La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le solicitó a Perú abstenerse de liberar al expresidente y exdictador Alberto Fujimori, condenado por delitos de violación a los derechos humanos y corrupción, hasta que esta entidad, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), tome una decisión sobre las medidas provisionales solicitadas por las víctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos. Según recordó el portal peruano Ojo Público, la salida de Fujimori fue aprobada hace dos semanas, luego de un fallo del Tribunal Constitucional (TC) en el que se restituyó el indulto concedido al exdictador, quien actualmente tiene 83 años, por el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski, el 24 de diciembre de 2017.
En la madrugada de este jueves, la CIDH publicó la resolución de medidas provisionales. En este mismo documento el organismo internacional anunció que el sábado se realizará una audiencia virtual y pública en la que se revisará el pedido de los familiares de las víctimas.
“Con el propósito de que no se produzca un daño irremediable al derecho de acceso a la justicia de las víctimas previo a que pueda examinar las medidas provisionales solicitadas, ordenar al Estado del Perú que se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú de disponer la libertad de Alberto Fujimori, hasta tanto esta Corte se pronuncie sobre la solicitud de medidas provisionales”, indica la resolución emitida por la CIDH.
Si bien está condenado por corrupción, las penas más duras contra Fujimori fueron dictadas en virtud de su responsabilidad en las llamadas masacres de Barrios Altos y La Cantuta, ambas perpetradas durante su gobierno por el Grupo Colina, una organización paramilitar conformada por integrantes del ejército peruano. La primera acción de este grupo ocurrió en noviembre de 1991 en una casa de Barrios Altos, en Lima, donde los paramilitares irrumpieron durante una celebración para buscar a integrantes de Sendero Luminoso y mataron a 15 personas, incluyendo a un niño de ocho años. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia determinó que ninguna de las víctimas tenía vínculos con Sendero Luminoso.
La segunda masacre, en julio de 1992, consistió en el secuestro y posterior desaparición de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, más conocida como La Cantuta por estar enclavada en esa zona de Lima.
El pedido de la CIDH, que se conoció algunas horas antes de la liberación de Fujimori, generó muchas reacciones en Perú.
La vicepresidenta Dina Boluarte, quien además ejerce el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social, expresó que se respetará la decisión de la CIDH con la finalidad de fortalecer el compromiso como Estado democrático ante la comunidad internacional. “Valoramos la decisión de la Corte IDH. Respetar su mandato fortalece nuestro compromiso como Estado democrático ante el ámbito de la comunidad internacional y nos compromete a todos los ciudadanos con los valores asociados a la defensa de los derechos humanos”, manifestó Boluarte en su cuenta de Twitter, de acuerdo a lo que consignó el diario limeño La República.
Por su parte, la hija de quien fuera mandatario peruano entre 1992 y 2000, la excandidata presidencial Keiko Fujimori, publicó un video en sus redes sociales en el que manifestó su rechazo a la medida solicitada por la CIDH.
“En un capítulo más de una serie de injusticias contra mi padre, una corte internacional reconocida desde siempre por su sesgo ideológico pretende ahora impedir a través de un documento simple, ni siquiera una resolución, la excarcelación de Alberto Fujimori”, dijo la dirigente del partido Fuerza Popular, cuyos dichos fueron recogidos por Radio Programas del Perú.
“Mi familia siente un gran dolor al confirmar que cuando se trata de mi padre no existen los derechos humanos, ni siquiera el más elemental derecho a la vida”, expresó.
La excandidata, que perdió las elecciones con el actual mandatario Pedro Castillo, señaló que ahora está en manos del gobierno acatar una medida que calificó de “tan precaria como injusta”.
“Si existiera un mínimo de equilibrio en su evaluación, no debería desacatar el fallo del Tribunal Constitucional”, consideró.
“De ceder ante una maniobra tan perversa e inhumana, mi familia hace responsable a este gobierno de las consecuencias que su decisión puedan generar en la vida y la salud de Alberto Fujimori”, agregó.