El oficialista Frente de Todos se declaró en estado de alerta y movilización a la espera de conocer el fallo que emitirá este martes el Tribunal Federal Nº2, que tiene a su cargo la causa conocida como Vialidad. En esa causa se investiga si la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, y otras 12 personas desviaron recursos destinados a obras públicas para beneficiar a ciertos empresarios.
En sus alegatos ante el tribunal, Fernández denunció que se encuentra en “estado de indefensión” y que este juicio es una maniobra de persecución política. Para la vicepresidenta, en esta investigación se enfrenta a “un pelotón de fusilamiento” y la sentencia en su contra ya está determinada desde hace tiempo. La fiscalía pidió que se la condene a 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para el ejercicio de cargos públicos.
Mientras el oficialismo define cómo se movilizará en las calles en apoyo a Fernández, algunas organizaciones ya anunciaron sus medidas, como la Asociación de Trabajadores del Estado, que comunicó que hará un paro si la vicepresidenta es condenada. “Si la tocan a Cristina paramos el Estado. Les trabajadores no vamos a permitir un Lula en nuestro país”, manifestó el sindicato. Por su parte, el dirigente social Luis D’Elía anunció un corte de ruta “hasta que cese la persecución a Cristina”, y la agrupación kirchnerista Soberanos, en la que milita el exvicepresidente Amado Boudou, llamó a movilizarse para esperar el fallo. Otras organizaciones como Resistiendo con Aguante se sumaron a la iniciativa, informó el diario Página 12.
Entrevistada por el diario Folha de São Paulo, la vicepresidenta argentina dijo que este martes la van a condenar y que esa condena será “una suerte de regalo para (Héctor) Magnetto”, el director ejecutivo del diario Clarín. Afirmó que “la tapa de 'Cristina condenada' y el 7D van a coincidir”, en alusión a la fecha en que su gobierno dictó la ley de medios. “El 6 van a dictar la sentencia. El 7 de diciembre va a ser publicada en los diarios. Ese día, el 7D, fue un emblema de nuestro gobierno con la ley de medios, que establecía que los dueños de medios que tenían demasiada concentración mediática debían desinvertir”, dijo.
“Los jueces puestos por (el expresidente Mauricio) Macri lo protegen a él y protegen a quienes quisieron matarme, y no investigan nada de lo que pasó durante su gobierno”, afirmó la vicepresidenta en referencia a la investigación por el intento de asesinato que sufrió el 1º de setiembre. La dirigente peronista dijo que “los que están presos fueron los autores materiales del atentado”, pero que son otros los “autores intelectuales”.
Fernández agregó que “el neoliberalismo encontró tres nuevos instrumentos: controlar la voluntad popular, proteger judicial y mediáticamente a los dirigentes de derecha y disciplinar a los dirigentes políticos para que los que quieran defender a los excluidos lo piensen dos veces”.
Chats entre jueces y empresarios
El presidente argentino, Alberto Fernández, anunció este lunes que pedirá al sistema judicial que investigue a funcionarios y empresarios por sospechas de que integran una trama de corrupción. “Todo parece indicar que ha quedado al descubierto una vez más el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces y fiscales, exfuncionarios y empresarios, todos ellos involucrados en un perverso juego de cohechos”, afirmó en un mensaje emitido por cadena nacional.
El caso fue publicado en octubre por el diario Página 12 y consiste en un supuesto viaje en avión privado a la mansión del magnate británico Joe Lewis en la Patagonia, realizado por un grupo de jueces, fiscales, exfuncionarios y exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia.
El diario Tiempo Argentino publicó el domingo chats entre jueces, funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y Jorge Rendo, número dos de Magnetto en el Grupo Clarín. Según el periódico, todos ellos formaron un grupo de Telegram llamado “Operación de Página 12” el 17 de octubre, después de que se conociera públicamente que existió el viaje a la zona de Lago Escondido. Quien creó el grupo, informa el periódico, fue Pablo Casey, director de asuntos legales del Grupo Clarín y sobrino de Magnetto.
Según publicó Tiempo Argentino, en los chats “todos aseguran no haber hecho ‘nada malo’, pero se empecinan en fabricar y adulterar pruebas, inventar coartadas, incluso fabricar facturas truchas para demostrar que todo fue legal”.
Fernández dijo que “parece evidente que el viaje existió y todo parece indicar que, sabiendo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de los deberes de funcionario público”.