Los vínculos entre la candidatura de Javier Milei y una derecha vinculada con la dictadura argentina se hicieron más visibles esta semana con el acto impulsado el lunes por la candidata a la vicepresidencia Victoria Villarruel. Su “homenaje a las víctimas del terrorismo”, en referencia a las acciones de grupos armados de izquierda, recibió el repudio de organizaciones sociales y dirigentes políticos, pero también le dio una oportunidad de instalar un discurso que relativiza el terrorismo de Estado y los consensos sobre derechos humanos.
En el acto, que tuvo a su disposición el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, hablaron familiares de personas que murieron en acciones de grupos armados. Participaron Lorenza Ferrari, madre de Laura, una estudiante que murió en la explosión de un coche bomba atribuida a Montoneros, en 1975, Graciela Saraspe, hija de Oscar, un hombre asesinado por integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en 1974, y Arturo Larrabure, hijo de Argentino del Valle Larrabure, un militar secuestrado y asesinado por el ERP en 1975.
“Después de 40 años de una visión amputada de los derechos humanos y de demonizarnos, ya no les tenemos ningún miedo”, dijo Villarruel. “Durante 40 años las víctimas del terrorismo fueron barridas bajo la alfombra, se las negó”, afirmó la diputada de La Libertad Avanza. “El Estado en democracia nos está violando los derechos humanos para garantizarle la impunidad a un grupo de violentos que hoy goza de libertad y de las garantías que le da nuestra democracia”, agregó la candidata, que aspira a asumir el gobierno el 10 de diciembre, cuando se cumplen cuatro décadas de democracia.
Por el lugar desfilaron militantes que niegan la cifra de 30.000 desaparecidos, defensores de represores y varios integrantes del partido de Milei, La Libertad Avanza, como Lucía Montenegro, la legisladora porteña que fue otra de las convocantes. Afuera, tras un vallado, organizaciones sociales repudiaron el acto. Se manifestaron contra lo que consideran una provocación y un intento de instalar la teoría de los dos demonios para igualar el terrorismo de Estado con la acción de grupos armados.
Después de dar su discurso en el encuentro, Villarruel volvió a generar reacciones de rechazo con las declaraciones que hizo al canal La Nación+. La candidata afirmó que la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, “es un personaje bastante siniestro” porque “con ese cariz de abuelita buena, la realidad es que ha justificado al terrorismo”.
“Hay personas que hay que dejarlas pasar”, dijo Carlotto al ser consultada por Radio 10 sobre esos dichos. “Nos tenemos que defender con la verdad y la lucha permanente, y las ofensas, que Dios las perdone. Me dijeron anoche que había dicho barbaridades y son cosas que duelen, pero a las que no hay que darles demasiada importancia”, agregó.
Sin embargo, con su discurso Villarruel logró marcar la agenda, tal como lo ha hecho Milei desde su victoria en las primarias. El propio presidente argentino, Alberto Fernández, aludió el lunes al acto de la candidata. “No es un tiempo fácil, pero en los tiempos difíciles se habla con la verdad. No somos negacionistas de la situación económica, del cambio climático, de la dictadura que vivió esta patria. Negacionistas son otros, los que hablan de libertad”, dijo.
Del mismo modo, los principales partidos políticos se pronunciaron sobre la iniciativa de Villarruel. “Repudiamos de manera tajante el intento de avanzar con una campaña negacionista del terrorismo de Estado y de los crímenes de lesa humanidad”, manifestaron los legisladores del oficialismo. “Rechazamos este tipo de provocaciones que buscan limpiar la imagen de quienes tomaron el poder violando la Constitución Nacional, atacaron a la población de manera brutal, se apropiaron de bebés, secuestraron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a 30.000 personas”, agregaron.
A su vez, órganos directivos de la Unión Cívica Radical señalaron que en Argentina existe un acuerdo, que “tal vez sea el único que subsiste desde el 10 de diciembre de 1983”, según el cual “no es igual que el Estado se convierta en criminal a que grupos de personas cometan crímenes”. Agregaron que Villarruel “provoca al sentido común al pretender igualar roles en esos años y busca dividir a la sociedad en temas que la democracia resolvió pacíficamente en favor de la Justicia”.
También la Confederación General del Trabajo (CGT) divulgó un comunicado en el que respaldó a Carlotto y afirmó que lo que sí resulta “siniestro es negar la desaparición forzada de 30.000 personas” y “reivindicar la última dictadura”. Para el vicepresidente de la Legislatura porteña, el radical Martín Ocampo, “si la grieta antes era kirchnerismo y no kirchnerismo, ahora la grieta es dictadura y no dictadura; y en el lado de la no dictadura estamos el kirchnerismo y nosotros”.
La coalición opositora Juntos por el Cambio le quitó importancia al acto de Villarruel y a su discurso sobre los derechos humanos. “Si ese partido cree que esa es la prioridad de la Argentina, es una cuestión de ellos. Para nosotros, la prioridad es sacar a los argentinos de la situación de devastación en la cual se encuentran. Para nosotros, los derechos humanos hoy son educarse, comer y tener una Argentina que permita a los ciudadanos progresar”, dijo Patricia Bullrich al diario La Nación.
La memoria de Villarruel
La candidata a vicepresidenta de Milei ha sido el vínculo de La Libertad Avanza con la ultraderecha internacional. Mantuvo contactos tanto con el partido español Vox como con el bolsonarismo. También ha sido su más destacada militante en temas vinculados con la dictadura. Dentro de su país creó, en 2006, la organización civil Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), en la que milita, y que surgió en reacción a la apertura de nuevas investigaciones sobre crímenes contra los derechos humanos.
