Las últimas leyes promulgadas por el gobierno del republicano Ron DeSantis en Florida han sido una muestra de cómo una derecha trumpista persiste aun sin Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. A fines de marzo el gobernador promulgó una ley aprobada por el Congreso de Florida que se hizo conocida popularmente como “Don’t Say Gay” (No digas gay). La norma, llamada oficialmente “Derechos de los padres en la educación”, establece que la enseñanza “sobre orientación sexual o identidad de género no puede tener lugar desde el jardín de infantes hasta tercer año de escuela” ni tampoco se puede impartir, en los grados escolares posteriores, “de una manera que no sea apropiada para la edad o el desarrollo de los estudiantes de acuerdo con los estándares estatales”. La ley no especifica cuáles son esos estándares, y prevé que si los padres de un estudiante consideran que la norma se incumple, pueden demandar a la escuela y reclamar una indemnización por daños y perjuicios.
Según los críticos de esta legislación, tanto la amenaza de demandas como la vaguedad de su redacción pueden conducir a que, para no incumplirla, los docentes eviten hablar de orientación sexual y de identidad de género en todos los niveles educativos. Señalan además que así se fomentará la discriminación de las personas LGBTI en esos ámbitos.
“La redacción intencionalmente ambigua del proyecto deja a los maestros con miedo de hablar a sus estudiantes y expone a los distritos escolares a litigios frívolos y costosos por parte de aquellos que buscan excluir a las personas LGBTI de cualquier grado de estudios”, dijo el representante estatal demócrata Carlos G Smith, según citó Los Angeles Times. “Peor aún, la ley envía un mensaje de odio a nuestros jóvenes más vulnerables, que simplemente necesitan de nuestro apoyo”, agregó.
Como reacción a esta ley, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, ofreció recibir en su ciudad a los habitantes de Florida que se sientan víctimas de “la discriminación patrocinada por el estado” y dijo que la norma es una “medida vergonzosa [de] la cultura extremista que tiene como blanco nuestra comunidad LGBTI”. También lanzó una campaña en vallas publicitarias de Florida con la consigna “Say Gay”.
A su vez, el presidente estadounidense, Joe Biden, manifestó en Twitter que “seguirá luchando por la dignidad y la oportunidad de cada estudiante y familia, en Florida y en todo el país”, y agregó: “Todos los estudiantes merecen sentirse seguros y bienvenidos en el salón de clases. Nuestros Jóvenes LGBTIQ+ merecen ser afirmados y aceptados tal como son”.
En la entrega de los premios Oscar, la comediante Wanda Sykes bromeó sobre esta ley: “Vamos a tener una noche grandiosa. Y para ustedes en Florida, vamos a tener una noche gay”. A su vez, a instancias de sus empleados, la empresa Disney, una de las grandes compañías del estado de Florida, manifestó que la ley “nunca debió ser aprobada”.
DeSantis dijo que no le importa lo que digan los medios, ni Hollywood, ni las empresas, y defendió esta norma, que a su entender protege el derecho de los padres a decidir qué educación reciben sus hijos. “A final de cuentas, mi objetivo es educar a los niños en las materias que son tan importantes: Matemáticas, Lectura, Ciencias”, dijo.
Por su parte, el presidente del Partido Demócrata de Florida, Manny Díaz, acusó al gobernador de ponerse de parte del odio y la discriminación en busca de rédito político en su campaña por la reelección.
No digas esclavitud
Esta norma es una más entre varias leyes de extrema derecha que aprobó Florida en tiempos de DeSantis. Un ejemplo es la ley de Libertad Individual, también aprobada en los últimos días de marzo, por la cual se busca evitar que los blancos se sientan “incómodos” o “culpables” por el abordaje que se pueda hacer de hechos de racismo o discriminación que hayan ocurrido en el pasado.
A “un individuo no se le debe hacer sentir incomodidad, culpa, angustia o cualquier otra forma de angustia psicológica a causa de su raza”, dice el proyecto de ley, que está listo para su promulgación, según citó la agencia Efe. También en este caso se puede demandar a un centro de enseñanza o lugar de trabajo donde se considere que la norma fue incumplida. Según el senador estatal afroestadounidense, Shevrin Jones, esta iniciativa legal es “un movimiento de Florida para tratar de distorsionar la enseñanza de la historia estadounidense”.
Otro ejemplo de la legislación en la Florida de DeSantis es la norma que impone dificultades y trámites para ejercer el derecho al voto, que afecta en particular a las personas que viven en las zonas más pobres y pobladas, entre ellas las afroestadounidenses. O la ley que el gobernador promulgó el jueves, que regula el aborto, que es legal en Estados Unidos hasta las 24 semanas de gestación, y lo permite sólo hasta las 15 semanas. No hay excepciones en caso de violación o tráfico de personas como en otros territorios, sino sólo por “grave riesgo” para quien está gestando o por una anomalía fetal que, según certifiquen dos médicos, impida al feto vivir fuera del útero.
