Sin una solución a la vista y con una catástrofe humanitaria cada vez más grave, se cumplen este martes dos años de guerra interna en Sudán. El conflicto surgió de una lucha de poder entre el ejército, liderado por el general Abdelfatah al Burhan, y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), lideradas por Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti.
Las FAR, que habían ayudado a Al Burhan a llegar al poder, reclamaban incorporarse al aparato armado estatal, y de ese modo ser también parte de una transición política. Pero el ejército no lo aceptó, y esa negativa fue el inicio del enfrentamiento entre dos bandos armados y de una enorme violencia contra la población civil.
Una investigación publicada la semana pasada por Amnistía Internacional constató que tanto el ejército como las FAR “han cometido crímenes atroces, como violencia sexual contra mujeres y niñas, han torturado y dejado morir de hambre a civiles, han acorralado y asesinado a personas, y han bombardeado mercados, campos de desplazados y hospitales”, señaló este martes la directora de investigación de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas. “Estas atrocidades constituyen crímenes de guerra”, señaló.
Sólo en los últimos tres días, a causa de los ataques de las FAR, más de 400 civiles murieron y 400.000 huyeron del campamento de desplazados de Zamzam, uno de los más grandes del país, situado en el oeste de la región de Darfur. En esa zona, donde las FAR cuentan con más territorio bajo su control, es donde actualmente se concentra la violencia.
Según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en los últimos días los paramilitares avanzaron con ataques terrestres, de artillería y drones contra el campamento de Zamzam, cuya toma anunciaron el domingo, y el de Abu Shouk, que se encuentra muy cerca. El objetivo de este avance es llegar a la ciudad de Al Fasher, el último territorio de la región en manos del gobierno militar. Semanas antes, en marzo, el ejército reforzó su poder al tomar el control de la capital sudanesa, Jartum, que las FAR habían controlado por casi dos años.
Cada bando sigue apostando a una victoria militar. Esto quedó en evidencia en los intentos de mediación internacional para negociar una salida política, en los cuales las partes se mostraron muy lejos de ceder para llegar a un acuerdo.
La Organización Mundial de la Salud advirtió que más de 30 millones de personas necesitan ayuda humanitaria, en un país cuya población es de 50 millones. Se estima que 12,5 millones de personas debieron dejar sus hogares y desplazarse dentro de Sudán o a países vecinos. Según la Organización Internacional para las Migraciones, 15% de los desplazados de todo el mundo se debe a este conflicto. El número de muertos se calcula en decenas de miles, y algunas estimaciones llegan hasta 150.000.
“Ambos bandos han asediado ciudades, destruido infraestructuras vitales y bloqueado la ayuda humanitaria”, denunció la organización Médicos sin Fronteras, presente en Sudán. En un comunicado, agregó que los milicianos saquean clínicas y agreden a trabajadores de la salud.
Los médicos de esa organización reciben heridos de guerra, con diversos traumatismos, pero también “muchos casos de desnutrición, sobre todo en niños menores de cinco años y en embarazadas”, así como personas afectadas por brotes de “sarampión, cólera y difteria” que se enmarcan en el deterioro de las condiciones de vida y el “desmoronamiento del sistema público de salud”.
El gobierno sudanés, en manos de los militares, manifestó este martes que se acerca a recuperar el control de todo el estado de Jartum. “El 98% del estado de Jartum está ahora completamente libre de la milicia de las FAR. Quedan algunos focos en el sur de Omdurmán, donde todavía está presente, y será expulsada en los próximos días”, dijo el gobernador de ese estado, Ahmed Osman Hamza, según citó la agencia Efe.
El funcionario señaló también que todavía se está trabajando en “estabilizar” los servicios de agua y electricidad en la capital, cuya infraestructura sigue bajo ataques lanzados por los paramilitares mediante drones.
“Es alarmante que el Consejo de Seguridad de la ONU no haya implementado un embargo de armas integral a Sudán”, afirmó Guevara Rosas, de Amnistía Internacional. A su vez, la directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell, cuestionó que “Sudán es la mayor crisis humanitaria del mundo en la actualidad, pero no está recibiendo la atención del mundo”.
Clementine Nkweta-Salami, coordinadora residente y de Asuntos Humanitarios de la ONU en Sudán, dijo que “en estos dos años las vidas de millones de personas han quedado destrozadas. Las familias han quedado destrozadas. Se han perdido medios de subsistencia y, para muchos, el futuro sigue siendo incierto”.