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Policías en el lugar donde un hombre fue asesinado por presuntos pandilleros, el sábado, en Colón, departamento de La Libertad, El Salvador.

Foto: Marvin Recinos / AFP

A pedido del presidente Bukele, el Congreso salvadoreño aprobó régimen de excepción por una ola de violencia atribuida a la Mara Salvatrucha

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El sábado cerró con el mayor número de asesinatos desde que existe registro diario en el país centroamericano.

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Leído por Mathías Buela.
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En la madrugada del domingo la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó con 67 votos a favor de un total de 84 integrantes del cuerpo el pedido del presidente Nayib Bukele de que se apruebe un régimen de excepción por 30 días como respuesta a una inédita ola de violencia atribuida a la Mara Salvatrucha, una de las organizaciones delictivas más grandes del país, que provocó la muerte de alrededor de 80 personas durante el fin de semana en varias ciudades del país.

Según informaron fuentes del Poder Judicial, el sábado se convirtió, con 62 homicidios, en el día con más asesinatos desde que existe el registro diario de homicidios a nivel nacional, de acuerdo a lo que consignó el diario local La Prensa Gráfica.

Luego de la aprobación del régimen de excepción, el presidente Bukele expresó en su cuenta de Twitter su satisfacción por la actitud de los congresistas. “Votaron a favor prácticamente el 80% de los 84 diputados que componen la Asamblea Legislativa. Diputados de 5 partidos políticos diferentes, incluso férreos opositores. Todo dentro del marco constitucional, de acuerdo al artículo 29. Nada que alegar en contra”, expresó el mandatario del país centroamericano.

Con la decisión de la Asamblea Legislativa quedan suspendidos durante 30 días derechos constitucionales como la libertad de asociación, el derecho de defensa o la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones. Además, el plazo de detención administrativa pasa de 72 horas a 15 días.

Bukele agregó que la vida seguirá siendo normal para la mayoría de las personas. “Servicios religiosos, eventos deportivos, comercio, estudios, etcétera, pueden seguirse realizando, a menos que usted sea pandillero o las autoridades lo consideren sospechoso”, escribió el mandatario en Twitter. “Las medidas a tomar serán implementadas por las instituciones pertinentes y anunciadas sólo cuándo sea necesario. Para la inmensa mayoría de las personas, la vida continúa normal. Dios nos bendiga a todos”, dijo también el mandatario.

En paralelo, Bukele dio la orden al director de cárceles, Osiris Luna Meza, de decretar el estado de emergencia en los penales de seguridad y de máxima seguridad, de que todas las celdas permanezcan cerradas durante todo el día hasta nuevo aviso para evitar revueltas u otras acciones dentro de las cárceles, donde están presos miles de integrantes de la Mara Salvatrucha y otras organizaciones criminales.

“Mensaje para las pandillas: por sus acciones, ahora sus ‘homeboys’ no podrán ver ni un rayo de sol”, manifestó Bukele.

“A un vendedor de fruta lo mataron, a un panadero lo mataron, a un cliente de un taller también lo mataron. Es un mensaje claro al Gobierno; ellos [pandillas] quieren algo y el Gobierno, al parecer, no se los ha dado. Todo parece indicar que es eso y es un ajuste en sangre”, relató una fuente de Seguridad que pidió no ser identificada.

Este abrupto recrudecimiento de la violencia por parte de las maras es un golpe directo a la gestión de Bukele, quien meses atrás se había jactado del descenso en los índices de criminalidad en el país.

Al respecto de este tema, a mediados del año 2020 el medio digital salvadoreño El Faro publicó una investigación en la que sostenía que el gobierno de Bukele había realizado un pacto con las maras.

Según informó El Faro, se trató de una negociación directa con los jefes de la Mara Salvatrucha para que redujeran sus acciones delictivas, en particular los asesinatos, a cambio de mejores condiciones de reclusión. Aunque el mandatario calificó el informe de “farsa”, el medio incluyó registros de las visitas, fotos y documentos oficiales redactados por funcionarios del gobierno que apuntan a que efectivamente existió un pacto con los líderes de esta organización delictiva.

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