En momentos en que se cuestiona el papel de las Fuerzas Armadas en la represión que dejó 26 muertos en Perú, la presidenta, Dina Boluarte, nombró esta semana a su ministro de Defensa, Luis Alberto Otárola, como jefe de Gabinete. En su lugar al frente de Defensa, Boluarte designó a un militar retirado, Jorge Chávez.
La designación de Otárola fue motivo de críticas desde el ámbito político. “Sin ningún remordimiento, hoy jura como nuevo premier Alberto Otárola, uno de los principales responsables políticos de la muerte de 26 peruanos”, publicó en su cuenta de Twitter Sigrid Bazán, congresista del partido Cambio Democrático. “El cargo podrá cambiar, pero la gente jamás olvida. Ninguna recomposición en ese gabinete, sólo más sangre y mano dura”, agregó. Otra congresista, Margot Palacios, de Perú Libre, envió un documento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que denuncia a Boluarte y a Otárola por la muerte de manifestantes.
Desde que el gobierno peruano decretó el jueves 15 el estado de emergencia, que permite a las Fuerzas Armadas apoyar a la Policía en preservar el orden público, las muertes de manifestantes pasaron rápidamente de siete a 26. Esto motivó la renuncia de los ministros de Cultura y Educación, y condujo a su vez a la renovación del gabinete. Boluarte decidió sustituir a Pedro Miguel Angulo, un exfiscal de perfil bajo, por Otárola, y conformar así su segundo Ejecutivo en menos de dos semanas.
Diplomacia y asilo
Momentos después de asumir el cargo, Otárola se refirió a las tensiones entre Perú y México que surgieron a partir de la crisis en Perú. En una conferencia de prensa pidió al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que “pare de referirse” a su país y agregó: “Perú lamenta que con un país hermano, con el que hemos mantenido históricos vínculos políticos, culturales, a lo largo de muchos años, estemos en un estado lamentable de relaciones diplomáticas fomentado, básicamente, por el señor López”.
La defensa que López Obrador ha hecho del presidente destituido Pedro Castillo, así como su decisión de otorgarle asilo político a su esposa, Lilia Paredes, y sus hijos, Arnold y Alondra, causó un fuerte malestar en el gobierno de Boluarte. Otárola dijo que con “mucho esfuerzo” se consiguió que el país “esté en paz” y agregó: “No vamos a permitir que personas que no tienen ninguna relación con el gobierno de Perú puedan manifestarse, causando incesante intromisión en los asuntos internos del país”.
El canciller de México, Marcelo Ebrard, defendió la decisión de su país de otorgarle asilo político a la familia de Castillo. “El asilo ya se les concedió porque están en territorio mexicano, es decir, están en nuestra embajada”, dijo, y añadió que “es una decisión independiente y soberana de México”.
Poco después de otorgado el asilo, el gobierno de Boluarte declaró persona no grata al embajador de México en Lima, Pablo Monroy, debido a “las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país sobre la situación política en Perú”, y le dio 72 horas para abandonar el país. El malestar se debió también a que Monroy visitó a Castillo en la cárcel donde está detenido, acusado de rebelión por su intento fallido de disolver el Parlamento y gobernar por decreto.
Para Ebrard la decisión de expulsar a Monroy es “infundada y reprobable”. Por su parte, López Obrador lamentó la medida adoptada por el Ejecutivo de Boluarte, al que calificó de “un gobierno muy cuestionado en su conjunto por su proceder, sobre todo por optar por la represión y no buscar al conflicto en Perú una salida mediante el diálogo y con el método democrático de convocar a elecciones lo más pronto posible para evitar que haya una situación de inestabilidad política”.
Manifestó además que “la Secretaría de Relaciones Exteriores ha decidido no romper relaciones, entre otras cosas”, para mantener la “embajada para dar protección a los mexicanos que radican, que trabajan, que viven en Perú”. Después de que Paredes llegara a México, López Obrador dijo que su país “ha honrado su tradición de asilo”, y que “lo demás es un asunto de Perú”.
Otárola, a su vez, recordó que Paredes es investigada en Perú por supuesta integración de una organización criminal. “En Perú no existe ninguna persecución política, imperan el estado de derecho y la separación de poderes”, dijo. También se refirió a esa investigación la canciller peruana, Cecilia Gervasi, luego de otorgarle a la familia de Castillo un salvoconducto para viajar a México, y dijo que Perú podría pedir la extradición de Paredes si así se requiere.
Paredes es acusada por casos de corrupción en los que se investiga a una de sus hermanas, Yenifer, que fue criada como una hija por el matrimonio Castillo. En agosto un fiscal del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder acusó a Paredes de estar involucrada en una supuesta red para conceder obras públicas a cambio de beneficios. El caso involucra también a otros de los hermanos de Paredes, Walter y David, al propio Castillo y a su ministro de Vivienda, Geiner Alvarado.
Tregua temporal
Por otra parte, esta semana, Boluarte y varios de sus ministros recibieron a representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Durante la reunión se explicó las acciones tomadas para propiciar la calma y tender puentes de diálogo, en estricto respeto de la Constitución y la institucionalidad democrática”, afirmó la Presidencia de Perú. La delegación de la CIDH también visitó a Castillo en la prisión en la que se encuentra.
El viernes Boluarte dijo que la violencia en las manifestaciones fue “dirigida por algunos congresistas de izquierda” a los que la Fiscalía “está investigando”. Agregó que “esta rabia contenida por necesidades no resueltas en el Perú” no tiene que dirigirse contra ella, y dijo que algunos políticos la usan para llevar “agua para su molino” acusándola de “traidora y usurpadora”. Se refirió a la tregua que el gobierno alcanzó con algunos de los grupos de manifestantes y expresó su voluntad de que “esta tregua no sea sólo por Navidad y Año Nuevo”, sino que se mantenga.