La crisis política y social peruana comienza a manifestarse en el mercado mundial de minerales. En concreto en el de cobre, metal del que Perú es el segundo productor del mundo después de Chile, y cuya producción se encuentra fuertemente comprometida tras la paralización de actividad en tres de las principales minas del país.
La agencia Bloomberg lanzaba el 19 de enero la voz de alarma y cuantificaba en más de 4.000 millones de dólares el valor que supone que casi 2% de la producción mundial de cobre no esté llegando a los mercados en un momento en el que estos están especialmente necesitados, tras el fin de las restricciones por el covid en China. Cinco días después de la noticia de la agencia especializada, en la que sólo mencionaba la paralización de la mina de Las Bambas (operada por la china MMG) y la reducción de producción de Antapaccay (Glencore) la situación se agudizaba con la paralización total de la segunda y una tercera, la mina Constancia (Hudbay Perú) según informaba Miguel Cardozo, presidente de la convención internacional de empresarios mineros PERUMIN36, a la cadena RCR. “Para salir de esta situación cada vez más crítica lo primero que ha de conseguirse es paz”, declaraba Cardozo y añadía que “el contexto político no estaba siendo manejado adecuadamente.”
Una llamada al diálogo para encontrar una tregua conducente a esa paz es la que hizo la presidenta peruana, Dina Boluarte, en reunión con la prensa extranjera acreditada en Perú el martes. Durante su discurso, trató de explicar y justificar las acciones del gobierno que han tenido como resultado más de 60 fallecidos, en su mayoría en los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad a lo largo del país.
Allí la presidenta fue consultada sobre si ha habido mensajes desde el exterior por la paralización en la producción de cobre. Ya en junio de 2022, el embajador chino en Perú, Liang Yu, se dirigió al gobierno del entonces presidente Pedro Castillo para manifestar su preocupación ante los paros en la mina de Las Bambas por los reclamos de las poblaciones vecinas. El martes, la presidenta negó que hubiera ninguna presión internacional, pero reconoció la dificultad de restablecer la normalidad en el tránsito por carretera que es lo que impide que el mineral llegue a los puertos. “Con la Policía desbloqueamos un día y al día siguiente vuelven, por eso pedimos una tregua”, dijo.
El extenso mensaje de Dina Boluarte estuvo lleno de guiños buscando la empatía de la población altiplánica y surandina. “No soy diferente a ti, mujer provinciana”, dijo en un momento, pero esas mujeres a las que se dirigía no iban a olvidar tan fácilmente los insultos racistas que una policía lanzaba sobre Yolanda Enríquez Vargas, una mujer de 58 años que llegó a Lima desde la ciudad de Huancavelica para participar en las protestas y estaba alojada en la Universidad de San Marcos, donde fue detenida. La imagen de la mujer arrojada en el suelo y esposada dio la vuelta al mundo junto a la de la tanqueta derribando una de las puertas de la universidad para facilitar el ingreso de los policías cuando la puerta adyacente pudo ser abierta con aparente normalidad.
La guerra de imagen e información no está siendo ganada por el gobierno que insiste en minimizar y criminalizar las protestas sin aportar pruebas fehacientes. La presidenta dijo en su discurso que toda la región de Puno estaba tomada por un grupo de personas violentas y radicales y que no es el gobierno el que está generando la violencia. Sus palabras, sin embargo, lejos de pacificar encendieron más los ánimos al decir “Puno no es el Perú”. Posteriormente, la Presidencia explicó en un tuit que “la frase 'Puno no es el Perú' no fue una expresión de discriminación ni soberbia. De haberse malinterpretado, nos disculpamos con las hermanas y hermanos de nuestra querida región altiplánica. Reiteramos nuestro llamado a la paz, el diálogo y la reconciliación”.
El jefe del gabinete de asesores de la presidenta, Raúl Molina, habló en una entrevista publicada en el diario El Comercio sobre los planes del gobierno para afrontar la situación. “El diálogo se construye”, dijo y según escribió el periodista Fernando Vivas, agregó que en el caso de Puno se va a “promover un diálogo territorial entre independientes” con el que colaborarían la iglesia católica y algunos sectores evangélicos, y que se espera contar además con colegios profesionales y autoridades universitarias. Puno es una región que, además, es mirada con mucho interés por los países líderes del mundo al albergar las que podrían ser las primeras reservas de mundiales de litio en los distritos de Macusani y Corani (en la actualidad esperan iniciar operaciones bajo la minera canadiense Macusani Yellowcake propiedad de American Lithium y Platteau Energy Metals).
Las palabras del jefe del gabinete de asesores hacen recordar que el 16 de enero ya hubo una reunión entre el Consejo Interreligioso y la presidenta de la República para tratar de tender puentes al diálogo. Sin embargo, el primer comunicado tras la reunión fue el de monseñor Salvador Piñeiro que anunció que se le retiraba la licencia a Luis Bejar, un sacerdote argentino que ejercía de párroco en la iglesia Santa Isabel de Pucará y que pidió en Tik Tok la renuncia de Boluarte tras las muertes en las protestas. Lo mismo seguían pidiendo este miércoles los manifestantes en Lima.
Juanjo Fernández, desde Lima