“Se le tiraron encima a un nene de 12 años”, dijo Mariela Gómez. Su hijo Lautaro salía de la escuela el miércoles cuando se encontró con la enorme cantidad de policías desplegados cerca del Congreso argentino. Uno de ellos lo acusó de tirar piedras y lo detuvo junto a un compañero de clase. La mujer, que denunció públicamente lo sucedido en diálogo con la radio Urbana Play, dijo que el niño estuvo esposado por tres horas.
Lautaro y su compañero fueron dos de los más de 100 detenidos el miércoles durante la represión a una marcha de jubilados que se repite cada semana y que esta vez fue masiva porque se unieron hinchas de clubes de fútbol y organizaciones sociales.
A los hospitales Argerich y Ramos Mejía llegaron 15 heridos, y la represión indiscriminada se pudo ver en filmaciones divulgadas en la prensa y las redes sociales. En uno de esos registros, una jubilada es golpeada por un policía y cae de espaldas al piso, inconsciente. En otros se ven hombres y mujeres agredidos o afectados por gases irritantes.
También fue filmado el momento en que una cápsula de gas pimienta impacta en la cabeza del reportero gráfico independiente Pablo Grillo, que se encuentra en estado grave. Sufrió una fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica.
La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) señaló que el arma que hirió a Grillo “estaba prohibida hasta la implementación del protocolo antipiquetes” impuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, porque si se lanza hacia los manifestantes, es un arma potencialmente letal. “Represiones como la de ayer son decididas de antemano. No son una respuesta a la movilización, sino una política de gobierno”, advirtió la asociación.
Marcela Perelman, directora de Investigaciones del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), anunció que presentarán en forma conjunta una denuncia “por las características del operativo llevado adelante”. Dijo que “las circunstancias que llevan a que Pablo Grillo esté en situación crítica es el anuncio de un protocolo antipiquetes que es antilibertad de expresión; que apunta contra los trabajadores y toda la sociedad porque garantiza el accionar represivo de las fuerzas federales”.
También Amnistía Internacional denunció que “cada semana” en Argentina “vemos personas de 70, 80 y 90 años a quienes la Policía reprime por reclamar por sus derechos”.
Durante la madrugada de este jueves, la jueza Karina Andrade liberó a 114 personas detenidas y argumentó que la Policía no brindó suficiente información de los motivos del arresto. “La información que me fue puesta en conocimiento fue absolutamente deficitaria. No se informaron, en la mayoría de los casos, el lugar donde se realizó la detención, aludiendo en forma genérica a 'los hechos del Congreso de la Nación'. Por lo demás, y a diferencia de lo que sucede con otros detenidos en 'flagrancia', no se aclararon las circunstancias de detención ni los motivos, al menos con algún tipo de detalle”, afirmó, según citó Infobae.
El jefe de gabinete, Guillermo Francos, criticó la decisión de Andrade: “Si detienen a 130 o 140 personas y a las pocas horas una jueza dice que estaban defendiendo derechos y los libera, es muy difícil combatir la violencia organizada”. A su vez, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dijo que se analizará la actuación de la jueza por un “posible incumplimiento de sus funciones”.
También Bullrich cuestionó las liberaciones. Para la ministra, esta “fue una marcha organizada por patotas, por barrabravas, por distintos sectores que buscan la desestabilización”. Dijo que “fue todo organizado para desestabilizar a este gobierno. Y van a intentar hacerlo todos los miércoles, y el Estado no lo va a permitir”.
Por el contrario, para el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, la represión “fue completamente feroz, ilegal y premeditada. Una descarga de violencia sobre jubilados y ciudadanos que protestaban contra el ajuste”. Agregó que “mientras un fotógrafo lucha por su vida, los voceros del gobierno mienten, justifican la violencia y difunden el odio. Hay que ponerle un límite urgente a este desenfreno autoritario”.
En redes sociales y medios argentinos, entre ellos el diario Perfil, se vieron imágenes que dejaron dudas sobre el operativo de seguridad, por ejemplo, las de un policía que deja caer un arma en la Plaza de los dos Congresos, la aleja de sí mismo con una patada suave y se va, aunque después otro vuelve y la recoge. También se registró que policías dejaron una moto abandonada y un patrullero con las puertas totalmente abiertas.
Los dos vehículos fueron prendidos fuego posteriormente, pero nada de esto fue explicado por las autoridades.