Los partidos que forman parte de la coalición de gobierno que llevó a la presidencia de Chile a Gabriel Boric acordaron que si en el plebiscito del 4 de setiembre se aprueba el proyecto de nueva Constitución para Chile, le harán ciertas modificaciones. Intentan así terminar con controversias sobre el alcance de algunos artículos y su reglamentación, y evitar que esos puntos jueguen en contra de la opción del Apruebo en la consulta popular. Según el documento del acuerdo, lo convenido “aclara ciertas dudas e interpretaciones que han buscado confundir y desinformar a la ciudadanía, contribuyendo al voto responsable e informado”.
“Veo que hay un espíritu de decir ‘hay cosas que se podrían haber hecho mejor’ y, por lo tanto, hay disposición de mejorar y va a haber un acuerdo político para aquello”, dijo el presidente chileno.
Uno de los puntos convenidos es que la consulta a los pueblos indígenas deberá aplicarse sólo a los asuntos que puedan afectarlos directamente y que el consentimiento previo de parte de estos sólo se requerirá para la “regulación de entidades territoriales”, y por lo tanto “no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales”. Se aclara además que las autonomías territoriales que reconoce la nueva Constitución serán compatibles con “los principios de unidad e indivisibilidad del Estado de Chile”.
Otro punto que generó discusión es el reconocimiento de los sistemas de justicia indígenas. Al respecto, el acuerdo señala que se mantendrá la “igualdad ante la ley como principio rector” y que “la justicia indígena sólo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales”. Aclara que “no existirán regímenes de justicia paralelos que pongan en cuestión la unidad, coherencia y consistencia del Poder Judicial”.
“En materia de pensiones, nos comprometemos a que la implementación del derecho a una pensión digna será en base a un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual, en los mismos términos que en la actualidad, cuestión que es plenamente consistente con la nueva propuesta constitucional”, afirman los partidos de gobierno. También señalan que la propiedad de la vivienda está “absolutamente asegurada”, sin importar el tipo de propietario y “bajo toda circunstancia”.
Afirman que el sistema de salud permitirá la participación de prestadores privados y la posibilidad de elegir dónde atenderse, y por otra parte, se “respetará la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada, siempre con pleno reconocimiento del Estado dentro del Sistema Nacional de Educación”.
Los partidos proponen incorporar a la Constitución un nuevo estado de emergencia que se dispondrá “por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar, a requerimiento de la autoridad civil y en las condiciones calificadas que establezca la ley, en las tareas de resguardo del orden constitucional y del Estado de derecho”.
“Dado que la Nueva Constitución innovó y acordó un nuevo sistema político, con profundos mecanismos de participación ciudadana y fortalecimiento de las regiones, que valoramos, nos comprometemos a analizarlo para lograr el mejor equilibrio en el Poder Legislativo, el gobierno central y las entidades territoriales”, agregan los partidos. También proponen eliminar la reelección consecutiva del presidente.
Acuerdo debatido
“Con esto esperamos que aquellos ciudadanos que han dudado de la nueva carta magna [...] puedan encontrar en este acuerdo una razón para votar por el Apruebo”, dijo la presidenta del Partido por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili. “No somos reescritores de la Convención, sólo hicimos el ejercicio de poner la pelota al piso”, dijo Piergentili al diario La Tercera.
“Este acuerdo busca dar certezas en la hoja de ruta de implementación de la nueva Constitución y combatir una millonaria y brutal campaña de desinformación que llega desde la derecha”, afirmó el senador Juan Ignacio Latorre, presidente de Revolución Democrática. En Twitter agregó: “El objetivo del presidente Gabriel Boric al pedirnos a los partidos oficialistas llegar a acuerdos es una hoja de ruta para la implementación de la Nueva Constitución en caso de que gane el Apruebo, es dar certezas y claridad a la ciudadanía”. Señaló que “en muchos aspectos son precisiones, adecuaciones, normas interpretativas sobre lo que la ley tendrá que resolver después”.
También algunos exintegrantes de la Asamblea Constitucional celebraron este acuerdo. Uno de ellos fue el exvicepresidente de ese órgano, Gaspar Domínguez. “Aplaudo que vayamos avanzando en los acuerdos políticos que permitan ir delineando el camino de implementación”, dijo, según citó el diario El Mostrador.
Otra exconvencional, Bárbara Sepúlveda, señaló que esta “es una respuesta clara ante la escalada descontrolada de tergiversaciones y mentiras del Rechazo, quienes han hundido completamente el debate democrático”.
Por su parte, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, dijo que este “es un acuerdo amplio que concentra varias de las materias que se estima que la ciudadanía puede no conocer en profundidad o [en las que puede] haber desinformación”. Según informó la radio Universidad de Chile, Vodanovic agregó que “aquí en algún momento se instaló la teoría de que esta constitución no se iba a poder modificar, de que era una constitución pétrea, en circunstancias en que la única constitución que no hemos podido modificar por tantos años es la Constitución de 1980, que la derecha persistentemente se negó a cambiarla”.
