Atrapado en un juicio político que si proseguía iba a terminar con su destitución, en la mañana de este miércoles el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, decidió disolver la Asamblea Nacional, el órgano unicameral legislativo del país, aplicando por decreto una normativa conocida como muerte cruzada.
Esta ley establece que, dentro de los próximos siete días, el Consejo Nacional Electoral convocará a comicios generales en los que se elegirá al nuevo presidente y a todos los integrantes del Poder Legislativo.
Estas elecciones, de acuerdo con la Constitución ecuatoriana, deberán realizarse dentro de los 90 días posteriores a la convocatoria, por lo que a mediados de agosto la ciudadanía deberá elegir al reemplazante de Lasso, quien ahora, de acuerdo con la legislación, seguirá gobernando mediante decretos, aunque con un margen de maniobra muy limitado.
La aplicación de este decreto por parte del mandatario era algo esperable, teniendo en cuenta que el martes se había iniciado el juicio político en su contra, y a pesar de que no se llegó a la instancia de la votación, algo que se estimaba que podía suceder el sábado, la oposición contaba con los dos tercios necesarios para censurarlo y así automáticamente destituirlo de su cargo.
El mes pasado, en una entrevista con el periódico inglés Financial Times, Lasso, banquero liberal de 67 años que asumió la presidencia en mayo de 2021, ya había dejado claro que aplicaría la muerte cruzada si el juicio avanzaba, y ambas cosas terminaron sucediendo.
En el juicio que se le comenzó en el Parlamento luego de varios pasos legales previos, Lasso era acusado de peculado –apropiación indebida de dinero público– por permitir la extensión de un contrato firmado durante el anterior gobierno que presidía Lenín Moreno, mediante el cual la empresa estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) contrataba para brindar servicios de transporte marítimo de hidrocarburos a la compañía Amazonas Tanker, empresa con domicilio legal en las islas Marshall, pequeño archipiélago ubicado en el océano Pacífico.
Este contrato, según lo que demostraron informes realizados por entidades estatales, era lesivo para las arcas ecuatorianas, pero, pese a ello, no fue objetado por Lasso, quien negó rotundamente, aunque con débiles argumentos, las acusaciones cuando se defendió ante los legisladores en la sesión inicial del juicio político.
Este caso de corrupción se enmarca en una causa más grande, denominada Gran Padrino y difundida en enero por el portal digital La Posta.
Esta investigación periodística que dio pie al comienzo de un proceso en la Justicia y también al juicio político, dejó al descubierto un entramado de corrupción en varias empresas públicas además de Flopec, en el que jugaba un rol clave Hernán Luque Lecaro, quien fue designado en julio de 2021 presidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), un cargo clave en el manejo de las entidades estatales. Luque Lecaro, quien después de las revelaciones periodísticas fue destituido de su cargo por el presidente y actualmente se encuentra prófugo, había sido recomendado a Lasso por su cuñado, Danilo Carrera Drouet.
Palabras y futuro electoral
En las primeras horas de la mañana del miércoles, un importante despliegue policial se implementó en los accesos a la Asamblea Nacional, en Quito, para evitar el ingreso de los ahora exlegisladores, permitiendo únicamente la entrada en el edificio de los funcionarios. También muy temprano se dio a conocer la decisión de Lasso, que fue difundida por él mismo en su cuenta de Twitter.
“He firmado el Decreto Ejecutivo 741, con el objetivo de disolver la Asamblea Nacional y solicitar al CNE se convoque a elecciones. Ecuatorianas y ecuatorianos: esta es la mejor decisión para darle una salida constitucional a la crisis política y conmoción interna que soporta el Ecuador y devolver al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones”, expresó el presidente.
Inmediatamente surgieron las reacciones. Desde la oposición se cuestionó la legalidad de la medida adoptada, con el argumento de que actualmente no existe en Ecuador la “conmoción interna” invocada por Lasso.
Uno de los primeros en criticar la decisión del mandatario fue el expresidente Rafael Correa, gobernante entre 2007 y 2017, quien desde Bélgica, donde reside, denunció la ilegalidad de la medida. “Ecuatorianos: esto es ilegal. Es obvio que no existe ningún estado de conmoción interna, sino un juicio político en aplicación de la Constitución. En todo caso, es la gran oportunidad para mandar a la casa a Lasso, su gobierno y sus legisladores de alquiler”, escribió Correa en su cuenta de Twitter. Luego agregó: “Esto es un golpe de Estado –no hay causales–, pero es también el último clavo de su propio ataúd político”, dijo en referencia al presidente. Más tarde, en declaraciones al canal argentino C5N, Correa dijo: “El gran perdedor va a ser Lasso. Esta medida desesperada lo hunde aún más y, si vamos a elecciones, va a ser aplastado en las urnas”.