Sobre su pertenencia a organizaciones civiles afines a la dictadura hay varias versiones que la vinculan con distintos grupos. En una carta pública, el mayor retirado Pedro Mercado, marido de la activista defensora de represores Cecilia Pando, afirma que Villarruel militó en la Asociación Argentinos por la Memoria Completa, que también fue una organización que reaccionó contra los juicios al terrorismo de Estado. Sostiene también que la diputada de La Libertad Avanza formó parte del grupo Jóvenes por la Verdad, que supuestamente organizaba visitas al dictador Jorge Rafael Videla cuando este estaba en prisión domiciliaria. Consultada por La Nación al respecto, Villarruel dijo que visitó a Videla y a otros represores pero que lo hizo para recoger sus testimonios cuando trabajaba en su libro Los llaman... jóvenes idealistas, para el que también entrevistó a “muchos terroristas de organizaciones guerrilleras”.
A su vez, la abogada querellante en juicios por crímenes de la dictadura Guadalupe Godoy denunció días atrás que el contacto de Villarruel, que es abogada, aparece entre los papeles con los que el represor Miguel Etchecolatz “se organizaba para el juicio del año 2006”, y divulgó fotografías de esos apuntes.
Por su militancia, Villarruel fue incluida en un encuentro que mantuvo en 2016 el secretario de Derechos Humanos de Mauricio Macri, Claudio Avruj, con representantes de muy variadas organizaciones no gubernamentales vinculadas con el pasado reciente. También por esa trayectoria fue entrevistada para el libro Enemigos íntimos, de Guido Braslavsky, sobre el kirchnerismo y los militares. Según citó Página 12, por entonces, en 2012, Villarruel le dijo a Braslavsky que “el terrorismo de Estado no existe”, y amplió: “El terrorismo persigue amedrentar y quebrar las instituciones para lograr el poder. El Estado no lo necesita, comete abusos y debe pagarlos, pero terrorismo no”. Del mismo modo, ha afirmado que “los 30.000 son un mito” y que “el curro de los derechos humanos sigue vigente”.
Consultada sobre si impulsaría indultos a represores en caso de llegar al gobierno, Villarruel respondió: “No pensamos en indultos ni amnistías, que son soluciones jurídicas que aquí no se aplican, sino en reclamar justicia con celeridad para los crímenes del terrorismo”.
Una de sus propuestas para un eventual gobierno consiste en auditar las indemnizaciones que el Estado paga a víctimas de la dictadura. Lo haría desde la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias, que funciona dentro del Ministerio de Justicia, publicó Infobae. Si la fórmula que integra ganara las elecciones, esa cartera es una de las áreas que Villarruel miraría de cerca. Pero en particular Milei tiene previsto que la diputada sea la referente de su gobierno en Defensa y Seguridad. Le correspondería a ella designar a los titulares de esos ministerios y hacer un seguimiento cercano de su gestión.
“Tolerancia cero” sin “mano dura”
Lo primero que tiene planeado Villarruel si La Libertad Avanza gana las elecciones es auditar los ministerios de Defensa y Seguridad para saber con qué recursos cuentan, y luego prevé redireccionar hacia esas carteras fondos de otras que serían eliminadas en un gobierno de Milei, informó elDiarioAr. Su meta es aumentar el presupuesto militar para que pase de 0,6% a 2% del PIB.
En opinión de Villarruel, el sistema de defensa “muestra un panorama recesivo en su equipamiento e instrucción, producto de 30 años de desinterés por parte de las sucesivas gestiones de gobierno”. La diputada considera que se necesita que las Fuerzas Armadas sean “revalorizadas ante la ciudadanía, en su rol de instituciones fundamentales de la República”.
Otra de sus propuestas ha sido impulsar una reforma legislativa “para que los militares puedan operar dentro del territorio cuando no hay un estado de sitio”.
En materia de seguridad, también ha comunicado su voluntad de “abordar la problemática de los delitos cometidos por menores, promoviendo la baja de la edad de imputabilidad y la mejora del sistema de Institutos de Minoridad”, así como “reformular la Política Penitenciaria Nacional, por medio, entre otros aspectos, de la construcción y operación por gestión público-privada de nuevas alcaidías y cárceles”.
Su propuesta de seguridad incluye específicamente medidas contra las usurpaciones de tierras fiscales y privadas, que “se cometen bajo el paraguas de reivindicar derechos de los pueblos indígenas”, y contra los cortes de rutas vinculados con movilizaciones populares. “Cuando más se tarde en liberar una ruta, más cruento es. El objetivo no es criminalizar la protesta”, aclara la candidata.
La fórmula presidencial habla de “tolerancia cero” con el delito, pero señala que eso no significa “mano dura”. “No estoy de acuerdo con la mano dura, creemos en la mano justa, no vamos a reprimir salvajemente”, aclaró la dirigente.
Por otra parte, Villarruel aclara que su partido no tiene como objetivo que la población civil se arme, aunque Milei llegó a decir que “si los honestos portasen armas habría menos delincuencia”. De todos modos, la diputada reconoció que ella tiene un arma registrada y cuestionó: “El kirchnerismo ha impedido de todas las maneras posibles que una persona que cumple con la ley pueda tener un arma, algo que es un derecho que está reconocido”.