El titular del Poder Judicial de Perú, Javier Arévalo, abogó por adoptar en su país medidas de seguridad semejantes a las que implementó en El Salvador el presidente Nayib Bukele, que gobierna bajo estado de excepción desde marzo del año pasado.
“Hay países que están teniendo éxito en la lucha contra la criminalidad. Un ejemplo de ellos es El Salvador. ¿Por qué no podemos tomar algo de sus experiencias para ver cómo las adaptamos a la experiencia peruana?”, dijo Arévalo. A partir de sus declaraciones, realizadas en la inauguración del Segundo Congreso Internacional de Flagrancia, instaló un debate al respecto.
Consultado sobre esa propuesta, el primer ministro peruano, Alberto Otárola, respondió que “ciertamente se podría” evaluar la adaptación de esas medidas a Perú. “El Salvador es el país que menos delincuencia tiene en América Latina y esa es una realidad”, dijo el jefe de Gabinete del gobierno de la presidenta Dina Boluarte durante una conferencia de prensa.
“Yo creo que la lucha contra las pandillas ha sido eficiente”, afirmó el primer ministro, aunque reconoció que “hay algunas atingencias de algunas organizaciones internacionales”. Distintas organizaciones que trabajan en defensa de los derechos humanos vienen cuestionando la situación en El Salvador y denunciado detenciones ilegales, procesos judiciales sin garantías y decenas de muertes bajo custodia estatal ocurridas durante el régimen de excepción, que suspende ciertas garantías constitucionales. Desde que ese régimen está vigente en El Salvador, 71.000 personas fueron detenidas bajo la acusación de integrar organizaciones delictivas.
Josué Gutiérrez, el defensor del Pueblo de Perú, manifestó que “todo lo que significa la labor del señor Bukele, que es trabajar el tema de la violencia en la misma proporción de violencia, muchas veces afecta naturalmente los derechos humanos”, y consideró que corresponde a la Defensoría del Pueblo “alertar de los excesos que puede significar”.
Por su parte, Otárola, a pesar de estar abierto a aplicar medidas similares a las de Bukele, señaló que “Perú tiene su propia política de seguridad pública” y recordó que el gobierno que encabeza Boluarte pidió “facultades legislativas al Congreso” para que el Ejecutivo pueda emitir leyes por un plazo de 120 días con el objetivo de “enfrentar varios aspectos” de la inseguridad pública.
El 28 de julio Boluarte solicitó al Congreso ese régimen especial, argumentando que es necesario actuar de manera más contundente contra la criminalidad. “Con el objetivo, la voluntad de enfrentar el grave desafío de la inseguridad, mi gobierno ha solicitado al Congreso facultades legislativas por un plazo de 120 días para aprobar un conjunto de medidas que nos permitan luchar con mayor dureza y eficacia contra la delincuencia y la criminalidad”, dijo Boluarte. Agregó que de ese modo se podría “emitir más de 30 normas directamente vinculadas a la seguridad ciudadana para reforzar la lucha contra la extorsión, la estafa, los delitos de robo y hurto, y penalizar el uso de celulares robados o ilegales”.
Una de las medidas anunciadas por la presidenta apunta contra los ciudadanos extranjeros. Boluarte manifestó su intención de incorporar al Código Penal “la figura de la expulsión en caso de flagrancia”, es decir, que sean expulsados del país los extranjeros que hayan sido encontrados cometiendo un delito. A esta política se refirió Otárola y manifestó: “Con esto no queremos decir que todos los extranjeros cometan delitos, pero sí hay un segmento muy pequeño y muy violento de extranjeros que han venido a delinquir”.
Otra de las medidas es fomentar “lo que llamamos policías de a pie”, una Policía “más cercana a la población, a las comunidades y a los barrios”, dijo el primer ministro. A esa Policía se refirió días atrás el ministro del Interior, Romero Vicente, quien la llamó “Policía en orden y seguridad” y dijo que se dedicará sobre todo a la prevención del delito. “Es un personal que viene de las Fuerzas Armadas, viene de haber cumplido su servicio militar voluntario después de dos años, son jóvenes preparados en el tema de manejo de armas y disciplina. Tienen una serie de bondades que la Policía puede aprovechar”, afirmó.
El martes, durante un acto por el aniversario de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía, Boluarte pidió públicamente al Congreso que establezca como prioridad el tratamiento de este proyecto presentado por su gobierno. La presidenta dijo que es necesario “actuar con sentido de urgencia” y se manifestó confiada en que “se atenderá este pedido”.