Al filo de 2024, 63 estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) siguen criminalizando los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo. Desde 2021, sólo cinco países los despenalizaron: Antigua y Barbuda, Barbados, San Cristóbal y Nieves, Singapur y Mauricio. Así lo reporta el Informe Nuestras identidades bajo arresto, elaborado por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA). Esta edición recopila más de 1.300 casos de aplicación de la ley penal contra la diversidad sexual en 72 países de todo el mundo y toma nota de más de 600 nuevos casos de detenciones y procesamientos judiciales contra LGBTIQ+ en países donde las leyes criminalizan a estas identidades. Principalmente, en Asia y África.
Lo recopilado, mucho menos que lo real
Se trata de la segunda edición del reporte. En comparación con el primero, publicado en 2021, este estudio “presenta una expansión sustancial en la recopilación de casos”, por ejemplo, con la inclusión de 600 nuevas detenciones y procesamientos judiciales.
“Lo recopilado representa apenas una mínima fracción de los casos reales”, subrayó Lucas Mendos, gerente de investigación de ILGA Mundo. Y agregó: “Es imperativo que los estados dejen de aplicar estas normas de manera inmediata”.
“Es crucial destacar que la dificultad para obtener y documentar esta información es enorme. Lo recopilado representa apenas una mínima fracción de los casos reales. Muchos nunca se denuncian, no se registran o se pierden en registros incompletos”, advirtió Mendos.
Cambios regresivos
En 2023, Uganda adoptó una nueva y agresiva legislación, con un impacto negativo para toda la región. Kenia, Tanzania, Nigeria, Ghana y Senegal también intentaron agravar su legislación vigente, al tiempo que Níger, Malí, Irak e Indonesia experimentaron un aumento de los esfuerzos para criminalizar formalmente a personas LGBTIQ+.
“Además, llama la atención el cambio significativo en países en los que en los últimos cinco años no existían registros de detenciones y procesamientos y ahora sí existen instancias documentadas. Son los casos de Burkina Faso, Burundi, Comoras, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Jordania, Libia, Maldivas y Papúa Nueva Guinea”, detalló Mendos.
De los 72 países incluidos en este informe, sólo 53 mantienen leyes explícitas que penalizan los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo. Sin embargo, hay países –como Egipto e Irak– donde existe una criminalización de facto debido al uso sistemático e institucionalizado de normas aparentemente no relacionadas o ambiguas para perseguir a las personas LGBTIQ+.
La diversidad como chivo expiatorio
Para entender mejor cómo impactan estas leyes y estos datos a nivel político global y para nuestra región, planteamos algunas preguntas a Mendos.
¿Qué análisis hacés sobre la situación política de los países que analizaron y las violencias que se desplegaron?
Un patrón que se repite es la combinación de referentes políticos, líderes religiosos y medios de comunicación alineados en discursos antidiversidad que muchas veces generan escalofríos. Desde los liderazgos políticos, religiosos y comunitarios, hay una instrumentalización sistemática de la diversidad como chivo expiatorio casi constante. Se utiliza para movilizar y escandalizar a la opinión pública y muchas veces como estrategia de distracción de otros temas de la agenda política. En muchos de estos países, la diversidad sexual y de género termina siendo víctima de una manipulación que genera un caldo de cultivo para la proliferación de niveles altísimos de hostilidad, magnificados en el debate público, en las redes sociales, en las iglesias –que poseen un enorme poder de influencia– y en las calles. Si bien no forma parte del objeto principal del informe, el fenómeno de la desinformación y su potencial impacto en la percepción pública y las dinámicas políticas se deja ver en varios países.
¿Cómo puede influir la recopilación de estos datos?
Es necesaria para demostrar que las leyes que criminalizan están muy lejos de ser leyes inactivas que “duermen” en los códigos penales, lo que muchos estados aún sostienen cuando en la ONU se les pide que rindan cuentas al respecto.