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Dina Boluarte, el 29 de enero, en el Palacio de Gobierno de Lima, Perú.

Foto: Ernesto Benavides, AFP

En medio de una ola de violencia, la presidenta peruana, Dina Boluarte, planteó la posibilidad de instaurar la pena de muerte

2 minutos de lectura
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El gobierno decretó el estado de emergencia en Lima y Callao luego del asesinato de un conocido cantante, perpetrado por una banda de sicarios.

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Leído por Andrés Alba.
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La presidenta Dina Boluarte dijo este lunes que contempla seriamente imponer la “pena de muerte” contra los criminales, tras el asesinato de Paul Flores, vocalista de la banda tropical Armonía 10, que fue baleado en la madrugada del domingo cuando iba en el ómnibus con los integrantes de su conjunto en San Juan de Lurigancho, un distrito ubicado en el noreste de Lima.

Según declararon integrantes del grupo musical a la Policía, venían recibiendo amenazas de grupos criminales que les exigían el pago de 20.000 soles, algo menos de 5.500 dólares, para poder seguir presentándose en Lima. Incluso los músicos dijeron que en diciembre habían sufrido un ataque similar, aunque en esa ocasión nadie resultó herido.

En un discurso que dio en un colegio durante la inauguración del ciclo escolar, la mandataria calificó de “malditos” a los asesinos y alegó que ningún sicario podrá “manchar de sangre” a las familias peruanas.

“Lo digo a viva voz. A estos malditos asesinos, a estos malditos asesinos les digo que estoy pensando seriamente en la pena de muerte, porque ningún sicario podrá manchar de sangre a familias que quieren a sus hijos, emprendedoras y emprendedores que con justo esfuerzo se labran el futuro”, declaró Boluarte, de acuerdo a lo que consignó Radio Programas del Perú.

La jefa de Estado dijo que el gobierno no permitirá “una muerte más” y repitió que contempla la pena de muerte para estos casos. “A estos les digo [que] estoy pensando firmemente en la pena de muerte, porque no vamos a permitir un muerto más de un peruano, de una peruana que honestamente trabaja”, apuntó.

Por su parte, el ministro de Educación, Morgan Quero, dijo que la situación actual se asemeja al denominado “terrorismo urbano” y que la violencia desatada en “algunos puntos del país” tiene que ser combatida no solamente por el gobierno, sino también desde el Congreso y la ciudadanía.

Quero, al igual que Boluarte, respaldó al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ante el pedido de censura que impulsaron desde el Congreso, por lo que pidió a los legisladores darle la oportunidad de explicar las labores de su sector para combatir el crimen.

El asesinato de Flores, motivó que el gobierno de Boluarte decidiera decretar el estado de emergencia en Lima y también en la provincia vecina de Callao.

La medida fue anunciada por el primer ministro Gustavo Adrianzén en un mensaje en su cuenta de X. “Tras reunión sostenida en [el] Palacio de Gobierno, se ha dispuesto que en las próximas horas se decrete el estado de emergencia en toda la provincia de Lima y la provincia Constitucional del Callao, con el despliegue de tropas de nuestras Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional”, expresó el jerarca.

Los índices de criminalidad aumentaron en Perú en los últimos años, según el reporte de la Policía Nacional del país. Entre 2019 y 2023, los casos de homicidio pasaron de 1.315 a 2.474, así como los de extorsión: en 2019 se denunciaron más de 1.200 casos, pero para 2023 superaron las 7.400 denuncias.

Esta no es la primera vez que las autoridades peruanas utilizan al ejército para reforzar la seguridad en la capital del país. El año pasado la administración que encabeza Boluarte había declarado el estado de emergencia en Lima hasta diciembre, después del aumento de los casos de asesinatos y delitos de extorsión.

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