El gabinete de ministros que el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, presentó en tres tandas en el último bimestre amplió el número de cargos de 23 a 37 y consideró no sólo las currículas de los elegidos, sino también sus historias de vida.
Así, la dirigente indígena Sônia Guajajara ahora elaborará políticas públicas para las comunidades nativas, Marina Silva volverá al despacho que ya ocupó entre 2003 y 2008 para frenar el desmonte, y Anielle, hermana de la concejala Marielle Franco, asesinada presuntamente por la Policía Militar en 2018 en una favela de Río de Janeiro, asumirá el Ministerio de Igualdad Racial.
El jueves se conoció el último paquete de nombramientos, que incluyó el de la excandidata presidencial por el Movimiento Democrático Brasileño (MDB) Simone Tebet, además del de Silva. En la nómina también estuvo el diputado paulista del Partido de los Trabajadores (PT), Paulo Teixeira.
En su trabajo parlamentario Teixeira, nombrado ministro de Desarrollo Agrario, presentó en 2017 un proyecto de ley que tiene por fin “disciplinar el control, inspección y regulación del uso de cannabis y sus derivados”, entre otras disposiciones. La iniciativa busca regular la importación, exportación, siembra, cultivo, cosecha, producción, fabricación, tránsito, transporte, adquisición a cualquier título, almacenamiento, explotación, comercio, distribución, suministro, posesión y uso de cannabis y sus derivados.
“Tengo [ingresada] una propuesta que se asimila al proyecto de Uruguay”, contó Teixeira en una entrevista con la diaria. “Estuve en Uruguay antes de que sea aprobada la ley y después estuve para aprender”.
El proyecto contempla usos del cannabis, facultando a los médicos a recetar e informar al respecto de la planta y habilitando a los pacientes a cultivar, conservar y usar la hierba y sus derivados.
“En primer lugar, es importante aprobar el uso medicinal, que ya fue aprobado en comisión y cámara. Después creo que podemos salir de la estrategia de la guerra contra las drogas, que terminó siendo una estrategia de superencarcelamiento y fuerte represión a las comunidades más pobres, a las poblaciones afrodescendientes”, analizó el autor del proyecto. Y enfatizó: “Creo que tenemos que cambiar la política y, en ese cambio de políticas de drogas, el ejemplo que más se le aproxima al brasileño es el uruguayo”.
El uso recreativo de la planta está contemplado en la segunda parte de la iniciativa presentada por Teixeira, quien propone que los usuarios puedan adquirir la hierba en clubes de cultivo, conservar y transportar hasta 40 gramos.
También está previsto que se pueda cultivar hasta seis plantas hembras en el ámbito doméstico y conservar “sin prensar” hasta 40 gramos de flores. Ese cultivo estaría exento de registro, inspección y fiscalización. Además, esos límites podrían extenderse con la presentación de una receta prescrita por un médico.
“Se considera cultivo colectivo la siembra, cultivo y cosecha de cannabis con efecto psicoactivo desarrollado y mantenido por una asociación civil sin fines de lucro, creada y mantenida para este fin específico, con el objeto de satisfacer las necesidades de uso personal de sus miembros asociados”, refiere en la norma el ítem sobre clubes de cultivo.
El texto también contempla la regulación del uso industrial del cannabis, plantea las reglas para la producción a gran escala para exportación o provisión nacional y nombra como órgano ejecutor a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria.
Un proyecto a la medida y semejanza del que en Uruguay cumple una década de vigencia en el año que empieza.
Un punto innovador es el que interpela al poder judicial y las fuerzas policiales, más parecido a algunos marcos regulatorios que rigen en estados de los Estados Unidos, y que contempla amnistías y liquidación de penas para personas con antecedentes o cargos relacionados con la posesión o el uso de cannabis.
“Si se reglamenta el uso adulto, evidentemente quien esté preso por esa razón va a salir. También propongo que en relación a las demás drogas hay que tener un criterio objetivo de cantidad para uso en determinada cantidad de días. Esa es la delimitación de quién es un traficante y quién es un usuario, tomado del modelo portugués”, agrega Teixeira.
La puja parlamentaria será una de las discusiones de este 2023 en Brasil, de la que Lula se atajó diseñando un gabinete de gran consenso partidario. En respuesta, el Parlamento le aprobó, aun antes de asumir, un plan social para que la paga que reciben 21 millones de excluidos quede fuera del límite legal de gasto durante su mandato.