Luego de tres días de protestas ciudadanas en varias ciudades peruanas, este lunes en la madrugada la presidenta Dina Boluarte dio un mensaje a la nación en el que anunció que en los próximos días enviará un proyecto de ley al Congreso nacional para adelantar las elecciones a abril de 2024, en lugar de completar su mandato hasta julio de 2026.
El diario limeño La República informó que el miércoles el Consejo Directivo del Congreso va a evaluar incluir en la agenda del pleno el proyecto de reforma constitucional sobre el adelanto de elecciones.
Al respecto, ya existe un dictamen de la Comisión de Constitución que aprueba el recorte del mandato de los congresistas elegidos en 2021 y convoca un proceso de renovación, tanto de estos como del jefe de Estado. De todas maneras, la cuestión será motivo de debate dentro del órgano legislativo, ya que algunos sectores pretenden que, además del adelanto electoral, se haga una profunda reforma política, lo cual ya abrió una polémica en el Congreso.
Boluarte, en su mensaje, dijo que decidió “asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso para adelantar las elecciones generales para abril de 2024. En los próximos días remitiré al Congreso un proyecto de ley de adelanto de las elecciones”, y afirmó interpretar, de esa forma, “de la manera más amplia, la voluntad de la ciudadanía”.
La presidenta dijo que el cambio implicará reformas constitucionales “que deberían ser aprobadas para el procedimiento más expeditivo”, y anunció también que promoverá una reforma del sistema político: “En el lapso de la hora actual hasta la fecha de realización de las elecciones generales anticipadas, mi gobierno promoverá, asimismo, la concertación en el Congreso de la República de una ley de reforma del sistema político que permita contar con un sistema democrático de gobierno más eficiente, transparente y participativo”.
“Invoco a todas las fuerzas políticas del país, de las regiones y las provincias, a las autoridades, la sociedad civil y al pueblo peruano a participar en este proceso para que una ola de voluntad democrática y responsabilidad nacional nos guíe y oriente, para sentar las bases legales, institucionales y de vida democrática de un Perú unido, libre y con justicia social”, señaló.
En relación con las manifestaciones, anunció que declaró el estado de emergencia “en las zonas de alta conflictividad social” y dijo que ordenó que “se recupere pacíficamente el control del orden interno sin afectar derechos fundamentales de la ciudadanía”.
La medida anunciada por Boluarte tuvo como cometido calmar las protestas sociales que se dieron desde la destitución de Castillo, que provocaron manifestaciones en muchas ciudades peruanas. En pocos casos, los movilizados pedían la liberación de Castillo, quien desde el miércoles permanece detenido. Pero el reclamo general era el del adelantamiento de las elecciones. Las marchas en su mayoría fueron pacíficas, aunque en algunos puntos del país hubo cortes de rutas, lo que generó algunos enfrentamientos con la Policía.
De todas maneras, este lunes, luego del anuncio de la presidenta, las protestas prosiguieron en algunos lugares y en el departamento de Arequipa una persona murió mientras se encontraba participando en un bloqueo al aeropuerto ubicado en Zamacola, muy cerca de la ciudad de Arequipa. Según informó el portal Ojo Público con base en fuentes de la red de salud de la ciudad, la persona fallecida “presuntamente sufrió una herida de bala en la región lumbar, durante los enfrentamientos registrados en el aeropuerto”. Además, dos personas, un hombre de 26 años y un adolescente de 16, también fueron asesinados en el marco de las protestas en la provincia de Chincheros, en el departamento de Apurímac.
Estas muertes hicieron llegar a cinco el número de víctimas desde que comenzaron las protestas. Las primeras dos, un adolescente de 18 años y otro de 15, murieron en circunstancias que se están investigando el domingo en las movilizaciones que se estaban desarrollando en la localidad de Andahuaylas, en el departamento andino de Apurímac. En esta ciudad, además, más de 20 personas resultaron heridas, por lo que ante la gravedad de los hechos el Congreso decidió citar al presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, y a los ministros de Defensa, Luis Otárola, y del Interior, César Cervantes, para que den respuestas sobre la actuación de la Fuerza Pública.
Paralelamente, en su sesión del lunes, el Congreso decidió por una amplia mayoría levantar la prerrogativa de antejuicio político del expresidente Pedro Castillo para que pueda seguir siendo procesado por los delitos de rebelión, conspiración y otros.