Centenares de miles de personas se movilizaron y confluyeron en la tarde del martes en la Plaza de Mayo y sus alrededores, en el contexto de la Cuarta Marcha Federal Universitaria. El reclamo principal al gobierno del presidente Javier Milei fue el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación efectiva está siendo trancada por el Ejecutivo, lo que genera una compleja situación en las universidades públicas en todo el territorio argentino.
El mandatario ultraderechista había vetado la ley, pero en octubre del año pasado el Congreso logró mayorías especiales en ambas cámaras para revertir esa medida. Pese a ello, el gobierno no está aplicando la ley.
Desde que comenzó la gestión mileísta, la educación pública se convirtió en uno de los blancos predilectos de los recortes del gobierno y esto impactó de manera muy fuerte en la vida universitaria.
Muestra de ello es que los trabajadores docentes de las universidades públicas perdieron, en promedio, el 32% de sus ingresos desde el inicio del gobierno del líder ultraderechista. Aún peor es la situación de los investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, cuyos salarios cayeron en el entorno del 40%.
Tres años de política premeditada de desfinanciamiento de las universidades públicas llevaron a las instituciones a estar al límite en su capacidad de funcionar. Esto llevó a que miles de personas protestaran en Buenos Aires y hubiera también importantes movilizaciones en Rosario, Córdoba, La Plata y muchas otras ciudades argentinas.
Foto: Luis Robayo, AFP
En el contexto de los escándalos de corrupción que están acechando al gobierno, con el protagonizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a la cabeza, la masiva movilización de este martes tomó otro sentido y se convirtió en una manifestación cargada de bronca contra un Ejecutivo que está siendo deliberadamente cruel con vastos sectores de la sociedad argentina.
En un documento firmado por el Consejo Interuniversitario Nacional y refrendado por organizaciones gremiales docentes, las entidades calificaron al financiamiento del sistema universitario nacional como “crítico” y aseguraron que la principal causa es que el gobierno nacional “incumple la regla democrática y constitucional básica: cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, que establece un piso de recursos que asegure el normal desenvolvimiento del sistema”.
De acuerdo con lo que consignó Ámbito Financiero, las universidades aseguraron que mientras la inflación acumuló un 293,30% entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, los salarios acumulan un incremento de 147,30%, lo que se traduce en una pérdida de poder adquisitivo del orden de 37,13%. “Las y los trabajadores de las universidades públicas cobran salarios que no nos permiten llegar a fin de mes y cubrir las necesidades básicas”, advirtieron.
“Esta situación ubica en la actualidad a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años y desde el retorno de la democracia, contando con los peores salarios del Estado nacional y los más bajos de América Latina”, detallaron los firmantes del comunicado, según recogió el diario La Nación.