El exsecretario de Seguridad de Brasilia Anderson Torres fue detenido el sábado por delitos vinculados con los ataques del 8 de enero contra los tres poderes del Estado. Se indaga si cometió omisión en sus tareas y facilitó así el avance de los atacantes.
Torres, que hasta diciembre era ministro de Justicia de Bolsonaro, asumió el 2 de enero su cargo en el distrito federal, pero cinco días después viajó de licencia a Orlando, Estados Unidos. El mismo 8 de enero fue removido del cargo y la seguridad de la capital fue intervenida por el gobierno federal.
Ante el requerimiento de la Justicia y un inminente pedido de extradición, Torres regresó a Brasil el sábado. Viajó en un vuelo de línea y fue detenido al llegar al aeropuerto de Brasilia. Pero regresó sin su celular, según informó O Globo, y por lo tanto no entregó el aparato para someterlo a un peritaje.
La posibilidad de que ocurrieran ataques el domingo 8 había sido advertida a las autoridades de Brasilia por la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) el 6 de enero, un día antes de que Torres se fuera del país. Sin embargo, el despliegue de seguridad que previó su secretaría no evitó que una multitud de bolsonaristas invadiera las sedes del Supremo Tribunal Federal, el Congreso y el Poder Ejecutivo llamando a tomar el poder.
Según el informe de la Abin, se pudo prever que había bolsonaristas que protestaban en las calles y que tenían “la intención de practicar actos de violencia”, informaron el diario Folha de São Paulo y la agencia Europa Press. Se advirtió en ese documento acerca de una “alarmante” concentración de personas que llegaban de otros lugares del país para una “toma del poder” y una “invasión del Congreso”.
Torres es investigado también por el hallazgo en su domicilio de un borrador de decreto que buscaba intervenir el Tribunal Superior Electoral y eventualmente revertir el resultado de las elecciones presidenciales del 30 de octubre. Según dijo en sus redes sociales el exministro, ese documento fue “sacado de contexto” y había sido descartado.
De acuerdo con O Globo, en la investigación sobre lo ocurrido el 8 de enero también se tomó declaración al gobernador del distrito federal, Ibaneis Rocha, que fue apartado del cargo por el Congreso por 90 días. En su testimonio, Rocha dijo que hubo algún tipo de sabotaje de las fuerzas de seguridad de Brasilia.
Por otra parte, la Justicia avanzó también en indagar un intento de atentado que ocurrió antes del 8 de enero. El Tribunal de Justicia del Distrito Federal de Brasilia admitió la denuncia presentada por la Policía contra tres bolsonaristas que preparaban un artefacto explosivo para colocarlo en un camión cisterna de combustible cerca del Aeropuerto Internacional de Brasilia. Los tres denunciados planearon el atentado en uno de los campamentos bolsonaristas que pedían un golpe de Estado.
La investigación comenzó el 24 de diciembre, cuando el conductor del camión informó a la Policía que había encontrado un objeto extraño. Finalmente, el dispositivo fue detonado de forma controlada.
Los tres sospechosos fueron detenidos por poner “en peligro la vida, la integridad física o el patrimonio de otras personas mediante la explosión o colocación de un artefacto” explosivo, informaron Folha de São Paulo y O Globo. A ese delito le corresponde una pena de tres a seis años de prisión, y la Fiscalía pide que se incremente por el agravante de que el explosivo se colocara en un camión de combustible. Según informó Europa Press, la fiscalía también señaló que “el objetivo de los denunciados era cometer infracciones penales que pudieran causar conmoción social para que hubiese una intervención militar y se decretara el estado de sitio”.
Lula cambia a la cúpula de los medios públicos
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, nombró en forma transitoria a la periodista Kariane Costa al frente de la Empresa Brasileña de Comunicación, de la que dependen medios como la agencia de noticias Agência Brasil, la emisora Radio Nacional y TV Brasil. Según informaron Folha de São Paulo y la agencia Télam, uno de los motivos que aceleraron el cambio en esas reparticiones, que todavía estaban conducidas por autoridades designadas por el gobierno de Jair Bolsonaro, fue la cobertura que hicieron de los ataques del 8 de enero, en la que presentaban como “manifestantes” a las personas que asaltaron los tres poderes del Estado con expectativas de tomar el poder y desconocer el resultado de las elecciones.