De los 15 jueces que integran la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, 13 votaron una resolución que ordena a Israel “detener de inmediato su ofensiva militar, y cualquier otra acción” en la localidad de Rafah, en la Franja de Gaza, que “pueda imponer” a los palestinos que viven allí “condiciones de vida que puedan llevar a su destrucción física total o parcial”. Así lo anunció este viernes el presidente del tribunal, Nawaf Salam, que leyó la sentencia.
Sólo votaron en contra el juez nombrado por Israel para tener representación en este caso, el israelí Aharon Barak, y la jueza de Uganda, Julia Sebutinde.
El tribunal señaló que el “perjuicio” a los derechos de los palestinos que la Convención sobre el Genocidio “busca proteger” puede “causar un daño irreparable” a esa población. Señaló que dispuso estas medidas cautelares porque consideró que hay “urgencia” y “riesgo real e inminente” para esas personas, según citó la agencia Efe.
También exigió que se mantengan abiertos los cruces terrestres que comunican la Franja de Gaza con otros territorios, en particular el de Rafah, en la frontera con Egipto, para hacer posible “la provisión sin obstáculos y a gran escala de los servicios básicos y la asistencia humanitaria urgentemente necesarios” para la población de la zona.
El tribunal, que tiene a su cargo la denuncia por genocidio presentada por Sudáfrica contra Israel, ordenó también que el gobierno israelí permita investigar al respecto. Dispuso que tome “medidas efectivas para asegurar el acceso sin impedimentos” a la Franja de Gaza de “cualquier comisión de investigación, misión de determinación de hechos u otro organismo investigador” que actúe bajo órdenes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “para investigar las denuncias de genocidio”.
Esta es la tercera vez que la corte de La Haya emite medidas cautelares a partir de la denuncia de Sudáfrica, y reiteró este viernes la necesidad de implementar también las resoluciones adoptadas en enero y marzo. Sudáfrica ha acusado a Israel de desoír esas órdenes y de empeorar la situación humanitaria en la Franja de Gaza.
El presidente de la CIJ dijo que ese tribunal reafirma las órdenes emitidas anteriormente, además de disponer la suspensión de la ofensiva en Rafah. Agregó que, en el plazo de un mes, Israel debe presentar un informe sobre las medidas que debe adoptar para cumplir con el nuevo dictamen, informó Europa Press.
Por otra parte, el tribunal internacional reclamó la inmediata e incondicional liberación de rehenes israelíes en manos de Hamas y otros grupos armados. Este viernes se informó que los cuerpos de tres de esas personas secuestradas en octubre fueron recuperados por Israel en la Franja de Gaza.
Sin aludir a este punto, Hamas dio la bienvenida al fallo de la CIJ y reclamó que se la extienda a todo el territorio de la Franja de Gaza, donde “la ocupación sionista continúa cometiendo los crímenes más atroces, masacres horrendas y una guerra basada en la hambruna, además del asedio contra civiles indefensos”.
A su vez, el presidente palestino, Mahmud Abbas, cuyo gobierno controla sólo partes del territorio de Cisjordania, también recibió con satisfacción el fallo, pero pidió que se tomen medidas internacionales para que se cumpla. “Llamamos a la comunidad internacional a obligar al Estado ocupante a implementar las decisiones de la Corte Internacional de Justicia y a presionarlo para que respete y aplique las decisiones sobre la base de la legitimidad internacional y el derecho internacional”, dijo.
El gobierno de Egipto hizo un reclamo similar. Pidió al Consejo de Seguridad de la ONU y a la comunidad internacional que adopten medidas para que sea efectivo el alto el fuego y se garantice el acceso de los habitantes de Gaza a la ayuda humanitaria.
Para Sudáfrica, esta resolución del tribunal fue más “firme” y “precisa” que otras anteriores, y “más allá de medidas provisionales, hace un claro llamamiento al alto el fuego”.
La reacción del gobierno de Israel
En respuesta al fallo de La Haya, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, convocó a su gabinete de seguridad, pero los primeros en pronunciarse al respecto fueron los ministros de Finanzas, Bezalel Smotrich, y Seguridad Pública, Itamar Ben Gvir, dos de los integrantes más extremistas del gabinete israelí.
Para Smotrich, el tribunal internacional es “antisemita” y su orden es “irrelevante”. Para Ben Gvir, la única respuesta que merece la corte de La Haya es “una ocupación militar de Rafah” hasta lograr una “completa derrota de Hamas y la victoria total en la guerra”.
También el ministro del gabinete de guerra, Benny Gantz, dirigente opositor que se sumó al Ejecutivo después de los ataques del 7 de octubre, dijo que Israel está comprometido a “continuar operando donde y cuando sea necesario –incluso en Rafah– en conformidad con el derecho internacional y salvaguardando en la mayor medida posible a la población civil”.
De acuerdo con la agencia Efe, poco después de conocer el fallo, el ejército intensificó sus ataques en Rafah. “Aviones de ocupación israelíes lanzaron un violento bombardeo contra varias zonas de la ciudad de Rafah. El bombardeo tuvo como objetivo las calles y las viviendas de ciudadanos en el centro del campamento de Shaboura en Rafah, provocando víctimas” entre sus habitantes, informó la agencia palestina Wafa. También fue atacado el hospital Abu Youssef Al Najjar, en la misma zona.
Poco después, un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí manifestó que las acusaciones de Sudáfrica son “falsas y repugnantes”, y que “Israel no ha llevado a cabo ni llevará a cabo ninguna actividad militar en la zona de Rafah que cree condiciones de vida que puedan conducir a la destrucción de la población civil palestina, total o parcialmente”.
Agregó que sólo está ejerciendo su “derecho a defender su territorio y a los ciudadanos” y que “continuará con sus esfuerzos para la entrada de ayuda y para evitar daños a la población civil”.
Hasta este viernes, cerca de un millón de personas habían huido de Rafah hacia las playas de Al Mawasi, donde la multitud que busca refugio no cuenta con agua potable ni energía eléctrica.
Hasta el jueves, la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza había dejado 35.800 muertos, sin contar aquellas personas cuyos cuerpos siguen sepultados bajo escombros y que las autoridades locales estiman en unas 10.000.