La Justicia británica se pronunció en contra de la política de enviar a Ruanda a aquellos inmigrantes que lleguen por vías irregulares a Reino Unido, impulsada por el gobierno conservador de Rishi Sunak. Según un fallo de la Corte de Apelación de Londres, Ruanda “no es un tercer país seguro” para derivar a esas personas.
Con ese pronunciamiento, la corte aceptó el recurso que habían presentado solicitantes de asilo y organizaciones civiles contra otro fallo que daba luz verde a este plan. El nuevo dictamen, que fue apoyado por dos de los tres jueces que integran el tribunal, concluye que las deportaciones a Ruanda “son ilegales” hasta que ese país “corrija las deficiencias en su proceso de asilo”. Mientras tanto, esas deficiencias suponen un “riesgo real” de que las solicitudes de asilo no se procesen en forma adecuada y de que quienes solicitan refugio puedan verse en la situación de ser repatriados a su país de origen, donde podrían enfrentar persecución, concluye el tribunal.
Pese a la sentencia, el gobierno del conservador Sunak declaró que sigue “plenamente comprometido” con su plan y que apelará esta decisión. En un comunicado, la ministra del Interior, Suella Braverman, manifestó que “el pueblo británico quiere detener la llegada de botes [con refugiados] y este gobierno también”.
También el primer ministro se declaró en desacuerdo con el fallo. “Creo firmemente que el gobierno ruandés ha ofrecido las garantías necesarias para asegurar que no exista un riesgo real de que los solicitantes de asilo reubicados en virtud de la política de Ruanda sean devueltos por error a terceros países”, dijo Sunak en Twitter. El dirigente agregó: “La política de este gobierno es muy simple: es este país el que decide quién viene aquí, no las bandas criminales”.
El gobierno de Ruanda también reiteró su compromiso con el plan. “Ruanda es uno de los países más seguros del mundo y hemos sido reconocidos por la Acnur [Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados] y otras instituciones internacionales por nuestro trato ejemplar a los refugiados”, agregó en un comunicado.
Según recordó Efe, Reino Unido y Ruanda firmaron un acuerdo en abril de 2022 para aplicar durante cinco años este plan, por el cual se transferirían a este último país la mayoría de los inmigrantes que lleguen por vías irregulares a territorio británico. Ruanda procesaría sus solicitudes de asilo y Reino Unido se encargaría de los costos que estas generen. Además, aportaría 120 millones de libras, unos 138 millones de euros, en fondos para el desarrollo de Ruanda. Un primer vuelo con inmigrantes con destino a ese país fue detenido el 14 de junio de 2022 por una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Para la oposición del Partido Laborista, el plan del gobierno es “inviable” y “poco ético”. También organizaciones que protegen a los refugiados y defienden los derechos humanos se pronunciaron en contra de esta iniciativa. La asesora de Migración de Médicos sin Fronteras en Reino Unido, Sophie McCann, dijo que “el cruel plan del gobierno de expulsar por la fuerza y de forma permanente a Ruanda a hombres, mujeres y niños que buscan seguridad infligiría un daño grave e irreparable a su salud, bienestar y dignidad”. Señaló que los equipos de salud mental de la organización ya vieron las “catastróficas consecuencias” de políticas similares aplicadas por Australia.
Por su parte, la portavoz de Amnistía Internacional en Reino Unido, Sacha Deshmukh, llamó a abandonar esta iniciativa “antes de que se haga más daño a la reputación internacional” de Reino Unido o “a las personas afectadas”.