Los ministros del nuevo gobierno israelí todavía se están acomodando en sus sillones, pero ya lanzaron una serie de iniciativas que implican prontos y graves enfrentamientos.
El frente abierto ya por gobiernos israelíes anteriores, debido a las iniciativas actuales, puede rápidamente entrar en una sangrienta colisión con el de la Autoridad Palestina.
El ministro de Finanzas israelí del Ejecutivo que encabeza Benjamin Netanyahu, el ultraderechista Bezalel Smotrich, anunció la semana pasada nuevas sanciones económicas contra la Autoridad Palestina como represalia por haberse dirigido a la Corte Internacional de La Haya para denunciar las violaciones constantes de Israel a la ley internacional: perpetuar la ocupación de Cisjordania y Jerusalén Este, traspasar poblaciones de colonos israelíes a los territorios conquistados en la guerra de 1967, gobernar esos territorios mediante leyes distintas y discriminatorias a poblaciones palestinas (jurisdicción militar) e israelíes (legislación civil), despojar de tierras a la población local y someterla a todo tipo de limitaciones, y perpetuar la ocupación militar, entre otras cosas.
Al haber suspendido Israel, ya hace bastantes años, las negociaciones para una solución pacífica del conflicto, y tras advertir largamente que si no se reanudan las conversaciones la Autoridad Palestina terminará usando su derecho de queja ante las cortes internacionales, la denuncia fue finalmente presentada en 2021 y a partir de ella, tras decidir la Organización de las Naciones Unidas que el caso corresponde a la jurisdicción de la Corte Internacional de La Haya, ahora se abrió la investigación fiscal correspondiente.
Mientras que el gobierno anterior ninguneó directamente las advertencias palestinas, el actual parece determinado a llegar rápidamente a un enfrentamiento.
En concreto, Smotrich anunció que Israel descontará alrededor de 40 millones de dólares de los impuestos que corresponden a la Autoridad Palestina y que ya habían sido congelados en 2018, y que, además, ahora recalcularía cuánto dinero adicional debería retener Israel a cuenta de los impuestos que debe pasarle a la Autoridad Palestina por cuenta del año pasado.
Se trata de uno de los elementos incluidos en los acuerdos de Oslo (1993), que dejan a Israel como cobrador de impuestos que corresponden a la Autoridad Palestina por importación de bienes (Israel controla todas las fronteras) y por los asalariados de los territorios palestinos que trabajan dentro de Israel o en empresas israelíes en las colonias.
En una maniobra demagógica, Smotrich anunció que se trataba del equivalente al dinero que la Autoridad Palestina paga como asistencia social a las familias (viudas y huérfanos) de terroristas muertos o presos en cárceles israelíes, y que ese dinero el gobierno israelí lo destinará a indemnizar a familias de las víctimas del terrorismo palestino.
De acuerdo con la demagogia nacionalista usual en la mayoría de la prensa israelí, todo palestino muerto en enfrentamientos con fuerzas de seguridad israelíes es calificado de “terrorista”. Al preguntársele si no temía que las retenciones financieras adicionales llevaran a un colapso de la Autoridad Palestina, Smotrich respondió: “Mientras la Autoridad Palestina aliente el terrorismo y sea un enemigo, ¿qué interés tengo en que exista?”.
Esta amenaza con provocar el colapso y el desmantelamiento de la Autoridad Palestina hizo que altas fuentes militares israelíes se apresuraran a recalcar ante periodistas israelíes, contrariando a Smotrich, que la coordinación de seguridad con la Autoridad Palestina es muy efectiva y que evita atentados terroristas. Smotrich, quien además de ser ministro de Finanzas asumió la responsabilidad por la administración civil en los territorios ocupados, reclamó y obtuvo el permiso del ministro de Defensa, Yoav Galant, del Likud, para tener una entrevista, que tuvo lugar este jueves, con el ya designado futuro comandante general del Ejército, probablemente para alinearlo con su política de confrontación.
Entre las sanciones a la Autoridad Palestina está el impedimento al ministro de Relaciones Exteriores palestino, Riyad al Maliki, de viajar al exterior y la remoción de permisos de libre circulación por carreteras a varios funcionarios, medidas que dificultan el cumplimiento de sus tareas.
Por su parte, el primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohammad Shtayyeh, concedió una excepcional entrevista al periódico israelí Haaretz en la que advirtió que la Autoridad Palestina está al borde del colapso financiero.
Shtayyeh defendió el derecho a acudir ante cortes internacionales y agregó: “Los anteriores gobiernos israelíes intentaron liquidar la opción de una paz basada en dos estados, y el actual quiere liquidar a la institución de la Autoridad Palestina”.
Paralelamente, ministros y diputados del nuevo gobierno anuncian la inminente “legalización” de varias colonias israelíes que fueron instaladas en los últimos años por la vía de los hechos por sectores de colonos extremistas, así como la ampliación de otras. Se estudia incluso la fórmula legal que evite fallos jurídicos como el de Amona, un asentamiento situado en Cisjordania, al noreste de Ramala, la capital palestina, que fuera desmantelado en 2016 por haber sido construido sobre tierras que eran propiedad privada de palestinos.
