El Pacto Trilateral de Seguridad firmado hace algunas semanas entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia (territorio danés pero con un acuerdo de autonomía relativa) representa uno de los episodios de capitulación soberana más flagrantes del siglo XXI por parte de un país europeo. Lo más alarmante de este acuerdo de diez páginas no es la simple autorización para expandir la presencia militar estadounidense en el Ártico, sino la cesión explícita del derecho de veto sobre las decisiones económicas nacionales. Al otorgar a Washington la facultad de revisar y bloquear inversiones extranjeras en sectores estratégicos como la minería de tierras raras, las telecomunicaciones y la infraestructura portuaria, los gobiernos de Copenhague y Nuuk no solo han firmado un tratado de defensa; han entregado las llaves de su autodeterminación económica a una potencia extranjera.
Esta sumisión recuerda una categoría histórica que parecía exclusiva de otras latitudes y épocas: la “república bananera”. Aunque el término nació para describir a algunos estados centroamericanos de finales del siglo XIX y principios del XX, cuya política y economía estaban completamente supeditadas a los intereses de corporaciones fruteras estadounidenses y al garrote militar de Washington, las dinámicas de poder subyacentes en el nuevo acuerdo ártico guardan un paralelismo innegable. Solo debe sustituirse el banano por el neodimio, el praseodimio y las rutas marítimas polares; por lo demás, la pérdida de soberanía sigue el mismo patrón de subordinación colonial de las repúblicas bananeras.
Una de las características definitorias de una república bananera (categoría en la que se encuentra hoy Venezuela) es la existencia de un gobierno local que retiene las formalidades de la soberanía mientras que las decisiones verdaderamente cruciales están condicionadas a la opinión de una capital extranjera. El Pacto Trilateral cumple milimétricamente con esta descripción. Bajo la justificación de la seguridad colectiva ante supuestas amenazas de actores ajenos a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, el acuerdo despoja a Groenlandia de su capacidad para elegir a sus socios comerciales.
Pekín y Moscú quedan excluidos por decreto estadounidense como socios comerciales de la isla, y se la fuerza a depender exclusivamente de los flujos financieros y los dictámenes regulatorios aprobados en Washington. La autonomía groenlandesa se convierte así en una fachada jurídica; un protectorado de facto donde el autogobierno termina donde empiezan los intereses geopolíticos de la Casa Blanca. De hecho, ahora Estados Unidos tiene más poder sobre Groenlandia que el que tenía la misma Dinamarca hasta setiembre.
El papel de Dinamarca, tradicionalmente considerada un modelo de socialdemocracia avanzada y de respeto al derecho internacional, es sorprendente. El gobierno danés ha dado la razón, en la práctica, a los delirantes argumentos de Donald Trump, reaccionando de una manera que inevitablemente evoca a las élites locales de los antiguos enclaves bananeros.
Ante las amenazas de Trump de asumir el control de Groenlandia por la fuerza, Copenhague optó por una capitulación institucionalizada. En lugar de defender con firmeza la integridad territorial y el derecho internacional dentro de los canales multilaterales europeos, prefirió sentarse a firmar y legitimar las ambiciones imperiales de su “aliado” norteamericano, sacrificando en el proceso la soberanía real del pueblo groenlandés.
Groenlandia posee algunos de los yacimientos de minerales críticos y tierras raras más grandes del mundo, indispensables para la transición tecnológica y la industria militar global. En una situación de soberanía plena, Nuuk tendría el poder de negociar contratos, maximizando sus ingresos y fomentando su propio desarrollo industrial mediante la competencia entre consorcios occidentales y asiáticos. Sin embargo, el derecho de veto estadounidense cercena esta posibilidad, obligando a Groenlandia a aceptar condiciones de explotación monopólicas o cuasimonopólicas dictadas por corporaciones aprobadas por el Pentágono. El territorio queda reducido a un papel clásico del esquema colonial: un mero proveedor de materias primas baratas sin capacidad para desarrollar una cadena de valor propia, bloqueado de los mercados de capitales más dinámicos de Asia.
Además, la militarización permanente del territorio, con la construcción de dos nuevas bases militares y la instalación del sistema de defensa antimisiles Cúpula de Oro, transforma la geografía groenlandesa en un blanco militar prioritario en caso de un conflicto global. Al igual que las repúblicas bananeras eran utilizadas como bases de operaciones para las intervenciones regionales de Estados Unidos durante la Guerra Fría, Groenlandia asume ahora todo el riesgo estratégico de la confrontación en el Ártico sin poseer el control real sobre el gatillo ni sobre los sistemas de alerta temprana. Las decisiones de paz o guerra que afectarán directamente la supervivencia de la población local ya no se debatirán en el Inatsisartut (Parlamento de Groenlandia), sino en algún búnker del Pentágono.
El Pacto Trilateral de Seguridad marca un peligroso precedente de neocolonialismo en pleno siglo XXI. Al subordinar tanto la política de defensa como el desarrollo económico a los dictámenes de Washington, Dinamarca y Groenlandia han aceptado una degradación institucional que encaja con precisión en las dinámicas de una república bananera moderna. La retórica de la cooperación y la seguridad atlántica no logra ocultar el verdadero significado del acuerdo: la transformación de un vasto y estratégico territorio ártico en un enclave geopolítico y económico norteamericano.
Se trata del sometimiento de un país altamente desarrollado y protegido por una fuerte institucionalidad multilateral como Dinamarca y flanqueado por un ensordecedor silencio del resto de Europa.
¿Qué señales otorga esa conquista a las aspiraciones imperiales de otras potencias y qué nos dice sobre las posibilidades reales de soberanía de países pobres como los de América Latina? ¿Fue entonces un error de Volodímir Zelenski rechazar los sueños imperiales de Vladimir Putin? ¿Debió haberse sentado con Rusia para, al igual que Dinamarca, con una firma, entregarle la soberanía de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia, Jersón y quién sabe cuántos otros territorios? ¿Es el disfrazado apoyo de Trump a Putin resultado de un nuevo orden mundial, en el que las potencias se ponen de acuerdo para saciar su codicia mancillando la soberanía de otros países? ¿Responden los acuerdos entre Delcy Rodríguez y Trump sobre el petróleo a ese renacer de un mundo inundado de repúblicas bananeras, sea en los trópicos, en el Ártico o en Europa?
Para los que siempre queremos tener esperanza, nuestro sueño es que Europa, la que aún idealizamos como ilustrada, despierte y se dé su sitio. Y en cuanto a Estados Unidos, que cambie y que si desea seguir, chovinistamente, autoacreditándose como excepcional, lo haga obteniendo ventajas, no utilizando la fuerza y las amenazas, sino por medio de altos niveles de competitividad económica y respetando los valores que tanto, condescendientemente, ha predicado: la democracia, la soberanía y el imperio de la ley.
Ottón Solís es político, economista y profesor de la IE University (España). Fue diputado y ministro de Planificación y Política Económica de Costa Rica. Este artículo fue publicado originalmente en Latinoamérica 21.