El fiscal general de Bolivia, José Armando Urioste, informó este lunes sobre el inicio de la fase de acumulación de antecedentes y acusación formal contra el expresidente Evo Morales Ayma y su vice Álvaro Marcelo García Linera, alegando su implicación en el asesinato y la tortura de tres ciudadanos europeos en 2009.
Según recordó el diario paceño La Razón, el caso se remonta al 16 de abril de ese año, cuando efectivos policiales irrumpieron en el hotel Las Américas, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y mataron a Eduardo Rózsa Flores, de nacionalidad boliviano-húngara, al rumano Arpad Magyarosi y al irlandés Michael Dwyer. En el operativo también fueron detenidos el ciudadano boliviano-croata Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó, quienes sobrevivieron y denunciaron haber sido torturados.
El gobierno de Morales, que estaba en el poder en ese momento, sostuvo que Rózsa Flores lideraba esfuerzos para promover un movimiento separatista, financiado por la élite económica derechista de Santa Cruz.
El lunes, el fiscal Urioste anunció la investigación preliminar contra Morales apenas una semana después de asumir el cargo, luego de la polémica destitución del exfiscal Roger Mariaca.
En una carta dirigida al Tribunal Supremo de Justicia, Urioste señaló que las autoridades estaban recopilando pruebas contra Morales y García Linera “por la presunta comisión de los delitos de asesinato, abusos, tortura y detención ilegal”.
Según informó AFP, la investigación se produce tras una denuncia presentada por los legisladores derechistas Tomasa Yarhui y Rodrigo Antonio, ambos integrantes del partido Libre, que lidera el expresidente Jorge Tuto Quiroga, quienes acusaron a Morales y García Linera por la presunta comisión de los delitos de asesinato, vejaciones y torturas, además de privación de libertad.
Medios bolivianos recordaron que en el momento en el que se produjo la incursión policial en la que fueron asesinados los ciudadanos europeos, Morales declaró a la prensa, durante una visita oficial a Venezuela, que él había ordenado la detención de los extranjeros, a quienes calificó de “mercenarios”.
Los familiares y los sobrevivientes del hecho llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que concluyó en 2021 que el gobierno había violado los derechos humanos. Ninguno de los acusados se ha pronunciado sobre la investigación más reciente.
Morales, quien fue presidente boliviano entre enero de 2006 y noviembre de 2019, se encuentra actualmente fuera del alcance de las fuerzas policiales refugiado en su feudo del Trópico de Cochabamba, debido a dos órdenes de arresto vigentes que pesan en su contra. Una de ellas se refiere a su presunta participación en las protestas masivas que paralizaron el país durante 53 días a principios de este año. La otra lo acusa de trata de una menor con quien, según se dice, tuvo una hija.
Ambas acusaciones son rechazadas por Morales, que aduce que en ambos casos se trata de una persecución política.