En otras palabras, se busca modificar la legislación de manera que permita lisa y llanamente la instalación de colonias sobre propiedad privada de campesinos palestinos, sin los largos y a veces tortuosos trucos legales que no siempre tenían éxito para despojarlos en décadas anteriores.
En el terreno, el Ejército israelí prosigue sus políticas ofensivas de incursiones en poblados palestinos con el objetivo de detener a jóvenes sospechosos de estar involucrados en actividades en organizaciones guerrillas, por arrojar piedras o simplemente por militar políticamente contra la ocupación israelí.
Estas incursiones suelen convertirse en enfrentamientos entre las patrullas y la población local, con un grave precio de sangre.
Este jueves murió en Kalandia, Cisjordania, Samir Asalan, un palestino de 41 años que fue baleado al intentar impedir la detención de su hijo adolescente por parte de una patrulla militar israelí.
Kalandia es un campamento de refugiados palestinos en el que viven aproximadamente 10.000 habitantes, situado dentro de las fronteras que Israel unilateralmente anexó a Jerusalén.
Los enfrentamientos en los territorios ocupados se agravaron ya bajo el gobierno anterior. Ahora todo indica que Israel, dirigido por una coalición integrada por partidos que abiertamente proponen desmantelar lo que queda de los acuerdos de Oslo, marcha voluntariamente hacia un brutal enfrentamiento generalizado con los palestinos en los territorios ocupados.
Los titulares de la prensa israelí, sin embargo, están más centrados en otras iniciativas del nuevo gobierno extremista.
Itamar ben Gvir, el otro dirigente de la ultraderecha, convertido en ministro de Seguridad Nacional, reclamó a la Policía el uso de mano dura ante las movilizaciones de protesta que el fin de semana pasado incluyeron la interrupción temporaria del tránsito en avenidas y calles céntricas de la ciudad de Tel Aviv. Con exhortaciones públicas y en reuniones con jefes de Policía, Ben Gvir pretende convertir a las movilizaciones ya anunciadas para el próximo fin de semana, en una prueba de obediencia para los jefes policiales.
Lo más preocupante es la instrucción de Ben Gvir a los integrantes de las fuerzas policiales de evitar el izamiento de la bandera palestina en cualquier circunstancia. La bandera palestina es el símbolo de identificación nacional no sólo de los palestinos en los territorios ocupados, sino también de los árabes palestinos ciudadanos de Israel, que son el 20% de su población. Si la Policía llegara a acatar esa “prohibición”, que además no tiene asidero legal alguno, rápidamente podría desencadenarse una serie interminable de enfrentamientos con la población árabe. Sin duda, esa es parte de la estrategia de Ben Gvir, un racista abierto y violento que hasta hace no mucho tiempo propugnaba sin ambages la expulsión de la población árabe de Israel.
Las élites israelíes, por su parte, demuestran una mayor preocupación por la reforma judicial anunciada por Iariv Levin, el ministro de Justicia y uno de los políticos más allegados a Netanyahu en el Likud.
La reforma judicial propone una mayor injerencia política en la comisión de denominación de jueces, la delimitación de las posibilidades de la Corte Suprema de Justicia de anular leyes aprobadas en el Parlamento por supuesta inadecuación a las leyes fundamentales del Estado (en Israel no existe una Constitución), serias limitaciones a la capacidad de la Corte Suprema a cuestionar decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo, y la anulación de la autonomía profesional de los asesores jurídicos en los ministerios.
Esta reforma es considerada un ataque al Poder Judicial, que allanaría el camino para futuras legislaciones y decisiones políticas sin escollos legales.
Sin duda, se juegan en esto los futuros intentos de Netanyahu por salvarse del juicio por corrupción, que continúa, y el futuro agravamiento de legislación abiertamente discriminatoria contra la población árabe, que en algunos casos las cortes en el pasado habían declarado improcedente por contradecir leyes fundamentales que supuestamente garantizan la igualdad entre los ciudadanos.
La reforma legal evidentemente incluye numerosos peligros y es la que convoca el más amplio rechazo, ya que no sólo amenaza avasallar a las minorías y a los sectores sociales con menor poder político, sino que también amenaza posiciones e intereses de diversos grupos de la élite social y cultural.
Israel ya acelera hacia grandes y graves enfrentamientos.
Queda por ver cómo maniobra Netanyahu para dosificarlos. Lo más probable es que intente utilizar enfrentamientos con los palestinos en los territorios ocupados y/o con los ciudadanos árabes de Israel, en un intento de “unificar” a la opinión pública judía y neutralizar de esa manera algunas oposiciones.
Sin embargo, no todo depende de él y de su gobierno.
Las respuestas externas, las presiones internacionales, pueden obligarlo a moderar a los extremistas en su gobierno y evitar el enfrentamiento generalizado con los palestinos.
La oposición interna en Israel ya salió del estado de shock del resultado de las elecciones pasadas y se moviliza. Sin embargo, casi no se atreve a cuestionar las políticas hacia la Autoridad Palestina, lo que alienta al gobierno a acelerar en esa ofensiva.