Después de que el tribunal que investigó la causa conocida como Vialidad la condenara a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, participó en una cena con funcionarios, ministros, intendentes y dirigentes sindicales y sociales del kirchnerismo. Según informó la agencia Télam, Fernández llamó a los dirigentes a “hacer política y a dar las peleas que haya que dar para defender el modelo y las banderas del peronismo”.
“Tomen el bastón de mariscal, militen, hagan política y salgan a la cancha para defender el proyecto nacional y popular” para las elecciones de 2023, les dijo. El martes, Fernández anunció, después de conocer el fallo en su contra, que no se presentará a ningún cargo en esas elecciones.
“Cristina hizo un llamado a la organización y a que tengamos una cuota relevante de coraje ante este verdadero ataque a la democracia. El mensaje que Cristina dio a la militancia y a la dirigencia es 'lleven el bastón de mariscal en la mochila, empúñenlo'”, dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. En declaraciones a El Destape Radio, citadas por Télam, Kicillof agregó que “fue un llamado al activismo para que se entienda la importancia que tiene una proscripción al peronismo y a la persona más importante del peronismo”.
En el encuentro de dirigentes, que se realiza en forma mensual, participaron también el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y el ministro bonaerense de Desarrollo, Andrés Larroque, entre otros dirigentes.
Uno de los participantes, el ministro bonaerense de Trabajo, Walter Correa, dijo que, “pese a este intento de proscripción al peronismo”, vio “a Cristina muy entera”, y que la dirigente “está haciendo lo que corresponde, que es conducir el frente nacional”.
Paralelamente, este miércoles, el gobierno argentino denunció penalmente a un grupo de jueces federales, empresarios y exfuncionarios porteños presentes en un viaje a Lago Escondido para que se investigue si participaron en una trama de corrupción. Los involucrados se trasladaron en un avión privado a la estancia de Joe Lewis, un millonario británico, junto al director ejecutivo del Grupo Clarín, Jorge Rendo. La denuncia fue presentada por supuestos sobornos y, en algunos casos, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El ministro de Justicia, Martín Soria, presentó la denuncia penal en la fiscalía de Bariloche por esos delitos, supuestamente cometidos en la semana del 13 de octubre, cuando esas personas viajaron “con financiamiento desconocido”. La denuncia afirma que, “en caso de corroborarse que el traslado, alojamiento y/u otras actividades de los funcionarios públicos descriptos, entre ellos, magistrados de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, no fue solventado por ellos mismos, sino por privados”, se podría estar “ante la existencia de una entrega y aceptación de dádivas”. El gobierno argumenta que el escrito fue presentado en atención al “objetivo constitucional de preservar la independencia del Poder Judicial”.
El viaje se hizo público en octubre, cuando informó al respecto el diario Página 12. A esa información se agregó esta semana el contenido de chats, difundidos por Tiempo Argentino, en los que los involucrados discuten la posibilidad de pedir que se emitan recibos falsos sobre su estadía, hablan de vengarse de un supuesto responsable de dar a conocer que el viaje existió, y de hacer maniobras para que, si hay una investigación al respecto, caiga dentro de su órbita. El lunes, el presidente argentino, Alberto Fernández, anunció que presentaría esta denuncia para que “se investigue penalmente” también el intercambio de chats y audios entre los involucrados.