Esta ley, que entrará en vigor en julio, suma a Florida a un grupo de estados republicanos que aprobaron normas estatales en el mismo sentido, entre ellos Kentucky, Misisipi y Oklahoma, donde el martes el gobernador Kevin Stitt promulgó la ley más restrictiva del país: prohíbe el aborto en todos los casos excepto si está en riesgo la vida de la embarazada, y castiga con penas de hasta diez años de cárcel a un médico que realice un aborto en otras circunstancias.
Respuestas judiciales
Varias de las nuevas leyes del estado de Florida enfrentan ahora impugnaciones legales. Organizaciones defensoras de la diversidad sexual presentaron el 31 de marzo la primera demanda contra la ley “Don’t say gay”. Argumentan que es “flagrantemente inconstitucional” porque intenta ocultar a una generación de estudiantes de Florida “el hecho de que las personas LGBTIQ existen y tienen la misma dignidad”. Señalan también que sus términos son vagos y genéricos, lo que promueve una aplicación “arbitraria y discriminatoria”.
En otro tribunal, un juez federal concluyó que son inconstitucionales algunos artículos de la ley aprobada el año pasado referida al proceso electoral, que dificulta el acceso al voto. En este caso, la acción judicial fue promovida por organizaciones de mujeres y minorías étnicas, entre ellas la Liga de Mujeres Votantes de Florida y la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, Hispanic Federation y Poder Latinx.
Alegaron que la ley “dificulta innecesariamente la votación [...], sobrecarga de manera indebida a los votantes discapacitados y apunta intencionalmente a los votantes minoritarios, todo para mejorar las perspectivas electorales del partido en el poder”. El juez Mark Walker dijo en su resolución: “Habiendo revisado toda la evidencia, este tribunal determina que, en su mayor parte, los demandantes tienen razón”.
Su fallo dejó sin efecto dos elementos muy cuestionados de la ley: el punto que restringía el uso de buzones para votar de manera anticipada y el que prohibía que se les acercara agua a los votantes que hacían largas filas a la espera de sufragar, medidas que afectaban en particular a los barrios más pobres del estado. En cambio, mantuvo otras disposiciones que dificultan el voto por correo. La ley dispone que quienes quieran votar de ese modo tienen que solicitar la papeleta en cada elección, y hace necesario que esos ciudadanos y ciudadanas tengan su firma registrada en el archivo de las autoridades electorales.
El futuro de DeSantis
Bajo el gobierno de DeSantis, Florida se ha convertido en uno de los estados más derechistas en su legislación, y también en uno de los que más han confrontado con el gobierno del presidente Joe Biden. Por ejemplo, en relación con la pandemia (con la prohibición de exigir tapabocas en escuelas en los momentos de más contagios) o la inmigración (“No vengan a Florida”, advirtió el gobernador el miércoles).
Todo indica que esta política tiene respaldo de los votantes del estado. DeSantis aparece en las encuestas como el favorito para ganar las elecciones de noviembre, en las que se postula a la reelección. Todavía se desconoce quién será su rival demócrata. El congresista Charlie Crist, la comisionada de agricultura de Florida, Nikki Fried, y la senadora estatal Annette Taddeo competirán por la candidatura opositora en agosto. Pero según una encuesta de la consultora Mason-Dixon, DeSantis le ganaría incluso a su mejor rival, Crist, 51% a 43%. “DeSantis recibe el apoyo de poco más de la mitad de los votantes de Florida, y sus ventajas le brindan un colchón decente en este punto de la carrera”, señala Mason-Dixon. El estudio muestra, además, que DeSantis tiene una aprobación de 53% de los votantes y que lo conoce 97% de ellos.
Por otra parte, si bien es un republicano alineado con Donald Trump, DeSantis podría convertirse en rival del exgobernante en las primarias republicanas. Su nombre suena para la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de 2024, y tiene a su favor una gran capacidad para recaudar donaciones. Según informó CNN el fin de semana, DeSantis superó los 100 millones de dólares de fondos para su carrera electoral de noviembre sólo con donaciones. De acuerdo con la cadena estadounidense, otros candidatos han contado con sus propias fortunas para alcanzar esa cifra, pero ninguno en Florida había llegado a esa cantidad sólo con el aporte de donantes, y esa capacidad lo posiciona en un lugar ventajoso también para las presidenciales.