Durante el último mes, Panamá ha vivido una ola de protestas inéditas por su forma, los actores que involucra, su duración y sus resultados. A diferencia de sus vecinos, el país había quedado al margen de la inestabilidad social en los últimos años.
Las protestas actuales pueden comprenderse como producto de una serie de factores institucionales, sociales y económicos acumulados que fueron agravados por la covid-19 y que no fueron atendidos oportunamente por el Estado, a pesar de las recurrentes alertas que se reflejaban en informes, encuestas, artículos académicos y movilizaciones sectoriales antes y durante la pandemia. Aunque de menor magnitud, esas protestas albergaban reclamos de necesidades básicas insatisfechas relacionadas con el agua, la alimentación, la salud (falta de insumos básicos para la atención, disponibilidad de medicamentos en las instituciones públicas), el trabajo, la educación, la desigualdad social y la corrupción. Pero las movilizaciones también fueron activadas por el rechazo a la reforma de la Constitución presentada por el gobierno del presidente Laurentino Cortizo ante la Asamblea Nacional, con mayoría oficialista.
Los actores sociales movilizados son heterogéneos. Si bien las protestas se iniciaron mediante un llamado de los gremios docentes de las escuelas públicas a un paro nacional que comenzó el 1° de julio de 2022, posteriormente fueron acompañadas por diversas agrupaciones que se sumaron tanto espontánea como organizadamente en todo el territorio del país. En los 32 años que siguieron al fin del régimen autoritario de Manuel Noriega en 1989 no se habían registrado protestas de esta magnitud y duración.
Las movilizaciones han sido protagonizadas por varios gremios, algunos de los cuales están agrupados en dos grandes alianzas. Una de ellas, localizada en la provincia de Veraguas, es la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo), que representa a 22 organizaciones docentes, ganaderas, pesqueras, agrícolas, de transporte y estudiantiles. La otra, situada en la provincia de Panamá, es la Alianza Pueblo Unido por la Vida, integrada por el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), asociaciones de profesores y diversos sindicatos y organizaciones populares. Además, participaron gremios de la salud –tanto del sector médico como de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá–, centrales de trabajadores y trabajadoras, y ciudadanos y ciudadanas en general. Y cabe destacar la participación de la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá, que está conformada por siete pueblos originarios.
Aun cuando cada gremio o sector tenía peticiones particulares o propias, todos coincidieron en tres puntos: la baja del precio del combustible a tres dólares –que a mediados de junio de 2022 había sobrepasado los seis dólares por galón–, la disminución del precio de la canasta básica alimenticia y el control de precios de los medicamentos.
Antes de la irrupción de la covid-19, Panamá se ubicaba como uno de los países con mayor crecimiento económico de la región, al tiempo que estaba posicionado como el sexto país más desigual del mundo y el tercero de la región. Esta desigualdad era sentida por las panameñas y los panameños, 68,9% de los cuales, según una encuesta realizada en 2019 por el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (Cieps), considera que en el país no existe la igualdad de oportunidades.
Según la misma encuesta, 61,8% de los panameños sostenía que los servicios públicos son malos y 67,6% que los beneficios del canal –que une el océano Atlántico con el Pacífico– no llegan a las mayorías. Además, 66% de los encuestados refería haber sufrido alguna forma de discriminación y 70,6% de las mujeres afirmaban ser quienes se encargaban de los cuidados. Otro dato importante de la encuesta es el que expresa la poca credibilidad y confianza que la población indicó tener en sus conciudadanos y conciudadanas y las autoridades: 80,9% considera que pocas veces o nunca son confiables y sólo 40,1% expresó tener una buena o muy buena opinión sobre el gobierno.
A dos años del comienzo de la pandemia de covid-19, los esfuerzos por la recuperación económica no parecen haber sido suficientes para acercarse a los niveles previos. El desempleo alcanzó el 9,9% en 2022 (2,8 puntos porcentuales más que en 2019), la informalidad laboral se ubica en 48,2% (3,2 puntos porcentuales más que en 2019) y la inflación pasó de -0,2% en 2019 a 4,2% en 2022, el aumento más alto en 14 años. Por otro lado, el salario promedio del 20% de las personas con mayores recursos es 18,6 veces más alto que el del 20% en condición de mayor vulnerabilidad.
