El fin de semana comenzaron a retirarse las barricadas de las calles de Santa Cruz. Escombros, llantas y ramas impedían el paso de vehículos en esa región boliviana enfrentada con el gobierno. Desde el 22 de octubre Santa Cruz había declarado una huelga en reclamo de que el censo, previsto para noviembre y postergado luego para 2024, se celebrara en 2023.
Con los datos de ese estudio, la región opositora espera acceder a más recursos estatales y a una mayor representación política. Por eso reclamaba que se hiciera cuanto antes, para que los datos se consideraran en las elecciones de 2025. Finalmente, los sectores movilizados de Santa Cruz reconocieron que ya no había posibilidades técnicas de censar a la población antes de 2024, algo por lo que culparon al gobierno, y reclamaron entonces que la fecha del censo se estableciera en una ley y no por decreto. La huelga, que generó enfrentamientos entre grupos oficialistas y opositores y dejó grandes pérdidas económicas, finalizó el sábado, luego de que los diputados bolivianos aprobaran una ley de censo. Esa norma, que establece que se realizará en 2024, fue aprobada en la noche del martes por el Senado y quedó lista para su promulgación. Votaron a favor 22 de los 36 senadores, tanto oficialistas como opositores.
Pero algunos integrantes del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) considerados como pertenecientes al ala del expresidente Evo Morales se abstuvieron de votar. Según el presidente de la cámara alta, Andrónico Rodríguez, uno de los senadores que no votaron, la decisión fue personal. “Aquí no hay instrucción absolutamente de nadie, no hay instrucción del presidente Lucho [Luis Arce] que diga ‘aprueben’ o del hermano Evo que diga ‘no aprueben’, es una postura particular de cada miembro del Movimiento al Socialismo”, manifestó.
Pero el sábado, cuando la norma fue aprobada en la Cámara de Diputados, la reacción de satisfacción de la oposición se contrapuso al rechazo de Morales. Para el dirigente opositor y expresidente Carlos Mesa, “la aprobación en Diputados de la Ley del Censo recupera el rol de la Asamblea en una sociedad democrática, para que los conflictos se resuelvan en paz. Responde al heroico sacrificio de Santa Cruz y la demanda de Bolivia”, según escribió en Twitter.
El también opositor gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dijo que la aprobación de la ley, que ahora deberá ser promulgada por el presidente Arce, muestra que la “lucha” de su región “fue escuchada” y agregó que “en democracia, cuando se lucha por los derechos del pueblo, todo lo que se logra es un avance”, según citó la agencia Efe. El dirigente agregó que gracias a la huelga se logró “asegurar la realización del censo, como derecho de todos los bolivianos, y la entrega de los resultados y su aplicación oportuna”.
Manifestó también que si bien se levantó la huelga, se mantendrá una lucha por la situación de las personas que fueron detenidas por diversas razones en el marco de esa protesta. “Hagamos entender con hechos al gobierno y al centralismo que, en cuanto nos respeten, seguiremos aportando al país”, dijo.
En cambio, otro de los protagonistas de las protestas, el vicerrector de la estatal Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Reinerio Vargas, manifestó que la decisión de levantar la medida fue inconsulta. “Han sido funcionales al masismo”, dijo.
Por su parte, Evo Morales consideró que hubo una “traición” de la bancada oficialista. “Hemos vuelto a la democracia pactada de la época neoliberal, a la pactocracia, o gobierno de pactos, a espaldas del pueblo. La ley del censo es el pacto de impunidad entre traidores renovadores y masacradores de nuestros hermanos. Los revolucionarios no negociamos con la derecha”, tuiteó el exmandatario.
“Cruzaron ríos de sangre, se aliaron a las bancadas de Mesa” y de Camacho “y aprobaron una ley a pedido de esos golpistas”, criticó en alusión al golpe de Estado de 2019, que lo obligó a salir del gobierno. “Eso no es renovación, eso se llama traición”, agregó.
En Santa Cruz, mientras tanto, los autos volvían a circular por las calles sin bloqueos, después de que la alcaldía dispuso un contingente de volquetas y vehículos para retirar las barricadas, informó el diario boliviano La Razón. Los comercios volvían a abrir, y los que no habían cerrado comenzaron su reabastecimiento y también a bajar los precios, que según el periódico habían subido por la crisis política.