El jueves comenzará a ser tratado en el Tribunal Superior Electoral (TSE) brasileño un juicio por abuso de poder político y desinformación contra el expresidente Jair Bolsonaro, que en caso de ser encontrado culpable por el órgano que encabeza el ministro Alexandre de Moraes, podría quedar inhabilitado para ser electo para ocupar cargos públicos por ocho años.
De acuerdo a lo que informó el portal Metropoles, el TSE ya fijó dos fechas más para seguir tratando el caso, los días 27 y 29 de junio.
En esta oportunidad, el juicio contra el exmandatario ultraderechista se centra en los ataques que realizó al sistema electoral brasileño durante una reunión que organizó con más de 40 embajadores y representantes de gobiernos extranjeros en el Palacio de la Alvorada en julio del año pasado.
Durante dicho encuentro, Bolsonaro cuestionó el sistema electoral brasileño y particularmente, sin aportar ningún tipo de pruebas, apuntó específicamente contra las máquinas de votación electrónicas que se emplean en el país desde 1996. En la reunión en la residencia presidencial que duró algo más de una hora y fue calificada como “extraña” por los representantes extranjeros, Bolsonaro, entre otras cosas, dijo: “Tendría decenas y decenas de videos para mostrarles con motivo de las elecciones de 2018, donde los electores iban a votar y simplemente no podían votar. O cuando presionaban el número uno y luego presionaban el siete, pero apareció el tres y el voto fue para otro candidato”.
“Estoy siendo acusado de golpista todo el tiempo y estoy cuestionando el sistema antes porque tenemos tiempo de resolver el problema, con la propia participación de las Fuerzas Armadas”, agregó también en esa instancia Bolsonaro. Pocos días más tarde el Partido Democrático Laborista, que postulaba a Ciro Gomes a la presidencia, presentó un recurso ante las autoridades electorales acusando a Bolsonaro y a su compañero de fórmula, el general Walter Braga Netto, de abuso de poder político y mal uso de los medios de comunicación.
El caso tuvo repercusión mediática, pero de inmediato no fue juzgado, aunque sí se adoptaron medidas cautelares y la Justicia prohibió la difusión de los dichos de Bolsonaro por considerarlos como noticias falsas. Pero en mayo, el Ministerio Público Electoral se pronunció a favor de retirarle los derechos políticos al expresidente por considerar que hubo abuso de poder político. El abuso de poder político es una conducta ilícita practicada durante la campaña electoral, que se produce en situaciones en que un jerarca se aprovecha del cargo para intentar influir en el electorado.
La situación, según se reconoce desde el propio entorno de Bolsonaro, es complicada, pero de acuerdo a lo que informó Folha de São Paulo, el equipo legal del exmandatario, así como también sus aliados políticos, ya tienen una estrategia definida en caso de que sea inhabilitado. Ésta consistirá en mantenerlo como un potencial candidato para las elecciones de 2026, evitando designar a un sucesor y aferrándose a la posibilidad de revertir el fallo del TSE presentando recursos legales.
Si bien la posible inelegibilidad abre el camino para que otros políticos que tienen proyección dentro de la derecha brasileña sean los candidatos de dicho espacio, el círculo más cercano a Bolsonaro entiende que trabajar de inmediato para construir una alternativa al expresidente dejaría sin efecto todo el capital político que acumuló durante su gobierno (2019-2022).