Estos datos, que reflejan la insatisfacción de una población que se encontraba resistiendo los embates socioeconómicos de la desigualdad magnificados por la pandemia, fueron el caldo de cultivo para las recientes protestas. Los puntos detonantes de las movilizaciones sociales fueron el aumento del precio de los combustibles en 47%, el alza de la canasta básica alimenticia –que se incrementó en 3,5%– y el alto costo de las medicinas ante el desabastecimiento de medicamentos de la Caja del Seguro Social.
Además, organizaciones docentes reiteraron la petición de que el Estado panameño destine 6% del producto interno bruto (PIB) a la educación. Estas consideran necesario mejorar las condiciones de los centros educativos, así como resolver la carencia de docentes en muchas comunidades (donde deben fungir como docentes multigrados). Además, hicieron hincapié en la ausencia de comedores escolares, lo que dificulta el aprendizaje de las y los estudiantes en medio de un panorama socioeconómico complicado para las familias.
A todo este panorama se suma una situación política nacional caracterizada por diversos escándalos asociados al mal uso de los fondos públicos. Estos hechos terminaron de avivar la indignación de la población, que pedía también poner un freno a la corrupción.
Las protestas fueron creciendo y fortaleciéndose a lo largo y ancho del territorio panameño. Se registraron marchas masivas, acompañadas de diversas expresiones artísticas. Se organizaron piquetes, paros de labores del sector docente y de la construcción y cierres de las vías principales del país, lo cual afectó la disposición de alimentos, medicamentos e insumos básicos como el gas. Sin embargo, la respuesta del gobierno no llegaba. Por el contrario, las redes sociales gubernamentales se llenaban de mensajes con información que reflejaba los resultados positivos de su gestión, lo cual aumentaba el enfado y la indignación de la población ante la poca atención y actitud de escucha a sus demandas.
Recién 11 días después de iniciados el paro y las manifestaciones, el presidente de la República, del Partido Revolucionario Democrático, emitió un comunicado anunciando que a partir del 15 de julio el gobierno nacional congelaría el precio del combustible en 3,95 dólares para todos los vehículos particulares en todo el país. En el mismo comunicado, elevaba al Consejo de Gabinete una propuesta de congelamiento del precio de diez productos adicionales de la canasta básica familiar. Sin embargo, la medida no satisfizo a la población, y mucho menos la lista de productos alimenticios que el gobierno consideró congelar como parte de la canasta básica, los cuales eran contrarios a aquellos que, en los días anteriores, el mismo Ministerio de Salud había sugerido para mantener una alimentación sana y balanceada.
El descontento social continuó, y 13 días después de iniciadas las protestas el gobierno realizó un primer acercamiento a la dirigencia de Anadepo en la provincia de Veraguas. No obstante, manifestantes de otros puntos del país reclamaban la instalación de una única mesa de diálogo que los incluyera, desconociendo la mesa de Veraguas.
Tras varios intentos de mesas de diálogo en varios lugares del país, y del llamado del gobierno a un diálogo nacional en Ciudad de Panamá que no tuvo acogida por quienes estaban protestando, la iglesia católica se ofreció a mediar y a facilitar un diálogo en un punto medio del territorio nacional. La dirigencia aceptó la propuesta y se instaló la Mesa Única del Diálogo. El 25 de julio, esa mesa acordó discutir ocho puntos, integrando cinco a los tres comunes de inicios de las protestas. Estos fueron la rebaja y el congelamiento de la canasta básica sin afectar a los productores nacionales, la rebaja y el congelamiento del precio de los combustibles, la rebaja y el abastecimiento de medicamentos de la Caja de Seguro Social y del Ministerio de Salud, el cumplimiento de la Ley 47 de 1946 (la Ley Orgánica de Educación), que establece que 6% del PIB debe ser destinado a educación, la rebaja de la energía, la discusión sobre la Caja de Seguro Social, la garantía de transparencia y lucha contra la corrupción y, finalmente, la creación de una mesa intersectorial de seguimiento.
La presión social y el diálogo instalado en la Mesa Única han dado resultados importantes que, poco a poco, han ido poniendo término a las protestas en las calles. Conforme a las actas de la mesa, se han adelantado acuerdos en cuatro de los ocho puntos de la discusión. Entre los principales acuerdos está la ampliación de la canasta básica mediante la inclusión de 72 productos de primera necesidad, entre alimentos y artículos de aseo. Algunos de los productos serán subsidiados por el Estado, a otros se les estableció un margen máximo de ganancia (no mayor de 15% a 20% en determinados productos) y, en otros casos, se aprobó la eliminación del arancel de importación para que se refleje en precio final al consumidor.
