En Perú existen proyectos de bonos de carbono desde hace casi dos décadas. Este mecanismo, con una estructura compleja y una reglamentación opaca, fue diseñado para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, responsables de la crisis climática. En términos sencillos, las empresas adquieren certificados –como un vale– con los que, luego, compensan los impactos ambientales de sus actividades. Sin embargo, detrás de ese proceso técnico y de las compañías involucradas, hay alertas sobre pérdida de bosques dentro de las iniciativas.
En Perú, por ejemplo, esto ocurrió con tres proyectos del grupo Wong en Madre de Dios, como reportó Ojo Público días atrás. Paula Rodríguez Vargas, especialista del World Wildlife Fund (WWF) Colombia y una de las autoras de la guía Acuerdos REDD+ justos y equitativos para la Amazonia y el Pacífico, considera que el sector todavía tiene vacíos importantes.
Para quienes no están familiarizados con el sector, ¿qué son los bonos de carbono y cómo funcionan en los bosques?
Un bono, también llamado certificado de carbono, es un documento que, como su nombre lo indica, certifica que se está evitando la deforestación en una hectárea. Entonces, cada certificado o bono equivale a una hectárea. Lo que se vende en el mercado es ese certificado. Básicamente, es un certificado que te dice: “En este lugar yo certifico que se está evitando la deforestación”. Si tienes un proyecto de 50 hectáreas, vas a tener 50 certificados.
¿Qué significa el término “línea base” en un proyecto de bonos de carbono y por qué es importante?
En este tipo de proyectos, se verifica, cada tres o cuatro años, que la deforestación se haya evitado, que ese bosque lo dejaste intacto y que está viviendo un proceso de restauración. Entonces, necesitas saber cómo estaba el bosque al inicio del proyecto. Y esa es la línea base: ver cómo fue la deforestación en ese lugar en los últimos diez años.
También se toma [la medición de] una zona aledaña al polígono del proyecto para ver cuál es el estado en el instante en que empieza [la iniciativa].
¿Qué tan confiables son las herramientas que se usan para hacer las proyecciones de deforestación?
Ahí entran los organismos de validación y verificación. Ellos, cada cuatro años, deben validar y verificar que, efectivamente, esta deforestación no se esté dando donde se están emitiendo certificados de carbono.
En algunos casos, lo que pasa es que dicen que hacen todos esos monitoreos, pero nunca van a la comunidad y, en los reportes, presentan fotos de otras comunidades. Hay unos organismos de validación y verificación serios y responsables, y otros que no lo son tanto.
¿Es difícil comprobar que un proyecto realmente está evitando deforestación y no exagera los cálculos que presenta ante las certificadoras?
Las organizaciones escogen un estándar por el cual se guían. Entonces, allí también hay un vacío reglamentario, al menos, en Colombia. Cualquiera puede formar una empresa de este tipo [certificadora] y decir que, ahora, se va a dedicar a hacer validación y verificación.
Pero ¿quién está viendo que, realmente, cumplan estándares y no tengan conflictos de intereses? Como es algo nuevo, no está regulado por el gobierno nacional. No existe la trazabilidad del proceso.
¿Quién define las reglas de juego en los proyectos de bonos de carbono? ¿Quién verifica que los cálculos de las empresas sean correctos?
Hay estándares internacionales que les piden a las certificadoras seguir un procedimiento específico. También hay estándares nacionales. No es que quien hace el proyecto entregue la información al organismo de validación y verificación [y se acabó].
También es común ver proyectos de bonos de carbono con plazos de 30, 40 o, incluso, 50 años. ¿Hay un estándar para definir el período de duración de estas iniciativas?
Es una negociación entre un desarrollador del proyecto y la comunidad en la que se ejecuta. Lo que se recomienda es firmarlo por no más de 20 años.
En muchos acuerdos no existen cláusulas legales para su terminación y, [luego, vemos] a representantes de comunidades indígenas en instancias legales tratando de deshacer proyectos porque, cuando los firmaron, no tenían total entendimiento de qué era a lo que se estaban comprometiendo.
Mencionó a las comunidades indígenas, ¿qué papel tienen en estos proyectos? ¿Reciben beneficios o también participan en la toma de decisiones?
En un buen proyecto, las comunidades deben ser parte y participar en la toma de decisiones de todo lo que ocurre durante él. Una de las recomendaciones que hacemos es que la titularidad de los certificados o de los bonos sea de las comunidades.
La titularidad no debería ser de un tercero que puede comercializar el bono y, al final, tener una ganancia mucho más alta que la de la comunidad sobre un proyecto en el bosque que ellos [los integrantes de la comunidad indígena] están cuidando. Las comunidades deben ser parte de la toma de decisiones de los proyectos.
¿Qué señales o banderas rojas debería mirar una persona común para saber si un proyecto de bonos de carbono es realmente serio?
Hay buscadores en los que uno puede revisar esta información. Pero, por lo general, un proyecto a plazo muy largo llama un poco la atención. Estos proyectos deben hacerse en un período de 15 a 20 años. Otra señal es que se firmen contratos con comunidades indígenas en alemán o en inglés y no se entienda bien qué es lo que se está firmando. También hay que ver cuál es el organismo de validación y cuál fue el estándar por el que se guiaron y que estas certificadoras no hayan estado en escándalos previos.
Una versión más extensa de esta entrevista fue publicada por Ojo Público.