La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares al presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, y a la vicepresidenta electa, Karin Herrera, y pidió al gobierno guatemalteco que adopte las “medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal” de esos dirigentes.
Los dos integrantes de la fórmula que ganó las elecciones presidenciales del domingo 20 “serían objeto de estigmatización, hostigamientos, acoso, exposición pública de su información personal por medio de plataformas virtuales, así como amenazas que incluyen la existencia de dos planes para atentar contra sus vidas e integridad”, afirmó la CIDH. Señaló que el equipo de seguridad de Arévalo fue informado la semana pasada sobre uno de esos planes, que involucra a “agentes estatales e individuos particulares”. Acerca del otro, relacionado con “estructuras criminales de pandillas”, lo alertaron integrantes de la Fiscalía.
Además, el dirigente del movimiento Semilla ha sido objeto de “vigilancias, seguimientos, campañas de desprestigio y amenazas de muerte”, señaló la CIDH, que reclamó información al Estado sobre las medidas adoptadas para investigar esos hechos.
En respuesta, el gobierno de Alejandro Giammattei llamó a la CIDH a la “prudencia”. En el mismo comunicado advirtió sobre “las consecuencias que declaraciones infundadas puedan generar”.
Después de ganar las elecciones, Arévalo había advertido que “hay una persecución política en curso” en su contra, “que se lleva a cabo por medio de las instituciones, fiscalías y jueces que han estado cooptados”. El miércoles, la Fiscalía pidió al Congreso que suspenda al movimiento Semilla por el cual fueron electos Arévalo y Herrera. En su comunicación formal recordó que en julio un juzgado había ordenado provisionalmente la suspensión de ese partido por supuestas irregularidades en las firmas que avalaron su creación, sin embargo aquella orden fue anulada por la Corte Suprema de Justicia.