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El vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, en Asunción (archivo, agosto de 2022).

Foto: Norberto Duarte, AFP

Estados Unidos sancionó al vicepresidente paraguayo, Hugo Velázquez, y al expresidente Horacio Cartes

2 minutos de lectura
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El Departamento de Estado manifestó que las medidas se deben a su “implicación en una corrupción sistemática”

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Leído por Andrés Alba
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“Las sanciones de hoy [...] son el resultado de un proceso deliberativo y están basadas en información creíble y corroborada”, dijo ayer el embajador de Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, en conferencia de prensa. Poco antes se había conocido la decisión de su país de sancionar al actual vicepresidente paraguayo, Hugo Velázquez, y al expresidente Horacio Cartes, los dos del Partido Colorado.

El Departamento de Estado estadounidense manifestó en un comunicado que tomó la decisión por la implicación de los dos dirigentes en “una corrupción sistemática que ha socavado las instituciones democráticas en Paraguay”. De ese modo, quedan congelados los activos que Cartes y Velázquez puedan tener en Estados Unidos y se establece la prohibición para los estadounidenses de negociar con cualquiera de los dos, así como con cuatro empresas controladas por Cartes: Tabacos USA Inc., Bebidas USA Inc., Dominicana Acquisition S.A. y Frigorifico Chajha S.A.

Según citó la agencia Efe, el Departamento de Estado señaló que durante “más de una década” Cartes aprovechó su “riqueza adquirida ilegítimamente y su influencia para expandir su poder político y económico en las instituciones paraguayas”. Agregó que durante su gobierno, que se extendió de 2013 a 2018, y en los años siguientes Cartes mantuvo un “patrón coordinado” de corrupción.

De acuerdo con el diario Última Hora, el embajador estadounidense afirmó: “El señor Cartes mantuvo control sobre la formulación de políticas a través de sobornos mensuales en efectivo pagados a legisladores leales. Estos pagos compraron apoyo para resoluciones y votos de su interés. Estas acciones han continuado desde que dejó el cargo. El señor Cartes aseguró la eficacia de este esquema cortando el flujo de pagos a los legisladores que no cumplían con sus órdenes”.

Acerca de Velázquez, el Departamento de Estado dijo que está involucrado “extensamente” en prácticas corruptas, y que “ha trabajado para interferir en procedimientos judiciales con el objetivo de protegerse a sí mismo y a otros socios criminales de cualquier investigación y ha amenazado a aquellos que podrían exponer su actividades criminales”. Ostfield agregó que el vicepresidente incurrió en delitos “como vender su influencia política al mejor postor”.

Según informaron ABC Color y Última Hora, en la conferencia de prensa que dio ayer Ostfield agregó que “tanto Cartes como Veláquez tienen vínculos con miembros de Hezbolá, una entidad designada por el Departamento de Estado como Organización Terrorista Extranjera”. El embajador dijo que Hezbolá organizaba en Paraguay encuentros privados “donde los políticos hacían acuerdos por favores, vendían contratos estatales y discutían los esfuerzos de aplicación de la ley a cambio de sobornos”. Velázquez respondió ayer: “Jamás. Niego categóricamente que yo haya enviado a alguien a alguna reunión con gente involucrada con el terrorismo”.

Los dos dirigentes colorados ya habían ingresado el año pasado en una lista negra de Estados Unidos, que los había calificado como “significativamente corruptos”. Esto les impedía el ingreso a ese país. En ese momento, Velázquez renunció a ser precandidato a la presidencia por el Partido Colorado y llegó a anunciar su dimisión al cargo de vicepresidente, pero luego cambió de opinión y dijo que no renunciaría. Tanto entonces como ayer negó las acusaciones. “No voy a renunciar, no cambió nada de lo que había expresado en la primera vez [...] Es todo mentira”, dijo. Agregó que las sanciones no lo afectan porque no tiene bienes ni cuentas en Estados Unidos. “Salvo el golpe mediático”, agregó.

El abogado de Cartes, Pedro Ovelar, dijo que las acusaciones son “injustas y carentes de fundamentos y pruebas”, que “provienen de una acción unilateral” y “sin ninún derecho a la defensa”.

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