Los sorpresivos resultados de las elecciones generales del 25 de junio de 2023, y particularmente el paso a la segunda vuelta electoral de la fórmula integrada por Bernardo Arévalo y Karin Herrera del Movimiento Semilla, provocaron un terremoto político en Guatemala y en los días siguientes el país ha vivido sus réplicas: los intentos desesperados de la coalición gobernante, conocida popularmente como “pacto de corruptos”, para aferrarse al poder. De una campaña sucia en contra de Semilla se pasó a un intento de golpe judicial para inhabilitar las candidaturas, además de un manoseo jurídico de los resultados electorales y la criminalización de este partido de centroizquierda nacido de las protestas contra la corrupción de 2015.
En el campo progresista, los resultados electorales del 25 de junio fueron recibidos con júbilo y esperanza. El Movimiento Semilla y su candidato obtuvieron a través de las redes sociales el apoyo de decenas de miles de personas que no sólo manifestaron su respaldo, sino que se ofrecieron como voluntarios para trabajar en la campaña de segunda vuelta. El lunes 27 de junio el Movimiento Semilla convocó a una celebración ciudadana que movilizó a varios centenares de personas. Los asistentes, de diversas generaciones pero sobre todo jóvenes, tenían por primera vez en muchos años razones para celebrar.
El grito “¡Viva Arévalo!” volvía a escucharse después de 60 años (en marzo de 1963, Juan José Arévalo, padre de Bernardo, intentó postularse por segunda ocasión como candidato presidencial –fue presidente durante el primer gobierno revolucionario, en 1945-1951–, pero el temor a su inminente victoria provocó un golpe de Estado que estableció un régimen político autoritario que llevó al país a una prolongada guerra civil). Por su parte, desde los grupos que han capturado la institucionalidad estatal, y que incluyen a políticos, funcionarios, empresarios, militares en situación de retiro, personas procesadas por corrupción y medios de comunicación, la primera reacción fue de incredulidad. En los medios de comunicación tradicionales (el monopolio de la televisión abierta y cadenas radiales ligadas a este), se postergó el reconocimiento de los resultados electorales hasta que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) los anunció.
Una vez confirmado que la segunda vuelta electoral se realizaría entre Sandra Torres, de Unidad Nacional de la Esperanza, y Arévalo, estos actores desataron una campaña de ataques en contra del Movimiento Semilla y su candidato. La embestida incluyó noticias falsas tales como que Arévalo es en realidad un ciudadano uruguayo y que, por lo tanto, no podría asumir la presidencia (efectivamente nació en Montevideo por el exilio de sus padres, pero es, de acuerdo con la Constitución, guatemalteco natural) hasta acusaciones de que el candidato progresista es comunista y “castrochavista”, pasando por señalamientos de que es un impulsor del “globalismo” y de la Agenda 2030 que, de acuerdo con este discurso, atenta contra la familia tradicional.
Aunque esta campaña no tuvo éxito, sí se activaron las principales iglesias neopentecostales, cuyos pastores se han pronunciado públicamente contra la candidatura de Arévalo. Además, estas iglesias impulsaron una campaña que incluye visitas casa por casa en la que se repite el discurso contra el Movimiento Semilla, al que acusan de atentar contra la familia y los valores cristianos.
Pese a estos ataques, la percepción en el ambiente político hasta el miércoles 29 de junio era que en la segunda vuelta del 20 de agosto Arévalo tenía grandes posibilidades de salir victorioso. Sin embargo, en la madrugada del lunes 26, el partido Compromiso, Renovación y Orden (CREO) denunció irregularidades en el registro y conteo de votos para la Alcaldía de Ciudad de Guatemala. El candidato a alcalde de este partido, Roberto González, había quedado a menos de 1.000 votos de diferencia del ganador, el actual alcalde Ricardo Quiñonez. Las supuestas anomalías en la elección de la corporación municipal empezaron a alimentar un nuevo discurso contra Semilla, centrado esta vez en la supuesta manipulación de las actas de resultados electorales.
La judicialización de los resultados
Las elecciones de 2023 estuvieron caracterizadas por la judicialización y el uso discrecional del sistema de justicia para intentar moldear los resultados electorales y excluir a candidatos que interpelaban el statu quo. En esa línea, se excluyeron las candidaturas de Telma Cabrera del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), la de Roberto Arzú de Podemos y la de Carlos Pineda de Prosperidad Ciudadana. El hecho de que Bernardo Arévalo apareciera en un lejano octavo lugar en las encuestas hizo que no fuera visto como una amenaza y se le permitió irrumpir, contra todo pronóstico, en la primera vuelta electoral. Pero todo cambiaría para la segunda.
