Una crisis de insospechadas consecuencias se desató este martes en Paraguay, después de que el Banco Central tomara la decisión de intervenir el Ueno Bank, una entidad financiera de vertiginoso crecimiento en el país en los últimos años. Esto generó paralelamente una crisis política por las responsabilidades que le pueden caber al presidente Santiago Peña, quien no tenía actualmente un vínculo directo con el banco liquidado, pero sí con el Grupo Vázquez, propietario de la mayor parte de las acciones.
La Fiscalía paraguaya ordenó la detención de los ocho integrantes del directorio de la entidad, entre ellos Miguel Vázquez, quien por la tarde se entregó de manera voluntaria, pero la crisis política y social es enorme.
Ueno, que en poco tiempo pasó de ser una empresa financiera a ser un banco digital con cerca de tres millones de usuarios –la población total de Paraguay es de algo más de seis millones y medio de habitantes–, durante el gobierno de Peña creció de manera exponencial, sumando a su cartera capitales de empresas privadas y de centenares de miles de particulares, pero también de dinero de muchas reparticiones del Estado. Así, por ejemplo, más de 30.000 jubilados cobraban sus haberes a través de la entidad. Se estima que en total en los últimos dos años en el banco fueron depositados 300 millones de dólares pertenecientes a diferentes reparticiones del Estado, lo que colocó a Ueno en una posición de privilegio en el mercado.
El tema de su solvencia ya venía siendo cuestionado por legisladores de la oposición, después de que se filtrara un documento interno de la Superintendencia de Bancos que señalaba presuntos excesos en préstamos por parte de Ueno a empresas vinculadas al propio grupo económico Vázquez, superando los límites permitidos por la ley financiera.
El tema terminó de estallar en las primeras horas del martes, cuando el Banco Central constató técnicamente que el banco ya no contaba con el capital mínimo necesario para garantizar su solvencia.
Tras el cierre, todas las sucursales del banco estuvieron cerradas, y su sistema digital también quedó fuera de servicio, generando la angustia de centenares de miles de personas en todo el país.
Ante la crisis, todas las miradas apuntaron al presidente Peña, quien permaneció en silencio hasta bien entrada la tarde, cuando anunció que había ordenado la destitución del presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, quien de todas maneras ya había presentado su renuncia horas antes en el Congreso.
Paralelamente, el mandatario dispuso que se agilicen los mecanismos para poder tratar en el Congreso de forma urgente un proyecto de ley que autorice el uso del Fondo de Garantía para iniciar el pago inmediato a los ahorristas damnificados.
Pero la reacción de Peña fue tardía y a esa altura ya estaban avanzadas las conversaciones entre legisladores de la oposición con los expresidentes Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez, ambos enemistados con el mandatario, para poder viabilizar un juicio político en el Congreso, algo que se comenzará a tratar este miércoles.
Al estar en minoría, la oposición depende de que algunos legisladores colorados den sus votos para que el juicio político avance y eventualmente llegue a determinar la destitución de Peña. También se maneja que se abra un juicio político contra el vicepresidente Pedro Alliana por su complicidad en el caso, aunque fuentes parlamentarias indicaron al diario asunceño Última Hora que los juicios correrían por separado.
En ese sentido en la tarde del martes el comité político del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el principal sector opositor, anunció que promoverá un juicio contra Peña y Alliana.
El precandidato a la presidencia Ricardo Estigarribia, quien ofició de vocero luego de la reunión partidaria, declaró que los diputados liberales y los representantes de otros sectores de la oposición presentarán el pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados, con causales diferenciadas tanto para el presidente como para el vicepresidente.
Según informó el diario paraguayo ABC Color, el procedimiento contempla posteriormente su tratamiento en la Cámara de Senadores, siempre que obtenga la aprobación requerida en la instancia legislativa inicial.
“Lo que ocurrió es muy grave. Saquearon el país, saquearon la plata de los jubilados y esto no puede quedar así. No puede haber impunidad”, manifestó Estigarribia, quien responsabilizó al gobierno por la crisis que, según expresó, terminó fracturando el sistema financiero del país.