabra y aquí está el decreto! En Colombia se respeta la protesta pacífica, pero ¡no se toleran la violencia, el vandalismo ni los bloqueos que atropellan los derechos de millones de ciudadanos!”
De la Espriella dijo que su Decreto 1.525 busca “fortalecer las garantías de quienes se manifiestan pacíficamente y asegurar que las autoridades actúen, dentro del marco de la ley, frente a quienes pretendan sembrar el caos”. Advirtió: “A los ciudadanos que protestan pacíficamente, todas las garantías. A los violentos, todo el peso de la ley, con respeto por el debido proceso”. El presidente proclamó: “¡Se acabó la guachafita [el desorden]!”.
El excandidato presidencial Iván Cepeda, que compitió en segunda vuelta con el actual presidente, dijo que De la Espriella busca “intimidar a la gente” y terminar “con el diálogo que habíamos logrado convertir en una manera de hacer que la protesta social fuera totalmente pacífica y sin problemas” en Colombia.
Mientras participaba en una marcha en Bogotá, Cepeda fue consultado este miércoles por Radio Caracol sobre las reivindicaciones de la manifestación. El dirigente dijo que “las razones son muchas”, que abarcan al gobierno y hasta al propio presidente, “que está ejerciendo un mandato mafioso al servicio de los peores sectores de la política en Colombia”.
Dijo que contrariamente a lo que afirma el presidente, este “es un gobierno a favor de lo que han sido los poderes narcotraficantes, paramilitares, absolutamente conservadores, que quieren acabar con los derechos de la gente” y los avances que se lograron durante el gobierno de Gustavo Petro. Señaló que la movilización era pacífica, pero advirtió: “No nos vamos a dejar vapulear” ni “arrebatar lo que conquistamos”. Por lo tanto, señaló, las reivindicaciones de esta protesta eran varias.
Esto mismo dijo al medio La Silla Vacía el presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), Percy Oyola.
El dirigente afirmó que más de 1.500 líderes sindicales y sociales acordaron “un plan de acción frente a las medidas que el gobierno ha venido tomando”. Enumeró los recortes en el Estado, que De la Espriella quiere que asciendan al 40%, lo que implicaría una pérdida de 700.000 empleos.
Mencionó el desfinanciamiento de distintas áreas, desde la educación hasta la Jurisdicción Especial para la Paz, que es una política de Estado en Colombia. Cuestionó la posibilidad que maneja el gobierno de que Colombia se endeude con el Fondo Monetario Internacional este año. “Esto es un cúmulo de situaciones” que afectan a distintos sectores y un “rumbo autoritario que violenta la soberanía nacional” y la democracia, dijo.
Según publicaron distintos medios colombianos, los dirigentes sindicales mencionaron las políticas de empleo que perjudican a los trabajadores, los planes de aplicar la técnica del fracking para extraer hidrocarburos y las medidas económicas que benefician a las grandes empresas y no atienden la situación de desprotección en la que se encuentran muchas personas en Colombia.
Incluso el alineamiento ideológico con el gobierno de ultraderecha de Israel estuvo presente en las marchas, en las que se vieron banderas palestinas. El propio Decreto 1.525 fue uno de los actos del gobierno que rechazan los manifestantes.
Además de la CGT, convocaron a la protesta la alianza de izquierda Pacto Histórico, que postuló como candidato a Cepeda, la Central Unitaria de Trabajadores y la Federación Colombiana de Educadores, entre otras organizaciones.