Apenas asumió el gobierno, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aprobó una serie de decretos que dieron marcha atrás a políticas impulsadas por su predecesor, Jair Bolsonaro.
Entre esas medidas, Lula dispuso la revocación de los procesos de privatización de ocho empresas estatales, entre ellas Petrobras, Correos, empresas de comunicación y de procesamiento de datos, así como la Empresa Brasileña de Administración de Petróleo y Gas Natural SA-Pré-Sal Petróleo SA.
Al revertir esos procesos el nuevo presidente argumentó que la decisión busca “asegurar un análisis riguroso de los impactos de la privatización sobre el servicio público o sobre el mercado”, informó la revista Carta Capital.
Otra de las medidas impulsadas por el líder del Partido de los Trabajadores (PT) fue la de reactivar el Fondo Amazonia, que está conformado por donaciones de Alemania y Noruega para contribuir a la preservación de la selva amazónica. Ese fondo, que cuenta actualmente con unos 600 millones de dólares, fue suspendido en 2019 por Bolsonaro. El nuevo gobierno se propone recuperar esos recursos y utilizarlos en programas impulsados por el Ministerio de Medio Ambiente.
Con el mismo objetivo de proteger la Amazonia, Lula conversó este lunes con el presidente colombiano, Gustavo Petro. Los mandatarios hablaron sobre la necesidad de alcanzar “un gran pacto para salvar la selva amazónica en favor de la humanidad”, según tuiteó el mandatario colombiano. Los dos presidentes también dialogaron sobre la idea de Lula de convocar a una cumbre con los gobernantes de los nueve países que comparten la Amazonia, que según informó la agencia Efe, sería celebrada en una ciudad brasileña en el primer semestre de este año.
Petro agregó que durante su encuentro con Lula conversaron además sobre hacer un “estudio de la interconexión eléctrica de las Américas con fuentes de energía limpias”, y celebró que con la nueva administración Brasil sea un “garante de la paz” para Colombia.
Por otra parte, mediante uno de sus primeros decretos, Lula suspendió la emisión de permisos para la compra y la creación de clubes de tiro, promovida por el gobierno anterior, defensor de que la población civil se arme. Del mismo modo, el nuevo presidente ordenó que se elabore un registro del armamento que haya sido adquirido por civiles en los últimos cuatro años y que se elabore una nueva política de desarme.
Otra de las medidas del nuevo presidente determina que la Contraloría General de la Unión evalúe en un plazo de 30 días la decisión del gobierno anterior de imponer un secreto de 100 años sobre documentos e información oficial.
También se incluye entre las primeras decisiones de Lula la de garantizar el pago de 600 reales, unos 112 dólares, a las familias inscritas en el actual programa Auxilio Brasil, que a partir de ahora pasará a llamarse Bolsa Familia, tal como era su denominación durante los anteriores gobiernos del PT. Otros decretos ajustan el número de ministerios a 37 y amplían la exención de impuestos sobre los combustibles.
Según informó Folha de São Paulo, una de las nuevas normas revoca una decisión de la administración anterior que redujo a la mitad ciertas alícuotas de impuestos que pagan grandes empresas. El decreto de la administración Bolsonaro fue firmado el 30 de diciembre por el vicepresidente Hamilton Mourão, luego de que el presidente dejara el país para viajar a Estados Unidos. Dejar sin efecto esa reducción puede significar un ingreso de un millón de dólares (5.800.0000 millones de reales) para las arcas del Estado durante 2023, señaló el periódico.
El equipo de Hacienda de Lula había manifestado su preocupación por las medidas del gobierno saliente que pudieran condicionar los ingresos de la nueva administración.
Este lunes el nuevo ministro de Hacienda, Fernando Haddad, asumió su cartera, y destacó la importancia de que la economía sea previsible y de la transparencia en las cuentas públicas. “No estamos aquí para aventuras. Estamos aquí para asegurar que el país vuelva a crecer para atender las necesidades de la población en salud, educación, en el ámbito social y, al mismo tiempo, para garantizar equilibrio y sustentabilidad fiscal”, dijo Haddad. “Vamos a trabajar día y noche para que Brasil restablezca su relación comercial con el mundo y garantizar las inversiones en nuestro país”, agregó.