Marco Antônio Freire Gomes, excomandante del Ejército, y Carlos Baptista Júnior, excomandante de la Fuerza Aérea, declararon a la Policía Federal de Brasil que Jair Bolsonaro intentó convencerlos de que lo apoyaran para mantenerse en la presidencia después de las elecciones de octubre de 2022, en las que fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva. El entonces gobernante insistió en ese planteo en varias reuniones a las que los convocó en la residencia presidencial, el Palacio de Alvorada.
De acuerdo con Baptista Júnior, la propuesta de golpe de Estado se reiteró “en más de cinco o seis” encuentros en los que participaron algunos de los principales asesores del presidente y el entonces ministro de Defensa, el general Paulo Sérgio Nogueira.
Los testimonios se conocieron este viernes después de que el Supremo Tribunal Federal decidiera levantar la reserva que había dispuesto sobre esa información, que ya se había comenzado a filtrar a periodistas. Los comandantes declararon en el marco de una investigación judicial que intenta determinar si Bolsonaro impulsó un quiebre institucional para desconocer los resultados de las últimas elecciones presidenciales.
En su declaración, Freire Gomes manifestó que incluso amenazó a Bolsonaro con arrestarlo si seguía adelante con esos planes de “atentar contra el régimen democrático”. Por el contrario, según su testimonio, el entonces comandante de la Marina, Almir Garnier, se puso “a disposición del presidente de la República”.
De acuerdo con el excomandante del Ejército, Bolsonaro evaluó distintos instrumentos jurídicos para intentar impedir que Lula asumiera la presidencia el 1º de enero de 2023. Consideró que podía declarar que existía una “grave perturbación del orden” público y decretar un estado de sitio o bien otras figuras similares, como el “estado de defensa” o “garantía de ley y de orden”.
Un argumento posible para recurrir a esos regímenes de excepción era el de la necesidad de investigar supuestas ilegalidades en el proceso electoral, aunque de los testimonios surge que no creía que las hubiera.
Según informó la agencia Efe, una de las opciones que se consideraron incluía el cierre del Tribunal Superior Electoral, que era blanco constante de las críticas del presidente.
Fue después de que insistiera con usar esos instrumentos para retener el poder, que “el entonces comandante del Ejército, general Freire Gomes, afirmó que si intentaba tal acto tendría que arrestar al presidente de la República”, dijo Baptista Júnior.
Algunas de esas posibles vías para evitar el traspaso de mando estaban reflejadas en borradores de decretos como el que se encontró en la casa del exministro de Justicia Anderson Torres. Otro fue hallado en la sede del Partido Liberal, en una oficina que utiliza Bolsonaro. Los dos elementos pasaron a formar parte de esta investigación judicial, y según Freire Gomes, sobre uno de esos textos Bolsonaro llegó a decir que esa opción estaba “en estudio”.
Otra declaración en este proceso, del general del Ejército en la reserva Laércio Vergílio, señala que los planes incluían el encarcelamiento del ministro del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes para que volviera la “normalidad institucional”, con “armonía entre los poderes”. Según la revista Carta Capital, el general no sabía exactamente cómo se haría la detención, pero dijo que se daría “dentro de la legalidad”.
En este proceso judicial, Bolsonaro aparece como investigado, pero todavía no se presentaron cargos formales en su contra. La Policía Federal, que actúa como investigadora en casos penales, entiende que con estos testimonios se esclareció la “participación efectiva” de Bolsonaro en los planes golpistas.
De acuerdo con O Globo, el expresidente podría enfrentar cargos de participar en una “organización criminal” y de “tentativa de abolición del estado democrático de derecho”, entre otros delitos. Si fuera declarado culpable, podría recibir una pena de hasta 17 años de prisión.
La defensa de Bolsonaro insiste en que el exgobernante no intentó dar un golpe de Estado y en que “nunca apoyó ningún movimiento o proyecto que no estuviera respaldado por la ley”.
Consultado por el portal Metropoles, Bolsonaro dijo que “no es un delito” hablar sobre figuras como el estado de sitio o el estado de defensa, y dijo que, de todos modos, para imponerlos “se necesitaría convocar a un consejo” con los presidentes de las dos cámaras del Parlamento, y que “ningún consejo fue covocado”. En cuanto a la otra figura, la de garantía de ley y de orden, “tiene que tener fundamento”, dijo. El dirigente ultraderechista agregó: “Aquí no está Hugo Chávez, Maduro”.
Durante un acto en Porto Alegre, Lula dijo este viernes que “la democracia está corriendo riesgos” y llamó a defenderla contra amenazas. “Antes era la izquierda la que criticaba al sistema”, pero “quienes están contra el sistema ahora son [Javier] Milei, en Argentina, o Bolsonaro, que hasta hoy no reconoce su derrota en las elecciones”, manifestó, de acuerdo con Efe.
“Antes en la política teníamos adversarios” y no “enemigos”, pero “eso se acabó en Brasil, en Estados Unidos, en España y se está acabando en Portugal”, afirmó Lula, y agregó que “en las luchas que tenemos por delante, es importante recordar que lo que corre riesgo en el mundo es la democracia”.