A su vez, algunos exintegrantes de la convención cuestionaron este acuerdo. Una de ellas es Tania Madriaga. “Parece que las cúpulas de los partidos olvidan que en el plebiscito de entrada la ciudadanía se pronunció por amplia mayoría a favor de un órgano totalmente electo para proponerle un nuevo texto constitucional al país, ya que la crisis institucional también los alcanza”, dijo, según citó El Mostrador.
Otra exconvencional, Rosa Catrileo, señaló que si bien había “definiciones que habían quedado pendientes, las cuales iban a ser debatidas y delimitadas” y serían objeto de acuerdos en el Congreso, “se están tomando definiciones anticipadamente”. Más duro fue el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quien tuiteó: “La ciudadanía votó para que no fuera el Congreso quien redactara la nueva Constitución ni menos que partidos, antes del plebiscito, le metieran mano. Gravísimo intento de suplantación de la voluntad popular”.
Dos opciones con cambios
La voluntad de hacer modificaciones a la Constitución no está presente sólo entre quienes defienden el Apruebo en el plebiscito. El 10 de agosto fue votada en el Congreso una ley para reducir el quórum necesario para modificar la Constitución. El proyecto recibió 130 votos a favor, y hubo sólo 15 en contra y una abstención. Lo apoyaron quienes proponen aprobar la nueva Constitución y modificarla, pero sobre todo impulsaron la iniciativa quienes votan por mantener la Constitución actual, aprobada en dictadura, e introducirle cambios.
El 4 de setiembre, con voto obligatorio, los chilenos decidirán si apoyan la opción del Apruebo o la del Rechazo. Según las últimas encuestas, el Rechazo sigue al frente en esta consulta. Un estudio de la consultora Cadem midió 46% en contra de la nueva Constitución y 38% a favor. De acuerdo con otra encuesta, de Data Influye, que excluye a los indecisos, 53% se inclina por el Rechazo y 47% por el Apruebo. Este estudio investigó también quiénes se inclinarían por modificar la nueva constitución. Entre los que votan a favor del proyecto elaborado por la Convención Constitucional, 35% lo aprueba sin más, y 65% se inclina por aprobar la propuesta pero con cambios.
A su vez, entre quienes se oponen a la nueva Constitución, 42% señala que su Rechazo es “total”, que no hay “nada rescatable” en la propuesta. Pero 28% afirma que su disposición al Rechazo “está”, pero votaría esa opción para reformar la mayoría del contenido de la nueva Constitución; 18% se inclina a reformar algunos contenidos de ese texto; y 3% muy pocos contenidos, según informó El Mostrador. Del total de los consultados, 52% se inclina por hacer cambios al texto, y 46% a que estos se discutan después del plebiscito.
En caso de que gane el Rechazo, el gobierno tiene previsto buscar el modo de continuar con el proceso constituyente y cumplir así con el resultado de la consulta de 2020, en la que más de 80% de los votantes se pronunció a favor de cambiar la actual Constitución. “No me cabe ninguna duda de que [los partidos] van a llegar a buen puerto para asegurar la certidumbre de la continuidad del proceso constituyente que estamos llevando a cabo en nuestro país”, dijo Boric.
Según CNN Chile, la encuesta de Data Influye también concluyó que ante un eventual triunfo del Rechazo, 30% preferiría llamar a una nueva elección de convencionales, 29% se inclina por convocar a un comité de expertos, 16% continuar con la actual Constitución y 15% hacer un nuevo plebiscito para definir qué opción tomar.
Elogios mundiales a la nueva Constitución chilena
Economistas como Thomas Picketty y Mariana Mazzucato firmaron una carta en la que más de 40 académicos prestigiosos de todo el mundo elogian a la Convención Constitucional chilena y “el visionario documento que ha producido para asegurar el crecimiento sostenible y la prosperidad compartida”. Señalan que la nueva Constitución, que será sometida a referéndum, “establece un nuevo estándar mundial en su respuesta a las crisis del cambio climático, la inseguridad económica y el desarrollo sostenible”, y destacan que “por primera vez, una constitución reconoce el trabajo del cuidado, la reproducción social y la salud de las mujeres como fundamentales para las perspectivas de la economía”.
Por su parte, en otra carta, coordinada por la Internacional Progresista, unos 200 dirigentes de izquierda llaman a los chilenos a aprobar la nueva Constitución. Firman esta carta Noam Chomsky, Jeremy Corbyn y Jean-Luc Mélenchon, entre otros. “Esta Constitución evidencia las salidas a las crisis que afligen a las sociedades de todo el mundo”, dicen los firmantes, y destacan que “reconoce que la naturaleza tiene derechos”, “actúa frente a la desigualdad” y “responde al despojo indígena”.
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