Los manifestantes que reclaman el adelanto de las elecciones para 2023, el cierre del Congreso y la salida de la presidenta Dina Boluarte, volvieron a las calles y rutas de Perú, después de una tregua declarada por las fiestas de fin de año.
En más de 30 puntos las carreteras del país fueron bloqueadas, sobre todo en el sur, lo que llevó a que empresas de transporte de pasajeros tuvieran que suspender sus servicios o limitarlos a las provincias que no están movilizadas, según informó el diario peruano La República. La mayoría de las carreteras bloqueadas se encontraban en la región andina de Puno, en el sur, pero también en cinco zonas vecinas.
En Lima, cientos de personas se concentraron en distintas plazas céntricas e intentaron marchar hacia el Congreso, pero la Policía les impidió avanzar y las dispersó con gases lacrimógenos, según publicó la agencia Efe. En Arequipa, la segunda ciudad más grande del país, un grupo de personas se dirigió hacia el aeropuerto local, y también en las ciudades de Huancayo, Piura y Ayacucho se reiteraban las protestas.
Hasta este jueves no se registraron incidentes que dejaran heridos o muertos, como sí los hubo en diciembre. Según la Defensoría del Pueblo “sólo hubo un enfrentamiento entre policías y manifestantes a la altura del puente Añashuayco, cerca del aeropuerto de Arequipa”, informó el diario El Comercio. El representante adjunto en materia de conflictos sociales y gobernabilidad de la defensoría, Rolando Luque, dijo a ese periódico que sólo ocurrieron dos incidentes. En uno se quemó una cabina de peaje, en Puno, y en otro fue atacado un ómnibus, en Tacna. En Cusco, el transporte público se unió a la protesta.
Cuando comenzaron las primeras marchas, el miércoles, el primer ministro peruano, Alberto Otárola, pidió a los manifestantes que respetaran “la vida e integridad” de otras personas. “Los 33 millones de peruanos queremos vivir en paz”, dijo y agregó que la Policía estaba “realizando un trabajo muy profesional y siempre con el mandato constitucional de respetar la vida e integridad” de los ciudadanos.
Las protestas fueron convocadas por organizaciones sociales, regionales y políticas, que además de un cambio de gobierno reclaman la formación de una asamblea constituyente. Comenzaron originalmente tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, que se precipitó después de que intentara clausurar el Congreso y gobernar por decreto.
Tensiones con Evo Morales
Boluarte dijo a la emisora PBO que está analizando junto a la Cancillería y las autoridades de Migraciones “la situación de ingreso [al país] de Evo Morales”, el expresidente de Bolivia, porque considera que interviene de manera indebida en la crisis de Perú. Morales, que ha sido cercano a Pedro Castillo, lo ha defendido en las redes sociales desde su destitución.
“Nadie, ninguna persona, ningún expresidente, ningún líder de otro país, tiene por qué intervenir en temas internos”, dijo Boluarte. Agregó que si Morales “quiere seguir siendo líder en Bolivia, en Bolivia tiene que ejercer su papel de líder social y político”, pero no debe hacerlo en Perú.
Según recordó Efe, en noviembre de 2021, la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano declaró persona non grata a Morales “por su negativo activismo político en Perú y su evidente injerencia e intromisión en la agenda del gobierno”, por entonces liderado por Castillo.
En respuesta, Morales dijo este jueves en Twitter: “Damos la otra mejilla ante los ataques políticos de la derecha peruana. Pero por favor, paren las masacres, detenciones ilegales, persecución y 'terruqueo' contra nuestros hermanos indígenas”. Agregó que “no habrá paz sin justicia social” y dijo que “el Perú profundo demanda una transformación de fondo”.
Damos la otra mejilla ante los ataques políticos de la derecha peruana. Pero por favor, paren las masacres, detenciones ilegales, persecusión y "terruqueo" contra nuestros hermanos indígenas. No habrá paz sin justicia social. El Perú profundo demanda una transformación de fondo.
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) January 5, 2023