El ambiente político ecuatoriano está conmocionado por una inminente crisis institucional que podría generar un juicio contra el presidente Guillermo Lasso, quien es acusado de corrupción.

El caso tomó estado público luego de un informe divulgado a comienzos de este año por el portal digital La Posta.

La semana pasada una comisión parlamentaria que analizó el caso, que también está siendo investigado desde la Fiscalía, entendió, con los votos de seis integrantes y el rechazo exclusivo de un legislador oficialista, que los presuntos delitos cometidos por el mandatario justifican la realización de un juicio político por, básicamente, un esquema de corrupción en algunas entidades estatales. El caso fue denominado por el medio como Gran Padrino.

Fue así que el sábado, en la Asamblea Nacional, el órgano unicameral ecuatoriano debatió el tema y aprobó el informe por una abrumadora mayoría. En total fueron 104 los asambleístas que dieron el visto bueno al informe de la comisión de los 125 presentes, según consignó el diario El Comercio de Quito.

Pese a las grandes diferencias que hay entre los sectores no oficialistas, que van desde la Unión por la Esperanza -el sector de izquierda afín al expresidente Rafael Correa-, el partido indigenista Pachakutik, hasta el derechista Partido Social Cristiano, que en las elecciones de 2021 apoyó a Lasso, pero ya no, todos coincidieron en aprobar el informe, que únicamente fue rechazado por los 18 representantes de los sectores de gobierno.

De todas maneras, la votación no es vinculante, por lo que ya comenzó un proceso en el que participarán autoridades judiciales para ver si efectivamente se procede a juzgar en el Parlamento la pertinencia de que Lasso siga o no en el gobierno.

El presidente en todo momento negó las acusaciones en su contra. El sábado, luego de conocido el resultado de la votación en la Asamblea, si bien expresó que el documento aprobado “carece de sustento”, manifestó estar dispuesto a colaborar con la Justicia. “El informe aprobado por la Asamblea Nacional carece de sustento lógico, probatorio y jurídico. No obstante, he dispuesto contestar con absoluta transparencia y celeridad todo requerimiento de la Fiscalía para esclarecer cualquier duda”, escribió Lasso en su cuenta de Twitter.

Para propiciar el juicio político primero debe haber una solicitud presentada por un asambleísta que conste con al menos 46 firmas de respaldo, algo que se realizará esta semana, informó Radio Pichincha. Luego, la solicitud de juicio político será puesta en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa que remitirá la documentación a la Corte Constitucional. Si la Corte Constitucional lo admite, el tema volvería al Parlamento.

En el Pleno de la Asamblea, el presidente ejercerá su derecho a la defensa ante las imputaciones. Intervendrán los interpelantes y posteriormente el tema será debatido y votado.

La legislación ecuatoriana establece que para la aprobación de la moción de censura al presidente se necesitan dos tercios de los votos del total de asambleístas.

¿Qué es el Gran Padrino?

De acuerdo a la información que publicó La Posta, el cerebro de la operación delictiva dentro de las empresas estatales es el cuñado de Lasso, Danilo Carrera Drouet. En su rol de asesor presidencial, Carrera habría inducido a Lasso a designar a un allegado suyo, Hernán Luque Lecaro, como presidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas para desde allí conducir las entidades estatales.

Según las denuncias, que en la Fiscalía son investigadas en el caso llamado Encuentro, Carrera y Luque, generaron una red de cobro de coimas cuando otorgaban los contratos de obras públicas de algunas entidades estatales altamente lucrativas. Una de ellas es la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana, compañía dedicada al transporte marítimo de hidrocarburos y otros recursos naturales, y la otra es la Corporación Eléctrica del Ecuador.