La huelga de algunos sectores del transporte por carretera para protestar contra el aumento de los precios de los combustibles, en particular el gasoil, está afectando en España a los supermercados y a las empresas de producción de alimentos y otros artículos. Según las organizaciones que representan a los supermercados, la huelga les está costando 130 millones de euros por día, y en las góndolas se siente el desabastecimiento de productos, en particular de lácteos. También se redujo la oferta de pescado, pero en este caso se debe a que parte de la flota pesquera lleva adelante su propia protesta contra el aumento de los combustibles.
Con este panorama, desde varios sectores se reclama al gobierno de Pedro Sánchez que tome medidas. Así lo piden los fabricantes de alimentos, los supermercados, la oposición y organizaciones sindicales. “El gobierno tiene que ser consciente de que una parte del descontento generado en algunos de los sectores más impactados por los precios de energéticos y de los hidrocarburos habría requerido de algún movimiento previo por parte del propio gobierno”, dijo el secretario general de la central sindical Comisiones Obreras, Unai Sordo.
Las protestas sumaron en los últimos días nuevos sectores, como el de transporte público, los conductores de ambulancias y asociaciones de consumidores. Ante esta crisis, el gobierno adelantó para este jueves una reunión con el Comité Nacional de Transporte por Carretera, y Sánchez se declaró confiado en que el encuentro va a terminar en un acuerdo. “No nos levantaremos hasta conseguirlo”, dijo.
Sin embargo, la organización que convoca al paro no es el comité que se sentará a dialogar con el Ejecutivo, sino la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte. Según señaló el diario Público, esta plataforma, que abarca a pequeñas empresas y trabajadores autónomos, no se considera representada por el comité y anunció que no va a aceptar un acuerdo que no se negocie directamente con ella. “Siguen sentándose a negociar con interlocutores que no consideramos válidos”, dijo el presidente de la plataforma, Manuel Hernández.
El gobierno, por su parte, considera que esa plataforma es minoritaria y poco representativa y la vincula a la ultraderecha. En ese sentido, varios ministros calificaron esta huelga como un “boicot”. “No se puede usar la falta de suministros para chantajear al gobierno” con una huelga “que alienta la ultraderecha”, en su objetivo de “provocar inestabilidad en Europa y hacerle el juego al villano de [Vladímir] Putin”, dijo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
En el Parlamento, la oposición pidió que se bajen impuestos y se implementen ayudas directas al sector del transporte para superar esta situación. A su vez, Unidas Podemos, que integra la coalición de gobierno junto al Partido Socialista Obrero Español de Sánchez, propuso fijar un precio máximo del gasoil para el transporte en 1,50 euros el litro y brindar ayudas de 3.000 euros por vehículo para el transporte de mercancías por carretera.
Por su parte, representantes de las Cooperativas Agroalimentarias, de patronales de esa industria y de la hotelería, señalaron que incluso si se retomara la actividad de los transportistas, todas esas áreas tardarían varios días en normalizarse. El director general de Cooperativas Agroalimentarias pidió a los convocantes del paro “no bloquear la situación económica del país” en un contexto difícil, en referencia al aumento de los combustibles a partir de la invasión de Rusia a Ucrania.
Para el viernes está prevista una manifestación de camioneros para apoyar sus reivindicaciones y pedir la renuncia de la ministra de Transporte, Raquel Sánchez. “Denunciamos el desprecio desde la administración hacia los camioneros y pedimos la dimisión de la ministra por dejación de funciones”, manifestó la plataforma en un comunicado.