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Policías antidisturbios y manifestantes contra el decreto de emergencia del presidente Javier Milei en Buenos Aires el 27 de diciembre de 2023.

Foto: Luis Robayo, AFP

El gobierno de Milei envió al Parlamento la ley ómnibus que incluye 664 artículos e implica una profunda reforma del Estado

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Más temprano, las principales centrales sindicales se manifestaron contra el DNU firmado por el presidente la semana pasada.

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Leído por Mathías Buela.
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El ministro del Interior argentino, Guillermo Francos, le entregó en la tarde del miércoles la denominada ley ómnibus al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El paquete de normas denominado oficialmente Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, incluye 664 artículos que abarcan una enorme variedad de temas, que implica una profunda reforma del Estado y será analizado por los legisladores durante las sesiones extraordinarias del Congreso que se realizarán hasta el 31 de enero.

A diferencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el presidente Javier Milei la semana pasada, para que este texto entre en vigencia debe ser aprobado por el Congreso, porque establece en su mayoría medidas de tipo impositiva, penal, económica y de legislación electoral, que impide que sean legisladas por decreto, informó eldiarioar.com.

En la introducción del extenso texto, informó Página12, el Ejecutivo explica que una de sus propuestas es que “haga efectiva la delegación legislativa prevista en el artículo 76 de la Constitución Nacional, declarando la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025”. Esto implicaría que se deleguen facultades legislativas al Poder Ejecutivo en todos esos ámbitos.

Paralelamente, dentro del paquete de normas se destaca la posibilidad de la privatización de las compañías estatales y las sociedades en las que el Estado argentino tiene control total o mayoritario.

Esta norma, en caso de ser aprobada, habilitaría la venta de más de 40 empresas, entre las que se encuentran la energética Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación, la Administración General de Puertos y todos los medios de comunicación estatales.

Por otra parte, de acuerdo a lo que consignó Infobae, la ley ómnibus incluye una amplia moratoria para deudas impositivas, un blanqueo de capitales para activos en el país y en el exterior y una modificación para el impuesto sobre los Bienes Personales que contemplará la posibilidad de un pago anticipado de ese tributo por obligaciones de los próximos cuatro años y, además, una baja gradual en las alícuotas.

El texto enviado por el Ejecutivo también contempla cambios en el Código Penal, aumentando las penas contra las personas que organicen protestas callejeras.

“Quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe”, se expresa en el texto, de acuerdo a lo que informó la agencia Télam.

Además, la ley ómnibus de Milei contempla la eliminación de las elecciones internas, las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), propuesta que tiene aceptación en varios sectores políticos y también una modificación en el régimen de elección de los integrantes de la Cámara de Diputados.

El análisis del enorme paquete normativo llegó unas horas después de que se produjera una movilización de las principales organizaciones sindicales del país, la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos ramas de la CTA (la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma y la Central de Trabajadores de la Argentina de los Trabajadores), además de otras organizaciones sociales, que marcharon para rechazar el DNU firmado por Milei la semana pasada.

La manifestación de las entidades gremiales transcurrió en un clima de bastante normalidad, siguiendo las normas del protocolo antipiquetes impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La jerarca en el final de la tarde dio una conferencia de prensa en la que valoró el carácter “ordenado” de la manifestación, más allá de que cuando la marcha se estaba desconcentrando, se produjeron algunos incidentes entre manifestantes y la Policía en el centro de la ciudad de Buenos Aires que se saldaron con la detención de seis personas.

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