La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, dio a conocer este jueves un plan de medidas que servirán de marco para controlar las protestas sociales y movilizaciones callejeras que pueda haber en el futuro como respuesta al paquete de medidas económicas de ajuste anunciado el martes por el ministro de Economía del gobierno de Javier Milei, Luis Caputo.
En su mensaje, la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio prometió sancionar a todos los manifestantes que interrumpan la libre circulación por las calles de los vehículos y peatones.
Según expresó, el Servicio Penitenciario más las cuatro fuerzas federales —integradas por Policía Federal, Gendarmería, Aeroportuaria, Prefectura— trabajarán en conjunto para llevar adelante esta nueva política.
“Las fuerzas van a intervenir frente a cortes y bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias, se cumple”, afirmó Bullrich, de acuerdo con lo que informó el portal Tiempo Argentino.
En la misma línea, la ministra —quien ya ocupó el mismo cargo durante el gobierno de Mauricio Macri— sostuvo que habrá “gradualismo” en la fuerza utilizada para despejar los cortes y que “aumentará en base a la resistencia” que opongan los manifestantes.
Además, advirtió que este plan se implementará en todo el país y por eso espera poder contar con la colaboración de todos los gobernadores. “Esto no es un tema de ideologías, es algo que repercute a todo el país”, expresó.
Bullrich dijo también que desde el gobierno se utilizarán todas las herramientas legales para evitar las manifestaciones, incluyendo avisos a jueces ambientales por la contaminación que supone la quema de gomas en la vía pública, usual en los cortes de calles.
De la misma forma, la ministra advirtió que no permitirán la presencia de menores en las marchas y que habrá “consecuencias” para quienes no respeten esta nueva disposición. “No vamos a permitir que usen a los niños como escudo”, remarcó la jerarca.
Como parte de las sanciones, la ministra advirtió que el Estado no se hará cargo de los gastos de los operativos de seguridad. Según informó, todos los costos vinculados al desarme de estas manifestaciones serán facturados a cargo de las asociaciones que organicen las movilizaciones. “El Estado no va a pagar los operativos, se los van a tener que pagar ellos”, informó.
Tras ser consultada por las manifestaciones previstas los días 19 y 20 de diciembre en conmemoración de las personas asesinadas durante el estallido social de 2001, la ministra recalcó que no habrá margen de tolerancia. “No vamos a permitir ningún corte de calle que no esté habilitado por el gobierno nacional con los permisos correspondientes”, advirtió.
Más temprano se había referido al tema de las manifestaciones callejeras la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien habló con los medios de prensa en la mañana, tras la reunión de gabinete que se realizó en la Casa Rosada.
En declaraciones consignadas por la agencia Télam, Villarruel dijo que espera que la Confederación General del Trabajo (CGT) sea “lo suficientemente prudente para esperar que se tomen las medidas y no adelantarse” con movilizaciones, luego de que el miércoles la central sindical asegurara que “no se quedará de brazos cruzados” tras las medidas de ajuste comunicadas por Caputo.
Al justificar las medidas económicas, la vicepresidenta afirmó que se está “arrastrando una herencia sumamente dura” y agregó que son “20 años de una situación profundamente difícil para el pueblo argentino”, al tiempo que advirtió que “magia no podemos hacer en cuatro días”.
“El gobierno es un gobierno de cuatro días así que la CGT espero que sea lo suficiente prudente para esperar que se tomen las medidas y además no adelantarse. No hace falta empezar con un grado de agresión o de conflictividad social sobre algo que todavía no se explicitó en los hechos”, expresó la vicepresidenta.
Luego del anuncio de Bullrich, dirigentes del izquierdista Partido Obrero dieron una conferencia de prensa en la que calificaron los anuncios de la ministra como “una amenaza ilegal”.
Gabriel Solano, legislador de la ciudad de Buenos Aires de este espacio trotskista, planteó que el derecho a la protesta está avalado por la Constitución Nacional por lo que la medida del gobierno de Javier Milei es un “atropello” a la legislación vigente, de acuerdo con lo que consignó eldiarioar.com.