Este viernes se cumplen en Chile cinco años de la revuelta social que comenzó por el aumento del costo del transporte público y terminó con protestas masivas en reclamo de igualdad social y derechos, que fueron reprimidas violentamente. Aquellas movilizaciones condujeron a dos procesos en los que se intentó elaborar una Constitución que dejara atrás la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, aunque la falta de consensos hizo fracasar los dos intentos.
Ante este nuevo aniversario, decenas de organizaciones defensoras de los derechos humanos, sindicatos, agrupaciones feministas y culturales firmaron una declaración en la que denuncian que Chile se encuentra ante “una ofensiva de las fuerzas conservadoras y neofascistas, que promueven políticas regresivas en materia de avances democráticos y de derechos humanos a nivel global”.
Señalan que en su país “esta realidad se expresa en las trabas permanentes a cualquier cambio orientado a mejorar las condiciones de vida de la población profundizando las desigualdades, así como en el respaldo de leyes y prácticas represivas especialmente enfocadas en la criminalización de las justas demandas de estudiantes, pobladores y del pueblo mapuche”.
Agregan que durante estos cinco años “los sectores políticos de derecha y ultraderecha, representativos del poder empresarial, en alianza con los grandes medios de comunicación, han intentado imponer un relato negativo del estallido social, calificándolo de estallido delictual, buscando así deslegitimar toda forma de protesta social y estigmatizar a quienes nos manifestamos especialmente a partir de octubre de 2019”. Para los firmantes, “el objetivo de esta narrativa es inhibir la justa lucha del pueblo de Chile por lograr transformaciones sociales que terminen con el injusto orden social heredado de la dictadura”. Aquellas manifestaciones habían adoptado la consigna “No son 30 pesos, son 30 años”.
En el comunicado, reproducido por la página web de Radio Universidad de Chile, las organizaciones reivindican “la plena vigencia de las demandas por cambios estructurales y un nuevo modelo de sociedad que termine con la concentración del poder económico, el abuso institucionalizado y la injusta desigualdad, abriendo paso a la recuperación de la soberanía política a través de una nueva Constitución legítima en su origen, que permita el ejercicio de la soberanía económica a través de la recuperación de las riquezas básicas, permitiendo superar el actual Estado subsidiario que constituye un obstáculo insalvable para el debido resguardo y garantía de los derechos” de los chilenos.
Además, recuerdan que la respuesta a esos reclamos en 2019 fue “una violenta represión” que dejó una treintena de muertos, miles de heridos, mutilados, personas con daño ocular, además de víctimas de violencia sexual y persecusión penal de los manifestantes. Denuncian que esas violaciones siguen sin castigo y sin reparación.
También reprochan al presidente chileno, Gabriel Boric, que no cumplió con “su compromiso de realizar una reforma profunda de Carabineros, institución policial responsable de la gran mayoría de las violaciones a los derechos humanos cometidas”.
Un juzgado de Santiago retomó en los últimos días el juicio contra el exdirector de Carabineros Ricardo Yáñez, acusado por la represión de 2019, cuando ocupaba ese cargo. Las demoras en su imputación, así como la de los generales Mario Rozas y Diego Olate, han sido cuestionadas por organizaciones sociales. Los tres son acusados de los delitos de “apremios ilegítimos por omisión con resultado de lesiones graves y homicidio”.
El martes, en la cuarta jornada judicial de formalización de los tres generales, expusieron sus argumentos las defensas de Rozas y Olate, mientras que la de Yáñez quedó pendiente, informó el diario La Tercera.
De acuerdo con la agencia Efe, cuando el gobierno dispuso que Yáñez fuera apartado de su cargo, el general se negó a abandonarlo hasta último momento. Por entonces, recibió el apoyo de la derecha y la ultraderecha que están en la oposición, y que consideran que lo que ocurrió hace cinco años fue un “levantamiento delictivo” y no una manifestación en reclamo de derechos.