Respecto de la solicitud de rebaja y congelamiento de los combustibles, el principal acuerdo fue la congelación de la gasolina a 3,25 dólares por galón para todo tipo de maquinaria a motor, excepto yates o embarcaciones de lujo y placer, así como vehículos con placa de gobierno.
La solicitud de rebaja y abastecimiento de medicamentos de la Caja del Seguro Social y del Ministerio de Salud es, hasta el momento, el punto más disputado. No obstante, se acordó modificar las regulaciones sobre transparencia para hacer que la información del abastecimiento sea con reportes reales, de manera pública y a través de una plataforma digital, así como escrita y de forma obligatoria. Además, se incluyeron sanciones a quienes falseen u oculten información sobre abastecimiento de medicamentos o dejen de cumplir con los procesos de compra para beneficiar a empresas o en detrimento de las instituciones. Los informes de abastecimiento de medicamentos se tendrán que emitir digitalmente y por escrito, por cada renglón de medicamentos, y deben incluir su uso, según corresponda: si son de alta, mediana o baja rotación. También se acordó que en 30 días se debe conformar una comisión para iniciar actividades de regulación de los medicamentos, además de mejorar los procesos de compras de la Caja de Seguro Social y del Ministerio de Salud, a la vez que incentivar a empresas para que la fabricación de medicamentos sea dentro del territorio nacional.
En materia de educación, se acordó aplicar un incremento gradual de la inversión del PIB en esa materia. El acuerdo establece que debe producirse con una distribución equitativa que fortalezca la calidad educativa del primer y segundo nivel de enseñanza, hasta alcanzar 6% del PIB en 2024, de manera que se aumente a 5,5% en el presupuesto de 2023 y a 6,0% en el presupuesto de 2024. Además, se acordó la modificación de la Ley de Contrataciones Públicas para facilitar la disposición de fondos asignados para la administración de los centros educativos, para que estos sean utilizados de forma más expedita. El Ministerio de Educación también selló compromisos en varios puntos, entre los que están la erradicación de las escuelas rancho (chozas), el fortalecimiento de los comedores escolares, el mantenimiento preventivo de la infraestructura escolar, el escalamiento del proyecto de instalación de tanques de agua y la instalación, dentro de 15 días, de una mesa con los actores del sector educativo para fortalecer la hoja de ruta trazada en el Compromiso Diálogo por la Educación en el Plan Estratégico 2019-2024. Con estos acuerdos, y luego de un mes exacto de protestas, los gremios docentes levantaron el paro de labores y retornan a las escuelas, en tanto se discuten los otros puntos.
La oleada de protestas en Panamá es el reflejo del agotamiento de una población que, ante condiciones de vida cada vez más indignas y la concentración de la riqueza en pocas manos, no tiene más remedio que ejercer su legítimo derecho a la protesta. Por otro lado, deben ser un llamado de atención para que las autoridades tengan una actitud más atenta y de mayor escucha de la población a la que le sirven, para evitar riesgos que pudieron prevenirse con una más pronta atención de los reclamos de sus ciudadanas y ciudadanos. El rol del gobierno es generar los puentes necesarios para la solución de los problemas del país, así como garantizar los derechos individuales y sociales de la gente. Si la población no siente que el Estado le garantiza tales derechos, la responsabilidad gubernamental es la de escuchar y atender sus demandas, buscando soluciones viables, concretas y prontas.
Al mismo tiempo, es importante que el gobierno panameño materialice los acuerdos consensuados en la Mesa Única de Diálogo con fechas ciertas, para evitar un mayor estallido social y el incremento de la desconfianza en las autoridades, lo que podría poner en riesgo el joven sistema democrático panameño. Finalmente, los acuerdos alcanzados en la Mesa Única de Diálogo, si bien son resultado de la lucha de las organizaciones sociales, constituyen al mismo tiempo una oportunidad para la administración pública para aumentar la confianza y para buscar soluciones a mediano y largo plazo que contribuyan a mejorar la situación de vida de quienes habitan Panamá.
Nelva Marissa Araúz-Reyes es doctora en Derecho y maestra en Política Criminal por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá. Este artículo fue publicado originalmente por Nueva Sociedad.