Tanto la organización palestina Hamas como el gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazaron la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, de presentar pedidos de detención contra sus líderes por crímenes de guerra. Unos y otros cuestionaron que Khan los equipare.
El fiscal anunció este lunes que pidió al tribunal que emita órdenes de arresto contra Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Gallant, el líder de Hamas en Gaza, Yahya Sinwar, el comandante del ala militar de Hamas, Mohammed Diab Ibrahim al Masri, y el líder de su ala política, Ismail Haniyeh.
El jurista británico argumentó que tiene “motivos razonables” para creer que Netanyahu y Gallant “tienen responsabilidad penal” en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad “cometidos en el territorio del Estado de Palestina, en la Franja de Gaza, al menos desde el 8 de octubre”.
Afirmó que los dos podrían ser responsables de “causar voluntariamente un gran sufrimiento o heridas graves”, “la muerte por hambre de civiles como método de guerra”, “tratamiento cruel”, asesinato intencionado o asesinato como crimen de guerra”, “ataques contra la población civil”, “exterminio”, “persecución” y “otros actos inhumanos”, según citó Europa Press.
“Los crímenes de lesa humanidad fueron cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil palestina, en línea con una política de Estado”, afirmó Khan.
Dijo que, como pruebas, su oficina tiene testimonios de supervivientes, videos cuya autenticidad fue verificada, imágenes tomadas por satélites y “declaraciones por parte del supuesto grupo perpetrador” que “demuestran que Israel ha privado de forma intencionada y sistemática a la población civil de todas las zonas de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia”.
Khan afirmó que “Israel, como todos los estados, tiene derecho a tomar medidas para defender a su población. Sin embargo, ese derecho no exime a Israel ni a ningún Estado de su obligación de cumplir el derecho internacional humanitario”.
Agregó que “independientemente de los objetivos militares que pueda tener, los medios que Israel eligió para lograrlos en Gaza, es decir, causar intencionalmente muerte, hambre, grandes sufrimientos y daños graves al cuerpo o la salud de la población civil, son criminales”.
En el caso de Hamas, pidió las órdenes de detención por “el asesinato de cientos de civiles israelíes”, así como “la toma de al menos 245 rehenes” en ataques contra Israel.
Para Netanyahu, el pedido es “escandaloso”. Lo mismo dijeron otros integrantes de su gobierno y también su aliado, Estados Unidos. “Esto no nos detendrá, ni a mí ni a nosotros”, declaró el primer ministro.
El ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz, dijo que mencionar a Netanyahu y Gallant “junto a los abominables monstruos nazis de Hamas” es “una desgracia histórica que será recordada para siempre”.
Lo mismo opinaron el ministro de Seguridad, Itamar Ben Gvir, que calificó al tribunal de “antisemita”, y el opositor Yair Lapid, que afirmó que “no hay comparación posible” entre Netanyahu y los integrantes de Hamas cuya detención fue solicitada.
Otro ministro ultraderechista, el de Finanzas, Bezalel Smotrich, dijo que “estas órdenes de arresto serán el último clavo en el ataúd en el desmantelamiento de este tribunal político y antisemita” y consideró que “los países verdaderamente iluminados no permitirán que siga existiendo y funcionando”.
En un comunicado, el presidente estadounidense, Joe Biden, también consideró “escandalosa” la solicitud de la Fiscalía de la CPI y manifestó que “no hay equivalencia ninguna entre Israel y Hamas”.
Por su parte, Hamas criticó lo que consideró “un intento de equiparar a la víctima con el ejecutor” y cuestionó que sólo se pidiera la detención de Netanyahu y Gallant.
A su entender, el pedido debería comprender a “todos los funcionarios de la cúpula de la ocupación que dieron las órdenes”, a quienes las ejecutaron, a quienes las alentaron y a quienes no las impidieron. Afirmó además que la decisión “llega siete meses tarde, en los cuales la ocupación israelí ha cometido miles de crímenes contra civiles palestinos, incluidos niños, mujeres, médicos y periodistas, destruyendo propiedad privada y pública, mezquitas, iglesias y hospitales”.
Ahora la CPI debe decidir si emite o no estas órdenes de arresto. “Si aceptan mis solicitudes y emiten las órdenes solicitadas, trabajaré para detener a las personas nombradas”, dijo Khan. En ese caso, son los países, firmantes o no del Estatuto de Roma, los que deben detener a las personas involucradas.
Actualmente, 124 países adhirieron al Estatuto de Roma, que creó ese tribunal. Entre ellos no se encuentra Israel.