A medida que se acerca el viernes 10 de enero, la fecha en que termina la actual presidencia de Nicolás Maduro, el gobierno de Venezuela aumenta las advertencias a la oposición y moviliza a sus seguidores y a las fuerzas de seguridad.
Ese día, Maduro se propone iniciar un nuevo mandato, después de declararse ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio, sin presentar documentación que avale ese resultado. Pese a los numerosos llamados internacionales a que divulgue las actas y los detalles del recuento de votos por circunscripción, el gobierno de Venezuela no los hizo públicos. En su lugar, intentó dirimir el resultado a partir de un fallo favorable a Maduro del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el oficialismo.
Para la opositora Plataforma Unitaria Democrática, liderada por María Corina Machado, los datos del escrutinio a los que pudo acceder mediante testigos e integrantes de mesas de votación (83,5% del total) dan la victoria a su candidato a la presidencia, Edmundo González Urrutia, que se encuentra exiliado en España. El excandidato anunció que el viernes 10 estará de regreso en Caracas para asumir la presidencia.
“El que intente meterse con Venezuela la va a pagar muy caro”, dijo el ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello. Agregó que hay enemigos internos y externos y afirmó: “Ellos podrán entrar si se lo proponen, el problema de ellos va a ser salir de esta tierra”.
En un discurso transmitido por la televisión estatal, Cabello hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y otras fuerzas de seguridad a unirse en un “gran bloque de defensa de la paz” con la “fusión popular-militar-policial”, ante las “amenazas” que enfrenta Venezuela.
Advirtió que su país cuenta con 20.000 funcionarios formados en “acciones de fuerzas especiales” y “dotados del mejor armamento para la defensa de la patria”, que van a “atacar de raíz cualquier banda de delincuencia organizada” que pueda ser “usada por el fascismo”.
Dijo que esas son “instrucciones precisas” de Maduro, “que además de presidente en ejercicio es presidente electo, y el día 10 de enero, Dios mediante, así será: tomará posesión del cargo” por un nuevo mandato.
El jueves, Maduro anunció que durante casi toda la semana que viene habrá movilizaciones “impresionantes” porque “el pueblo sale a las calles a juramentarse”. Las manifestaciones se concentrarán del 8 al 12 de enero, en particular el 10, cuando “está planteándose llenar diez avenidas” de Caracas.
Mientras tanto, la oposición denuncia un aumento de la represión y de los abusos contra manifestantes y dirigentes presos. El domingo, Machado difundió en su cuenta de X que Goyo Graterol, un dirigente del partido Primero Justicia, que integra la alianza opositora, fue “secuestrado por el régimen”. Agregó que la “represión desenfrenada” es “una demostración de la profunda debilidad de la tiranía”.
Ese mismo día, la organización Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó que fueron liberadas 130 de las personas detenidas durante las protestas contra el gobierno que siguieron a las elecciones de julio. Otra organización civil, el Foro Penal, señaló que 1.900 personas siguen detenidas.
El comité denunció además que a aquellos que fueron liberados se los obligó a firmar un documento en el que declaran que sus derechos humanos fueron respetados durante su detención. En caso de no firmarlo, no podían dejar la cárcel.