Una nueva ley que limita los derechos de los inmigrantes en Francia y que endurece las condiciones para que los extranjeros lleguen a residir legalmente fue aprobada el martes, con 268 votos a favor.
La norma, impulsada por el gobierno de Emmanuel Macron, recibió el apoyo de una mayoría de los diputados oficialistas y de la totalidad de las bancadas de Los Republicanos, de derecha, y de la Agrupación Nacional, de extrema derecha. Otros 186 legisladores votaron en contra, entre ellos 27 del oficialismo.
El proyecto de ley, que fue endurecido el mismo martes al incorporar modificaciones que reclamaban los representantes de Los Republicanos, fue promovido por el gobierno bajo el argumento de que llegan demasiados inmigrantes a Francia. Para disuadirlos, consideró el oficialismo, es necesario cambiar las condiciones en las que el país los recibe.
La iniciativa aprobada restablece el delito de residencia ilegal y dispone que para acceder a las prestaciones familiares y la ayuda a la vivienda que existe en Francia es necesario contar con cinco años de residencia regular, en lugar de seis meses, como actualmente se exige, informaron Le Monde y Europa Press.
La propuesta contempla además que se retire el permiso de residencia para quien cometa delitos contra las fuerzas de seguridad o incumpla los “valores de la República”.
La nueva legislación permite retener a ciertos solicitantes de asilo en la frontera y se establecen cuotas migratorias que dificultan la inmigración de estudiantes, así como la reunificación familiar, es decir, la posibilidad de que un inmigrante regularizado pueda llevar a Francia a sus familiares.
La primera ministra, Élisabeth Borne, admitió este miércoles que algunas de las medidas que incluye esta ley pueden resultar inconstitucionales. Por eso, el presidente va a remitir el texto legal al Consejo Constitucional, que se encarga de verificar que las leyes no contravengan la carta magna. Si la norma pasa ese control, sólo deberá ser promulgada por Macron para entrar en vigor.
Como ejemplo de una disposición que causa dudas, Borne mencionó que “se prevé que, si mañana alguien se casa con un canadiense o un japonés, no pueda venir a Francia si no habla bien francés”.
En una entrevista con France Inter, Borne negó que la norma haya causado divisiones en el gobierno, pese a que el ministro del Interior, Gérald Darmanin, había manifestado dudas sobre su constitucionalidad. También negó que Macron haya recibido una carta de renuncia del ministro de Salud, Aurélien Rousseau, cuya dimisión en rechazo a la nueva ley confirmaban este miércoles distintos medios franceses.
La primera ministra sí admitió que esta iniciativa causó malestar en sectores del oficialismo, pero destacó que cerca de 80% de los diputados que suelen apoyar al gobierno con su voto se pronunció a favor.
Para la extrema derecha de Agrupación Nacional, liderada por Marine Le Pen, la aprobación de este proyecto fue una “victoria ideológica” propia. Sin embargo, según informó Efe, Borne insistió en que la iniciativa salió adelante con votos del macronismo y de Los Republicanos, sin necesidad de contar con el partido de Le Pen, y dijo que el “cordón sanitario” que el sistema político francés aplica a la ultraderecha se mantiene.
A su vez, el líder del Partido Socialista, François Hollande, consideró que “Macron y el gobierno no tomaron los votos del Frente Nacional [ahora llamado Agrupación Nacional]” pero “tomaron sus ideas”.
Borne manifestó que el oficialismo impulsó esta iniciativa para “responder a las preocupaciones de los franceses” y dijo que ella tiene la sensación de haber cumplido con su deber. “Queríamos votar un texto con medidas útiles, eficaces, esperadas por nuestros ciudadanos, con dos objetivos: expulsar más eficazmente a quienes no tienen derecho a estar en Francia y supervisar mejor a aquellos a los que queremos acoger”.
Entrevistado en el canal France 5, Macron también defendió la iniciativa, cuyo nombre oficial es “Controlar la inmigración, mejorar la integración”, y dijo que se trata de “una ley útil para el país”.
Organizaciones sociales repudiaron esta norma
La Federación de Actores de la Solidaridad, que integra a unas 900 asociaciones, consideró que incluye “medidas contrarias a los principios fundamentales de solidaridad y de fraternidad” que son “indisociables” de la república francesa.
“Estoy muy sorprendido de que los parlamentarios voten disposiciones que saben que son contrarias a la Constitución francesa”, dijo a su vez el presidente de SOS Racisme, Dominique Sopo, según citó Libération.
“Estamos abriendo una secuencia extremadamente nauseabunda” al presentar la idea “de que tal vez debería reformarse la Constitución para cuestionar las garantías que ofrece el principio de igualdad”, dijo, y agregó que esto es “exactamente lo que pidió Marine Le Pen durante las elecciones presidenciales de 2022”.