La Justicia europea estrecha el cerco sobre la Hungría del ultraderechista Viktor Orbán por sus leyes homófobas. La abogada general de la Unión Europea considera que el país viola los derechos fundamentales con la ley aprobada en 2021 que, entre otras cosas, prohíbe hablar de homosexualidad en las escuelas. Aquella normativa tuvo una enorme repercusión internacional y los líderes europeos invitaron a Orbán a salir del club comunitario, que tiene abiertos expedientes de infracción por la persecución de las personas LGTBI en ese país e incluso un procedimiento bajo el artículo 7, que puede acarrear la suspensión del derecho a voto, por los ataques al estado de derecho en Hungría. Sin embargo, cuatro años después, apenas se han dado pasos y Orbán ha ido incluso un paso más allá al vetar marchas como la del Orgullo LGTBI.
El pronunciamiento de la abogada general de la Unión Europea llega, de hecho, a las puertas de la marcha reivindicativa, que contará con la presencia de dirigentes europeos para respaldar al colectivo LGTBI ante la persecución que sufre en ese país. Pero la ley a la que se refiere es de 2021 y Orbán la impulsó bajo el pretexto de la “protección a la infancia”. Lo que subyace detrás de la norma es, entre otras cuestiones, la prohibición de hablar de homosexualidad en las escuelas, por ejemplo, con temática en los libros de texto. Básicamente prohíbe o restringe el acceso a contenidos que propaguen o retraten la llamada “divergencia de la propia identidad correspondiente al sexo al nacer, cambio de sexo u homosexualidad” para personas menores de 18 años.
Bruselas actuó con bastante celeridad al abrir un expediente de infracción a Hungría que ha acabado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En el marco de ese procedimiento, la abogada general considera que la ley de Orbán viola varios derechos fundamentales, como la prohibición de la discriminación por razón de sexo y de orientación sexual, el respeto de la vida privada y familiar, la libertad de expresión y de información y el derecho a la dignidad humana.
La letrada considera, además, que la normativa vulnera el artículo 2 del Tratado de Funcionamiento de la UE y que Hungría se aparta de la “democracia constitucional” con esa ley homófoba. “La falta de respeto y la marginación de un grupo en una sociedad son las 'líneas rojas' impuestas por los valores de igualdad, dignidad humana y respeto de los derechos humanos”, señala en su análisis, que no es vinculante para los jueces de Luxemburgo aunque suelen seguir el criterio del abogado de la Unión Europea en la inmensa mayoría de los casos.
“Al poner en entredicho la igualdad de las personas LGTBI, Hungría no demuestra que haya un desacuerdo o divergencia en cuanto al contenido de los valores de la Unión. En vez de eso, dicho Estado miembro ha negado varios de estos valores fundamentales, apartándose con eso considerablemente del modelo de democracia constitucional reflejado en el artículo 2”, argumenta.
La opinión de la abogada general servirá de base para la sentencia del TJUE que se espera para dentro de unos meses después de haber escuchado a las partes, entre ellas Hungría, que adujo razones de protección a los menores en su normativa, y la Comisión Europea, que considera que vulnera los derechos fundamentales.
La abogada también considera que al prohibir determinados contenidos se vulnera la libertad de prestar y recibir servicios, que está consagrada en el derecho primario de la Unión y también en directivas como las de comercio electrónico, servicios, servicios de comunicación audiovisual o el reglamento de protección de datos.
El TJUE tendrá que decidir si Hungría, efectivamente, vulnera la legislación europea con esa normativa y, en caso de que así sea, puede imponer sanciones en forma de multas, como sucedió con el boicot de Orbán a la política de asilo de la Unión Europea, por ejemplo.
El pronunciamiento de la letrada se produce en un momento en el que 20 países, entre ellos España, han reclamado a la Comisión Europea que actúe contra la ley con la que Orbán quiere prohibir la marcha del Orgullo LGTBI del 28 de junio al considerar que supone un golpe contra derechos fundamentales, como la libertad de expresión o de reunión.
Este artículo fue publicado originalmente en eldiario.es.