El megaoperativo policial llevado a cabo el martes en dos grandes barrios populares de Río de Janeiro, en el que en total murieron baleadas 121 personas –117 civiles y cuatro policías–, sigue generando repercusiones en Brasil, donde la acción de las fuerzas de seguridad reabrió debates sobre varios temas.
En el plano judicial, este domingo el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ordenó la preservación de la totalidad de las pruebas relacionadas con el operativo, que tenía como objetivo golpear la estructura del Comando Vermelho, una de las organizaciones delictivas más grandes del país.
De acuerdo con lo que informó Folha de São Paulo, la medida adoptada por Moraes busca garantizar la revisión y el control de las actuaciones policiales por parte de la Defensoría del Pueblo. Moraes enfatizó que la orden se ajusta a lo establecido por el pleno del STF, según la cual deben preservarse las huellas de los delitos y garantizarse la independencia técnica de las investigaciones forenses de crímenes contra la vida. La decisión se tomó en respuesta a las solicitudes presentadas por la Defensoría del Pueblo.
El magistrado ordenó que todos los elementos de la prueba material, como los informes periciales y las cadenas de custodia relacionadas con el operativo policial –especialmente aquellos que resultaron en muertes–, se preserven y sean documentados de manera rigurosa, incluyendo registros fotográficos y croquis de los lugares donde se produjeron las muertes.
En el marco de la investigación que pretende llevar adelante, Moraes prohibió la eliminación de partes y objetos que pudieran ser relevantes para las investigaciones penales. Además, estableció que el material documentado sea accesible a la Defensoría del Pueblo del estado de Río de Janeiro y se almacene en sistemas electrónicos para garantizar su respaldo e integridad probatoria.
Por otro lado, según lo que informó la revista Carta Capital, el ministro confirmó la realización de una audiencia conjunta el miércoles en Brasilia, con representantes de decenas de entidades de defensa de los derechos humanos.
En otra decisión, firmada el viernes, el ministro Moraes convocó al alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, a una reunión para tratar el tema. El magistrado también conversará con el gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro.
Precisamente Castro, integrante del derechista Partido Liberal (PL), aprovechó el incidente para convocar a varios gobernadores ideológicamente afines para colocar el tema de la seguridad ciudadana como prioridad en la agenda política, para desde esa plataforma poder confrontar con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. En ese sentido, en la tarde del jueves, Castro recibió en el Palacio Guanabara, la sede del Ejecutivo estadual de Río de Janeiro, a gobernadores aliados para discutir acuerdos y estrategias en común para combatir el crimen organizado.
Durante el encuentro se anunció la creación de un “consorcio de la paz” entre los estados. En la reunión participaron de manera presencial Celina Leão, vicegobernadora del Distrito Federal; Eduardo Riedel, gobernador de Mato Grosso do Sul; Jorginho Mello, gobernador de Santa Catarina; Romeu Zema, gobernador de Minas Gerais, y Ronaldo Caiado, gobernador de Goiás; y de manera virtual lo hizo Tarcísio de Freitas, gobernador de San Pablo, y uno de los principales aspirantes a ser el candidato de la derecha que confronte a Lula en las elecciones presidenciales del año que viene.
Por otra parte, este domingo la Defensoría Pública de Río de Janeiro informó que los cuerpos de las 117 personas civiles asesinadas en el operativo fueron retirados del Instituto Médico Legal. Del total de muertos, 109 fueron identificados, pero el listado actualizado con los nombres todavía no fue publicado.
Según lo que informó el portal UOL con base en fuentes policiales, del total de muertos en la acción policial 43 tenían órdenes de arresto pendientes. Además, desde el gobierno de Río de Janeiro se informó que 78 de los muertos tenían antecedentes penales significativos. Pero, en contraste, ninguno de los fallecidos identificados figura en la acusación presentada por la Fiscalía de Río de Janeiro que sirvió de base judicial para realizar el operativo contra el Comando Vermelho.