Aún más duro fue Andrés Arauz, quien fue el candidato de la coalición izquierdista Unión por la Esperanza (Unes) en la segunda vuelta de las elecciones de 2021, ganadas por Lasso. “Lasso, no eres ningún demócrata. Eres un cobarde. No ves la muerte cruzada como una solución democrática. Es tu salida cínica para huir del juicio político y para meter leyes plutocráticas y antidemocráticas a espaldas de la gente. Con la Constitución en la mano y la ciudadanía organizada, no permitiremos los abusos autoritarios de los narcobanqueros”, manifestó Arauz, quien habrá que ver si es o no nuevamente el candidato de los sectores afines a Correa.
El tercero en las elecciones de 2021 fue Yaku Pérez, candidato del partido indigenista Pachakutik. Pérez dijo este miércoles que “no hay que festejar nada, pero sí es un alivio a la incompetencia e indolencia de la pesadilla que nos presentaba el presidente Lasso”. Además, de acuerdo con lo que informó el portal ecuatoriano Primicias, el dirigente indigenista llamó a formar una minga o coalición nacional para elegir al representante de los sectores sociales en las próximas elecciones.
En 2019 Yaku Pérez denunció un fraude electoral en su contra y en la segunda vuelta no manifestó su apoyo a ninguno de los dos candidatos. Pérez es también un enemigo político declarado del expresidente Correa, y eso quedó de manifiesto en la campaña electoral de hace dos años.
En ese momento los dirigentes cruzaron acusaciones. El candidato de Pachakutik dijo que Correa había “metido la mano” para evitar que él llegara a la segunda vuelta, en tanto que el expresidente dijo en una entrevista que Pérez era de “derecha” y lo acusó de contar con el respaldo de Estados Unidos.
Ahora no está para nada claro que Pérez sea nuevamente el postulante a la presidencia de Pachakutik, el sector que tenía, hasta este miércoles, la segunda bancada más grande en el Parlamento, sólo superada por la del bloque de la izquierda afín a Correa.
La interna de Pachakutik está en un momento muy complejo, con su bancada dividida. De sus 24 representantes en la Asamblea, 11 habían declarado que no votarían a favor de la censura a Lasso.
De hecho, en las semanas previas a que se concretara el juicio político a Lasso, la prensa ecuatoriana reveló escuchas telefónicas en las que legisladores del partido indigenista prometieron apoyar al presidente en la votación en la Asamblea Nacional a cambio de que éste les diera la titularidad de un ministerio.
Esto generó una fuerte respuesta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), una entidad que nuclea a la mayor parte de los pueblos originarios del país, que tiene un gran poder de movilización, siendo seguramente la organización social más importante del país.
Pachakutik es parte de la Conaie y, de hecho, surgió para ser su representación política, algo que en los últimos tiempos no estaba sucediendo. En ese sentido, el presidente de la Conaie, Leónidas Iza Salazar, dijo antes de la votación de la censura a Lasso, que la organización que dirigía iba a seguir de cerca el comportamiento de los legisladores de Pachakutik.
Este miércoles, luego de conocida la renuncia de Lasso, los dirigentes de la Conaie se reunieron y posteriormente Iza comunicó que la organización no iba a anunciar movilizaciones, pero sí que se declaraba en “vigilia permanente”.
Además, según informó Prensa Latina, Iza también cuestionó la legalidad de la medida tomada por Lasso debido a la inexistencia de una conmoción social y también exigió que el escenario planteado actualmente no sea “usado para violentar y criminalizar los derechos de los ecuatorianos”, al tiempo que pidió a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional el respeto a la Carta Magna y a los derechos humanos, tal como señala la Constitución.
Iza –un ingeniero ambiental de 40 años de origen quechua, que a diferencia de Pérez es decididamente de izquierda– ganó notoriedad en Ecuador durante las protestas de octubre de 2019 que lideró junto con el entonces presidente de la Conaie, Jaime Vargas.
Después de casi dos semanas de protestas, en las que hubo una enorme represión que dejó como saldo la muerte de 12 personas, Moreno no tuvo otra opción que dar marcha atrás con su medida, gracias a una instancia de diálogo con la Conaie que contó con la intermediación de la Organización de Naciones Unidas.
También las semanas próximas serán importantes para saber qué decide hacer el Partido Social Cristiano, un sector de centroderecha que en las elecciones de 2021 apoyó a Lasso, pero con el tiempo se fue alejando de él y terminó apoyando decididamente el juicio político contra el aún presidente.
El mandatario, de acuerdo con la Constitución, también tiene el derecho a presentarse en las futuras elecciones, pero es muy poco probable que lo haga, debido a que actualmente su popularidad entre la ciudadanía ecuatoriana es bajísima.