Con el control del sistema de justicia, incluidos la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público, la coalición gobernante activó, después del 25 de junio, una estrategia para bloquear judicialmente al Movimiento Semilla. Así, el viernes 30 de junio, nueve partidos políticos –Cambio, Mi Familia, Valor, Podemos, Vamos, CREO, Une, Cabal y Azul– presentaron un recurso ante la Corte Constitucional en contra del TSE en el que reclamaban una revisión de las actas de la junta receptora de votos y verificar la asignación de cargos.
La Corte de Constitucionalidad resolvió el recurso el sábado 1º de julio y ordenó al TSE y a las juntas electorales departamentales y del distrito central convocar a una nueva audiencia de revisión de escrutinios, en la que sólo los fiscales de los partidos estarían autorizados a realizar impugnaciones de acuerdo con la Ley Electoral y de Partidos Políticos; suspender la oficialización de resultados de las elecciones del 25 de junio, pero asegurando la realización de la segunda vuelta programada para el 20 de agosto; y, finalmente, realizar un cotejo de las actas, dejando abierta la posibilidad de un nuevo conteo de votos.
Con esta decisión la Corte no sólo violó los procedimientos en la Ley Electoral, sino que, al suspender la oficialización de los resultados, atentó contra la autoridad del TSE y los derechos políticos de los guatemaltecos. Además, el procedimiento abría la posibilidad a que se plantearan decenas de recursos legales que podrían posponer indefinidamente la oficialización de los resultados, pese a que la misma resolución ordena asegurar la realización de la segunda vuelta electoral en tiempo y forma. Como se vería después, la intención de estos actores era ganar tiempo para preparar nuevas acciones y bloquear la participación de Semilla.
El martes 4 de julio se iniciaron las juntas de revisión de escrutinios, en las que las juntas electorales departamentales, sin el apoyo del TSE, resistieron las embestidas de los representantes de los partidos políticos que buscaban entorpecer la oficialización de los resultados electorales. En ese marco, confrontaron las actas de las mesas de votación, pero los cambios en el recuento de votos fueron mínimos, y en muchos casos terminaron favoreciendo a Semilla. Para el viernes 7, se había cumplido con lo mandatado por la Corte y los resultados estaban listos para oficializarse.
Alineamientos y realineamientos
La crisis política y constitucional provocada por la propia Corte de Constitucionalidad produjo alineamientos y realineamientos políticos. La mayoría de las organizaciones de la sociedad civil, la cooperación internacional, el cuerpo diplomático, las autoridades de los pueblos indígenas, algunos empresarios, las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y organizaciones guatemaltecas pidieron respeto a la voluntad ciudadana, el pleno reconocimiento de los resultados electorales y su oficialización.
La totalidad de las cámaras empresariales han reconocido la legalidad y legitimidad de los resultados electorales, pese a que Arévalo no es de su preferencia, y exigieron que las elecciones de segunda vuelta se realizaran el 20 de agosto de acuerdo con lo programado. Aparentemente, para los empresarios es preferible el programa reformista de un gobierno encabezado por el Movimiento Semilla frente a la posibilidad de la continuidad fraudulenta de la coalición mafiosa en el gobierno.
Tres de los partidos que presentaron el recurso constitucional –Podemos, Azul y Cabal– reconocieron a los partidos que pasaron a segunda vuelta y pidieron que se respeten los resultados de las urnas y el calendario electoral. Por su parte, los partidos Vamos (de gobierno) y Cambio (de Manuel Baldizón, excandidato presidencial que cumplió una sentencia por lavado de dinero en Estados Unidos y actualmente está procesado por el caso Odebrecht) continuaron intentando detener la oficialización de los resultados electorales. Aunque los grupos que promueven esta suerte de golpe de Estado judicial son una minoría cada vez más aislada, se trata de una minoría poderosa, que tiene aún el control del sistema de justicia y de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y que está decidida a defender sus privilegios y, sobre todo, su impunidad.
En suspenso
Una vez cumplido lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad sobre la revisión de escrutinios y cotejo de actas, en una actuación nuevamente ilegal, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Valdés Quezada, una conocida operadora del “pacto de corruptos”, ordenó al TSE suspender la oficialización de resultados hasta que no se verificara el cumplimiento de lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad. Esta nueva dilación provocó la reacción de la mayoría de los actores políticos, sociales y empresariales que veían una continua violación de la legislación electoral para impedir la segunda vuelta electoral. Pero, finalmente, la Corte Suprema, tras varios idas y vueltas, ordenó oficializar los resultados.
