Con 88 votos a favor de los 116 legisladores que se presentaron, el pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador decidió en su sesión de este martes avanzar con el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso por el supuesto delito de peculado.
Los votos a favor de la moción de censura contra el mandatario provinieron de las bancadas del correísmo de Unión por la Esperanza (Unes), el Partido Social Cristiano (PSC), un sector del partido indigenista Pachakutik y de una parte de la Izquierda Democrática, informó el diario El Comercio de Quito.
También hubo 23 votos en contra de este proceso por parte del oficialismo y cinco abstenciones de legisladores de la ID. Además, otros 21 asambleístas, en su mayoría de Pachakutik, no participaron en la votación. Esta situación está generando tensiones en la interna del movimiento indígena, que es bastante más amplio que el Pachakutik, porque se entiende que todos los legisladores deben votar el juicio a Lasso. Pero el tema no es sencillo y, de hecho, hace algunas semanas trascendió que algunos legisladores del partido estaban negociando con integrantes del gobierno de Lasso para recibir un ministerio a cambio de no votar el juicio al presidente.
Para aprobar la resolución, se requería de una mayoría simple, es decir, de la mitad más uno de los presentes, que, en este caso, son 59 legisladores. Mientras se desarrollaba la sesión, que duró aproximadamente cuatro horas, en las afueras de la Asamblea se congregaron opositores y seguidores del presidente de 67 años.
Tras la decisión adoptada el martes por la mayoría de los legisladores, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, convocará a Lasso, quien tendrá que ir al Parlamento a defenderse de las acusaciones. El proceso se cerrará con una moción de censura y destitución. Para que ello ocurra, se deben tener 92 votos.
La moción de censura en la sesión de este martes fue presentada por la asambleísta Viviana Veloz, que pertenece al partido Unes, movimiento político afín al expresidente Rafael Correa.
De acuerdo a una investigación periodística divulgada en enero de este año por el medio digital La Posta, desde el comienzo de su mandato, en mayo de 2021, el presidente Lasso quiso tener un equipo de asesores privados para que supervisara la rentabilidad de las empresas públicas. A la cabeza de este equipo Lasso designó a su cuñado, Danilo Carrera, quien es uno de los principales accionistas del banco Guayaquil, entidad que el ahora mandatario presidió durante 18 años, entre 1994 y 2012.
A su vez, Carrera hizo nombrar a un allegado suyo, Hernán Luque Lecaro, como presidente del directorio de la EMCO para poder dirigir las entidades estatales por su intermedio. Según las denuncias, Carrera y Luque generaron una red mediante la cual se cobraban coimas cuando se otorgaban contratos de obras públicas. En particular, se denunció que las maniobras delictivas se daban principalmente en la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), empresa pública que se dedica al transporte marítimo de hidrocarburos.
Luego de la determinación de los parlamentarios, el siguiente paso es que el presidente de la Asamblea Nacional continúe con el trámite del proceso de juicio político. Además, se deberá notificar de forma inmediata de manera oficial al mandatario sobre la resolución tomada en el Pleno y con el respectivo expediente completo del proceso.
Desde que se conocieron las acusaciones en su contra, Lasso en todo momento negó de forma enfática su vinculación a los delitos que se le atribuyen. Incluso en una entrevista con el periódico inglés Financial Times, dijo que, en caso de que se apruebe su destitución, él procedería a aplicar una figura legal denominada muerte cruzada, por la cual disolvería el Parlamento y llamaría a elecciones anticipadas.