El Ministerio de Trabajo vuelve a chocar con el de Economía, tras varios desencuentros previos. Ahora, la disputa afecta la reducción de la jornada laboral, medida estrella del gobierno de coalición y, en concreto, de Sumar. El conflicto se centra en la intención de Economía de retrasar la entrada en vigor de la medida, según fuentes de la negociación. El martes, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insistió varias veces en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en un mensaje: “El acuerdo de gobierno se va a cumplir”. Este señala 2025 como límite de aplicación de la medida.
Los puntos de fricción entre ambos ministerios son principalmente dos. El primordial: la fecha de aplicación de la reducción de jornada. Aunque también hay un segundo elemento de choque entre los ministerios, uno de Sumar y otro del PSOE, que apunta a cómo el recorte de la jornada de trabajo afecta los contratos a tiempo parcial. En Economía no convence la pretensión de Trabajo de que la reducción del horario máximo implique un aumento salarial para las personas contratadas a tiempo parcial, indican las fuentes.
Estas diferencias quedaron expuestas en una reunión que tuvo lugar el lunes entre Díaz y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, según supo elDiario.es. En Economía rechazan evaluar posibles diferencias entre ambos ministerios e insisten en que siempre han tenido una “posición muy constructiva” y “remando a favor” de la reducción de jornada. En Trabajo se remiten a las declaraciones de Díaz en la rueda de prensa de este martes.
Aunque de manera oficial la postura del gobierno es una, la del acuerdo que se cierre en los próximos días con los sindicatos y que se trasladará al Consejo de Ministros en forma de anteproyecto de ley, el choque interno tiene trascendencia de cara a la negociación parlamentaria luego de la legislación y a qué se apruebe finalmente en el Parlamento.
La pelea de 2025
Díaz insistió el martes en que el pacto del gobierno de coalición recoge el compromiso de aplicar las 37 horas y media antes del “31 de diciembre de 2025”. De manera textual, el acuerdo de gobierno se comprometió a reducir “la jornada laboral máxima legal sin reducción salarial para establecerla en 37 horas y media semanales. Su aplicación se producirá de forma progresiva reduciéndose hasta las 38,5 horas en 2024 y culminándose en 2025”.
Díaz destacó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que, en realidad, ya hay “un retraso de un año” en lo acordado. El paso intermedio de las 38 horas y media en 2024 se ha sacrificado en el intento de alcanzar un acuerdo tripartito en el diálogo social, que finalmente no ha sido posible por el descuelgue de los empresarios tras 11 meses de conversaciones.
Las primeras alarmas sobre la entrada en vigor de la norma saltaron hace unas semanas cuando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pidió en el Congreso Confederal de UGT a los empresarios que se sentaran a negociar esta materia una vez que Trabajo ya había dado por terminadas las conversaciones con la patronal. En ese discurso, Sánchez confió en que “en esta legislatura” se pudiera “tener en marcha esa ley de reducción de la jornada laboral”.
En Economía plantean que la aplicación pueda retrasarse más allá de 2025, por ejemplo en los casos de convenios colectivos ya firmados, hasta el final de su vigencia, como reclamaba la patronal, indicaron fuentes de la negociación. Esto podría demorar el recorte de la jornada varios años más, algo a lo que se resisten en Trabajo.
En los sindicatos son conscientes de que, ante la dificultad del gobierno para encontrar apoyos en el Congreso, la tramitación parlamentaria puede dar lugar a cesiones en el texto acordado con el Ejecutivo. “Es evidente que en el tiempo de aplicación de las 37 horas y media habría un margen”, apuntó Pepe Álvarez, líder de UGT, en una reciente entrevista con este medio.
La jornada parcial y el aumento de salarios
Por otro lado, el choque por los contratos a tiempo parcial apunta a una cuestión económica. Trabajo pretende pactar con los sindicatos que el recorte en el horario máximo implique un aumento de la retribución de los trabajadores a tiempo parcial, en su gran mayoría mujeres.
La lógica, como explicaban en un estudio de CCOO, consiste en que si la jornada completa pasa a ser inferior a la máxima actual de 40 horas semanales, las trabajadoras a tiempo parcial que se rijan por esta máxima estarán trabajando más porcentaje de este tiempo completo y deberían pasar a cobrar más. Según fuentes de la negociación, este punto no convence en Economía.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Díaz reiteró también otra idea: que España había sido condenada en varias ocasiones por la Justicia Europea por discriminar a las trabajadoras a tiempo parcial, algo que en el pasado ha ocurrido en varias ocasiones, por ejemplo de cara a las pensiones.
“Hemos sido condenadas varias veces por esta medida, está calificada por el TJUE de discriminación indirecta y estoy segura de que el gobierno de España va a cumplir esto. Porque lo contrario sería que el gobierno de España les dijera una vez más a las mujeres de este país, a las que trabajan a tiempo parcial, que ellas se van a ver penalizadas por la reducción de la jornada en nuestro país”, afirmó Díaz en la rueda de prensa.
Esta nota fue publicada originalmente por elDiario.es.