Así, el lunes 10 de julio se anunció informalmente que el TSE oficializaría los resultados. Por primera vez en la historia reciente de Guatemala, 15 días después de realizadas las elecciones generales, aún no se confirmaban oficialmente los resultados. El martes 11 de julio, decenas de periodistas esperaban desde principios de la tarde la conferencia de prensa del TSE. Pero esta no empezó a la hora anunciada, sino que, misteriosamente, se fue atrasando.
Finalmente, a las 17:30, el Ministerio Público, a través de su cuenta de Twitter y con un video del fiscal Rafael Curruchiche –tristemente célebre por su papel en la criminalización de opositores–, anunciaba la última ofensiva: el caso “Corrupción Semilla”. Allí informaba que, a solicitud de la Fiscalía, el Juzgado 7º Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala había ordenado “la suspensión provisional de la personería jurídica del partido político Movimiento Semilla”. La acusación se basaba en la denuncia de un ciudadano cuya firma de adhesión al partido presuntamente fue falsificada. A esta denuncia, que en su momento fue abordada y explicada por el Movimiento Semilla, se sumaron acusaciones de inscribir al partido a 5.000 personas de manera ilegal y una investigación sobre lavado de dinero por haber pagado, presuntamente, por las afiliaciones (el mismo delito por el que fue condenado el reconocido periodista José Rubén Zamora).
Además, el juez Fredy García, titular del juzgado y también vinculado a las redes de corrupción, ordenó al jefe del Registro de Ciudadanos suspender la personería jurídica del Movimiento Semilla, lo que implicaba no sólo eliminarlo de la segunda vuelta electoral, sino impedir que se les adjudicaran los cargos a sus diputados electos. La resolución incluía una abierta amenaza: en caso de que el Registro de Ciudadanos no cumpliera con la orden, sería denunciado penalmente.
Así de burdo es el plan: sacar a Bernardo Arévalo de la segunda vuelta y poner en su lugar al candidato del partido de gobierno, Manuel Conde, que ocupó la tercera posición; y, al mismo tiempo, modificar la composición del Congreso redistribuyendo entre los demás partidos los 23 escaños obtenidos por el Movimiento Semilla y, de esa forma, mantener el absoluto control del Poder Legislativo.
Esta acción de la Fiscalía generó rechazo generalizado, protestas frente al TSE y la denuncia de un golpe de Estado judicial. En ese marco, la autoridad electoral oficializó finalmente a Sandra Torres y a Bernardo Arévalo como contendientes para la segunda vuelta electoral. Pero el enredo judicial continuaba.
El Movimiento Semilla llamó de inmediato a la defensa de la democracia, señalando que lo que estaba en juego no era el futuro del partido, sino el del país, y presentó una serie de recursos legales, incluido un amparo preventivo frente a la Corte de Constitucionalidad. Por su parte, el miércoles 12, el jefe del Registro de Ciudadanos rechazó cumplir con lo ordenado por el Juzgado 7º –suspender la personería jurídica de Semilla– señalando que la Ley Electoral, que tiene rango constitucional, era clara en el sentido de que ningún partido podría ser cancelado durante el proceso electoral. Además, se presentaron una serie de recursos legales que buscan protegerlo de la resolución del juez.
La ofensiva no paró allí. La mañana del 13 de julio, el Ministerio Público realizó un allanamiento a las oficinas del Registro de Ciudadanos en la sede del Tribunal Supremo Electoral. Personas armadas y con el rostro cubierto “secuestraron” la documentación sobre el proceso de inscripción del Movimiento Semilla, de cara a continuar el caso en su contra. Por la tarde, la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional a Semilla, protegiéndolo de la resolución ilegal del juez Fredy García. Sin embargo, la Corte señaló que el amparo no impedía que el Ministerio Público continuara investigando a Semilla y remitió el amparo a la Corte Suprema de Justicia (que ha prolongado indebidamente su mandato por tres años más) para, por razones de competencia, seguir conociendo el amparo.
Mientras tanto, Torres, que deberá disputar el balotaje con Arévalo, quedó atrapada en la vorágine de acontecimientos. Sus posicionamientos han sido ambiguos e incluso llegó a anunciar la suspensión de su campaña en tanto no se resolviera “contra quién competiría”. Lo cierto es que, más allá de la contienda judicial, la figura de Bernardo Arévalo y del Movimiento Semilla se ha fortalecido en todo el país.
Por si lo anterior fuera poco, el excandidato presidencial del Partido Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda, que en mayo llegó a encabezar las encuestas pero cuya participación fue anulada mediante recursos legales, presentó un amparo a la Corte de Constitucionalidad, solicitando la anulación de las elecciones del 25 de junio y su repetición.
“¡Viva Arévalo!”, ayer y hoy
El 3 de setiembre de 1944, Juan José Arévalo regresaba a Guatemala tras desarrollar la mayor parte de su formación académica y carrera profesional fuera del país. En junio de ese año, las protestas de estudiantes universitarios, maestras y trabajadores habían logrado la renuncia del dictador Jorge Ubico después de 14 años de ejercer una presidencia absolutista. De cara a las elecciones de diciembre, los partidos revolucionarios propusieron a Arévalo, que se encontraba en Argentina, como candidato presidencial. Miles de personas acudieron a recibirlo al aeropuerto La Aurora, y al grito de “¡Viva Arévalo!” fue acompañado al centro de la ciudad. La oratoria, la figura y la trayectoria de Arévalo lo convirtieron en el candidato favorito, que convocaba a miles de personas a sus mítines a lo largo y ancho del país. Esto produjo el intento del general Federico Ponce Vaides (nombrado presidente provisional por el Congreso tras la renuncia de Ubico) de perpetuarse en el poder. La respuesta fue un movimiento cívico y militar que concluyó en la madrugada del 20 de octubre de 1944, cuando Ponce Vaides fue derrocado y una junta revolucionaria de gobierno asumió la dirección del país.
La fecha establecida para las elecciones se respetó, y tras una campaña fulminante y con enorme apoyo popular, Arévalo obtuvo la presidencia con el voto de 85% de los electores. Su gobierno, reformista y revolucionario, fue clave para llevar a Guatemala al siglo XX; la educación, los derechos laborales y la seguridad social son algunos de sus legados. Tras el derrocamiento del presidente Jacobo Árbenz Guzmán en junio de 1954, Arévalo tuvo que permanecer en el exilio, período durante el cual nació su hijo Bernardo.
Convertido en un referente de la oposición política, en 1963, en una audaz decisión, Juan José Arévalo regresó de manera clandestina a Guatemala para presentarse como candidato presidencial. Los grupos de poder, seguros de que si Arévalo participaba ganaría, optaron por dar un golpe de Estado que inauguró un régimen político autoritario, en el que los opositores no sólo fueron proscriptos, sino asesinados y desaparecidos. Desde entonces y por muchos años, “¡Viva Arévalo!” se convirtió en un grito de resistencia, de repudio a los gobiernos militares lanzado bajo la cobertura de la noche y al calor de las fiestas populares.
79 años después de la Revolución de Octubre y 60 años después del golpe militar, el grito de “¡Viva Arévalo!” vuelve a escucharse en Guatemala. Una vez oficializados los resultados de las elecciones el 11 de julio, el Movimiento Semilla decidió iniciar la campaña electoral para la segunda vuelta y no concentrarse exclusivamente en los temas jurídicos, que son atendidos por un equipo específico.
Los días 14 y 15 de julio Bernardo Arévalo y su candidata vicepresidencial, Karin Herrera, visitaron las ciudades de Quetzaltenango y Totonicapán. El recibimiento fue apoteósico: miles de personas se lanzaron a las calles para ver, fotografiar y escuchar a los candidatos. Así, en menos de dos meses, el Movimiento Semilla pasó de realizar modestos actos de campaña, en los que prevalecían el contacto cara a cara y el diálogo directo con los ciudadanos, a actos masivos en los que Arévalo hace un llamado a la defensa de la democracia, el rescate del Estado y la lucha contra la corrupción.
Sin embargo, el camino para el 20 de agosto sigue siendo largo y riesgoso. La coalición mafiosa está aislada, fracturada y asustada por la inminencia de su derrota electoral y la pérdida de la impunidad y del control sobre el Estado. La falta de escrúpulos, el dominio que conservan del Ministerio Público y el miedo los hacen extremadamente peligrosos.
En las próximas semanas el futuro de la democracia guatemalteca y del país se dirimirá en varios campos: el judicial, el electoral y en las plazas y calles. El papel de la ciudadanía será crítico y, una vez más, del pueblo dependerá la posibilidad de una nueva primavera para Guatemala.
Ricardo Sáenz de Tejada es antropólogo, politólogo y profesor de la Escuela de Historia, Antropología y Arqueología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Este artículo fue publicado originalmente por Nueva Sociedad.